Giuliano Gallo: otro caso de criminalización de la pobreza y la juventud

5 junio 2010


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¿Quién garantiza lGiulianoos derechos humanos de la juventud y del pueblo argentino? Lejos de los declamativos programas oficiales, la impunidad se hizo presente en Bahía Blanca el día 18 de mayo del 2010. Giuliano Gallo, un joven de 14 años del barrio Mi Casita, fue asesinado a balazos por la policía bonaerense el día 1o de febrero del 2008, y el implicado principal, el Teniente Rodolfo Guidobono, ha quedado “libre y absuelto de toda relación con el hecho”.

Las maniobras del abogado Miguel Ángel Asad, defensor de Guidobono, y la complicidad de los jueces Enrique José Montironi y Hugo Adrián De Rosa, se complementaron para dejar impune otro caso de gatillo fácil.

En aquella jornada fatídica del 2008, un grupo de jóvenes del Barrio Mi Casita, un lugar periférico de la ciudad, fueron baleados por más de cinco policías, luego de que un vecino se comunicara “con el teléfono de emergencias 911 alertando sobre ruidos molestos en la casa 25” (La Nueva Provincia, 1o febrero de 2008). Guidobono, el jefe a cargo del operativo, fue detenido y a los pocos meses se le declaró prisión domiciliaria hasta tanto se encontraran pruebas contundentes en su contra.

Desde ese momento se desarrollaron diversas maniobras que intentaron tergiversar el crimen: por un lado, se pretende culpabilizar a la víctima desresponsabilizando a la policía, y por otro, legitimar el asesinato presentando el caso como “un tiroteo” argumentando que los vecinos se encontraban asustados por la delincuencia juvenil y la falta de seguridad.

¿Es Giuliano Gallo una víctima aislada? ¿Por qué se continúan utilizando políticas represivas contra los sectores populares?
Las políticas represivas pueden encuadrarse en algunos puntos esenciales para el control social: en primer lugar, las medidas preventivas, destinadas a aplicar una vigilancia especial sobre la población en general, instalada en cada sector de la ciudad, pueblo o barrio, y que aparece con más visibilidad en los eventos de masas; otras son las medidas selectivas, destinadas a los militantes sociales, a las movilizaciones, manifestaciones y organizaciones populares.

La demanda de seguridad y orden, fogoneada por las clases dominantes, termina favoreciendo el aumento de la presencia policial y de todo un aparato judicial que justifica su accionar para efectuar golpizas, maltratos y asesinatos sin ningún tipo de apercibimiento legal.
La corrupción policial termina siendo una práctica institucional ampliamente difundida y legitimada a nivel político, que tiene lugar y se desarrolla en el marco de una estructura corruptiva articulada en función de la reproducción de un sistema hegemónico. La malversación de fondos, la utilización de “pibes de barrio” para la venta de drogas, trata de personas, sicarios, mafias, cuatrerismo, entre otras acciones, cobran protagonismo central en la policía.

La política dentro del organismo policial tiene una relevancia fundamental que incide plenamente sobre los ascensos, pases, destinos y ocupación de los cargos o funciones policiales. Este manejo informal de la policía, en algunos casos, posibilita la protección y el encubrimiento de jefes y cuadros policiales que articulan y amparan ciertas redes delictivas mediante las cuales se generan cuantiosos fondos ilegales.

La reforma institucional de la policía no es suficiente en un organismo que ampara cuadros delictivos con un prontuario de afección a la tortura y al maltrato (véase Página/12, lunes 3 de mayo de 2010, por ejemplo). El aparato policial es funcional a este tipo de Estado, a la política de gobierno y a los intereses de las clases dominantes, por lo tanto, es insuficiente y engañoso argumentar la falta de presupuesto o ausencia de sindicalización de la institución.

El gobierno de los Kirchner propició durante su ascenso una serie de instituciones como la ALFADYVI (Asociación de Personas por la Libertad, Familiares de Detenidos y de Víctimas de la Violencia Institucional) motorizada desde el oficialista Movimiento Octubre para “luchar contra los bolsones enquistados del autoritarismo videlista”, que sin embargo dejó de tener relevancia luego de la baja de inimputabilidad desarrollada como política de Scioli (véase, el sitio oficial del Frente Transversal). La propaganda de DD.HH. y los juicios a probados torturados y genocidas durante la última dictadura fomentó la imagen de un gobierno preocupado por los derechos humanos que, sin embargo, niega la posibilidad de asumir responsabilidad frente a los casos de gatillo fácil, maltrato policial y represión de las luchas sociales.

El gatillo fácil resultó ser una de las acciones más desarrolladas por la policía en todo el territorio nacional y en sus distintas jurisdicciones. Esta “pena de muerte extralegal”, verificada como ejecuciones sumarísimas, sin ningún tipo de proceso, aplicada como mecanismo recurrente de violencia física y muerte, registra más de 1.332 casos desde el ascenso de Néstor Kirchner hasta la actualidad, siendo en su gobierno, y en la continuidad con el de Cristina Fernández, en los que más hechos de muerte se registran desde 1983 (2.557 en total). La Provincia de Buenos Aires nuclea el 50% de los casos (véase CORREPI, Boletín Informativo Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, 2010).

Resulta interesante observar cómo estos hechos son encubiertos como enfrentamientos entre una “banda de delincuentes y la policía”, donde esta última recurre a la ejecución como medida extrema. Estos casos también se dan en las cárceles (casi sin difusión pública), y en las calles en “un acto de tiro fallido”.

Cometido el delito, se garantiza la impunidad del policía por parte de los otros efectivos, “plantando” o falseando pruebas con el fin de encubrir el protagonismo y llegando a medidas tales como fraguar testigos del hecho. Generalmente, los casos de gatillo fácil no terminan en condena a los implicados y son amparados por la complicidad de peritos y jueces, manipulación de pruebas, ausencia de investigación o demora de las causas (para más datos, véase CORREPI, CeProDH).

Por todo lo expuesto, repudiamos este nuevo hecho de impunidad, así como la sistemática represión en contra de las grandes mayorías populares.

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