La Persistencia de la Gran Propiedad Territorial en la Provincia de Buenos Aires durante la Etapa Agroexportadora: Aportes para el Debate

The Dominance of Large Land Ownership in Buenos Aires Province during the Agro-export Period: Contributions to the Debate.

Pablo Volkind1 y Rosario Renato2

Fecha de recepción: 18/09/2023

Fecha de aceptación: 24/11/2023

Resumen

En este artículo aportamos elementos que permiten avanzar en el conocimiento sobre la consolidación de la propiedad latifundista en la provincia de Buenos Aires durante la etapa agroexportadora (1880-1930). En contraposición a las interpretaciones que enfatizan el “progreso” y la “modernización” que se desplegó en aquel período histórico, en el trabajo demostramos que el principal medio de producción que detentaba la Argentina a inicios del siglo XX estaba concentrado en muy pocas manos. La incidencia de estos grandes terratenientes, que se transformaron en un sector clave del nuevo bloque de clases dominantes, se evidenció en las particularidades que le imprimieron al desarrollo productivo y en las dificultades que tuvo el porcentaje mayoritario de los agricultores para acceder a la compra de una parcela de tierra.

Palabras clave: latifundios, terratenientes, Buenos Aires, etapa agroexportadora.

Abstract

In this article, we provide elements that contribute to a better knowledge of the consolidation of latifundia in the province of Buenos Aires during the agro-export period (1880-1930). In contrast to interpretations that emphasize “progress” and “modernization” that unfolded during that historical period, our work presents evidence to illustrate that, at the dawn of the 20th century, the principal means of production in Argentina were concentrated in the hands of very few. The impact of these large landowners, who became a key sector of the new ruling class bloc, was evident in the specific characteristics printed by them on productive development and in the difficulties faced by the majority of farmers in accessing the purchase of a plot of land.

Key words: latifundia, landowners, Buenos Aires, agro-export period

Introducción

“Mientras millones estamos en medio de una grave situación económica y social, el 1 por ciento de los terratenientes son dueños del 40 por ciento de la tierra, 4000 grandes pooles de siembra producen más del 75 por ciento de los granos y cinco empresas monopólicas extranjeras exportadoras de grano comercializan cerca del 80 por ciento de lo producido” (Federación Nacional Campesina, 2022)

Este fragmento del documento publicado por la Federación Nacional Campesina de la Argentina, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de septiembre de 2022, puso nuevamente de relieve una problemática que recorre al conjunto de los países latinoamericanos. La falta de acceso a la tierra, la carencia de leyes que efectivamente ayuden a los pequeños productores, la sistemática despoblación de las áreas rurales y el aumento del precio de los alimentos son algunas de las consecuencias de las políticas desplegadas a lo largo de décadas que, al mismo tiempo, afianzaron y recrearon el predominio de la gran propiedad.

Este patrón de apropiación territorial no resulta una novedad para Argentina. Se inició en el período de la conquista y la colonización española y se consolidó entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Sin embargo, en línea con las necesidades e intereses de un sector de las clases dominantes que propone retornar a estructuras primario-exportadoras, las corrientes que lograron hegemonizar el campo historiográfico cuestionaron la existencia del latifundio como un factor limitante de un desarrollo más integrado, diversificado y autónomo.

Con el final de la última dictadura militar y el retorno de la democracia a inicios de la década de 1980, en el nuevo clima de ideas estimulado por los cambios en las relaciones de fuerza internacionales y la llamada “globalización”, perdieron terreno los enfoques orientados por el marxismo y la teoría de la dependencia.3 Desde posiciones desarrollistas hasta liberales, se retomaron y profundizaron aquellas formulaciones que embellecían, jerarquizaban y ubicaban a la etapa agroexportadora como el espejo en el que debía proyectarse el país de cara al futuro. Así, destacaron las supuestas condiciones favorables que encontraron los inmigrantes recién arribados para instalarse y ascender en la escala social, el papel modernizador de los terratenientes pampeanos, los beneficios y la racionalidad derivada de la puesta en producción de los latifundios, así como la firme tendencia a la desconcentración de la propiedad de la tierra producto de la herencia y la dinámica del mercado. Incluso, estas investigaciones relativizaron las limitaciones que generó la penetración del capital monopolista extranjero a través del control del transporte y comercialización de granos y carnes, inversiones que fueron resignificadas como un factor decisivo de progreso en la configuración de la Argentina moderna. De este modo, estas “novedosas” visiones se propusieron diluir la relevancia económica, social y política que tuvo la gran propiedad para el decurso del país.

Por el contrario, este trabajo se inscribe en la corriente historiográfica que jerarquiza la relevancia económica, social y política que tuvo la consolidación del latifundio para el decurso del país. Diversas investigaciones han demostrado que los terratenientes y la gran burguesía local se aliaron y subordinaron al capital extranjero y que eso resultó en la cristalización de una estructura caracterizada por la hiperespecialización agraria y la existencia de un desarrollo industrial acotado, unilateral y desintegrado, en gran medida controlado por firmas europeas y norteamericanas (Ciafardini, 1990; Rapoport, 2003). Además, entendemos que estos grandes propietarios pampeanos controlaron un bien fundamental y no se encontraron compelidos a la reinversión permanente para no quedar desplazados del mercado, dado que la tierra es un recurso limitado e irreproducible. Esta situación les permitió manejar con otros ritmos la “inyección” de capital en sus campos o, directamente, dedicarse a vivir de la renta y operar en el sistema financiero.

Por otra parte, este patrón de distribución de la tierra incidió en las formas y grados de utilización del suelo tal como se evidencia al efectuar una comparación con lo sucedido en Estados Unidos. Allí, particularmente en el Medio Oeste, el predominio de pequeños y medianos agricultores que eran propietarios de sus parcelas generó mejores condiciones para la expansión de la producción agropecuaria y les permitió acceder a mayores niveles de tecnificación (Cochrane, 1993).4 En Argentina, por el contrario, la preponderancia de la gran propiedad limitó las posibilidades de comprar una chacra a miles de agricultores. De este modo, el porcentaje mayoritario de los inmigrantes y la población criolla que habitaban o se desplazaron a las zonas rurales tuvieron que arrendar bajo condiciones muy desfavorables que incidieron en el monto de sus ingresos, desincentivaron la reinversión y afectaron sus condiciones de acumulación y capitalización.5 Este fenómeno, a su vez, incidió en la dimensión y dinámica del mercado interno, tal como se puede evidenciar en el contraste con lo sucedido en el medio oeste norteamericano, y la posibilidad de una distribución más equilibrada de la población en el territorio (Volkind, 2016).

Por último, resulta imprescindible tener presente que la gran propiedad operó como sustrato o base privilegiada para intervenir, incidir y/o detentar el poder político en el país. Fueron los grandes terratenientes y la burguesía entrelazada con el capital extranjero -que en un elevado porcentaje también poseía campos-, quienes se transformaron en las clases dominantes locales que dirigieron los destinos de aquella Argentina dependiente, oligárquica y fraudulenta (Spiguel, 2010).

Así, frente a la imagen de “modernización” y “progreso”, en este trabajo nos proponemos aportar elementos que demuestren la existencia y pervivencia de la gran propiedad en la provincia de Buenos Aires entre 1880 y 1930. Entendemos que resulta un eje central para luego analizar otros aspectos nodales del período donde se sentaron los pilares del país. Seleccionamos este distrito porque, por un lado, el territorio bonaerense se transformó en el principal productor de granos y carnes para exportación en el período bajo análisis. Además, porque los grandes propietarios de esta provincia fueron quienes hegemonizaron el proceso de centralización estatal que culminó hacia 1880 y orientó los rumbos socio-económicos del país a lo largo de la etapa “agroexportadora”.

Consideramos, a la luz de las evidencias, que el proceso de desconcentración que enfatizan algunas interpretaciones historiográficas tuvo un alcance muy acotado que no alteró, en lo fundamental, los patrones de acceso a la tierra. Así, el latifundio se transformó en uno de los condicionantes del desarrollo económico y social de aquella Argentina “granero del mundo”.

Una de las principales dificultades para indagar sobre esta problemática reside en la escasa disponibilidad de fuentes cuantitativas que permitan reconstruir la estructura de propiedad de tierra. Los censos agropecuarios sólo registran el número de explotaciones agropecuarias y se hace necesario integrar otras fuentes cuantitativas y cualitativas que habiliten dicha reconstrucción. Por eso, en este artículo buscamos “ponerle” números al fenómeno. Para eso, retomamos las exhaustivas y precisas investigaciones de la historiadora Adela Harispuru e incorporamos el análisis de los duplicados de mensura de fines del siglo XIX, la Carta Catastral de la Provincia de Buenos Aires de 1890, el Catálogo General de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires y Guía de Propietarios Rurales de la Provincia de Buenos Aires confeccionada por la Oficina Técnica de Gregorio Edelberg de 1923.

El escrito se inicia con una breve referencia a las interpretaciones dominantes en las últimas décadas sobre dicha problemática. A continuación, aportamos elementos para la reconstrucción de la propiedad de la tierra bonaerense hacia fines del siglo XIX, momento de inicio de la etapa agroexportadora. Luego, realizamos una operación similar para la década de 1920 con el objeto de comparar ambos extremos del período. Finalmente, retomamos algunos casos particulares de grandes terratenientes para ejemplificar las múltiples ramificaciones de estos grupos familiares.

Las posiciones hegemónicas sobre la gran propiedad en la región pampeana

En las últimas décadas comenzó a expresarse con fuerza un heterogéneo abanico de formulaciones que compartían el énfasis en relativizar dos problemáticas entrelazadas: la persistencia de la gran propiedad y los presuntos límites que imponía al progreso de la mayoría de los chacareros.

Esta perspectiva se transformó en un nuevo jalón en las investigaciones sobre la problemática agropecuaria que delineó los contenidos de la agenda de trabajo de los historiadores del sector.6 Se autoproclamaron como “renovadoras” y emprendieron una crítica sistemática de las posturas “clásicas” (en especial las que se desplegaron hasta el golpe de 1976) a las que caracterizaron indiferenciadamente como “visiones tradicionales que no pueden despegar su mirada primitiva de la posesión de la tierra”(Barsky, 1997).7 Para ello apuntaron a impugnar sus postulados a partir de la identificación de supuestos aspectos incorrectos, unilaterales o insuficientemente desarrollados por las mismas. En plena dictadura militar, Roberto Cortés Conde inició la tarea destinada a rebatir las interpretaciones clásicas que enfatizaban la preeminencia de los terratenientes y el latifundio que tuvieron como contracara las penurias de los agricultores que no pudieron acceder a la propiedad de una parcela. Por el contrario, para este autor, esas afirmaciones estaban basadas “en una información incompleta y bastante deficiente” (Cortés Conde, 1979, p. 175). Por el contrario, Cortés Conde intenta demostrar que entre 1880 y 1910 se consolidó un dinámico y eficiente mercado de tierras que para el segundo quinquenio de la década de 1900 resultó en la “subdivisión de propiedades grandes, y la recomposición de las chicas” (Cortés Conde, 1979, pp. 175-176).

Al respecto, uno de los principales referentes de esta corriente enfatizaba la necesidad de superar las lecturas “tradicionales” que proyectan:

...una imagen de una región pampeana signada por la presencia de los mitológicos terratenientes pampeanos, ausentistas, ganaderos, arrendadores de tierra a tardíos inmigrantes que habrían visto en los altos precios de la tierra una muralla infranqueable para acceder a su propiedad [...] Se constituyó así una visión mitológica sobre la riqueza y el poder que derivaban de la propiedad de la tierra pampeana. (Barsky, 1997, p. 194)

En el mismo sentido, criticaron las concepciones que concebían el desarrollo agrícola como un subproducto de las necesidades de la ganadería, o que afirmaban las relaciones de subordinación de los pequeños chacareros respecto a las diferentes manifestaciones de la gran propiedad, algunos autores retomaron las tesis sobre la existencia de un activo y dinámico mercado de tierras, llegando incluso a poner en cuestión la propia existencia de los latifundios -desde sus mismos orígenes coloniales-, relativizando el acaparamiento de tierras consolidado en forma previa a su puesta en producción. Al respecto Eduardo Míguez afirma que “que existió considerable fraccionamiento de la propiedad y la producción desde tiempos bastante remotos” (Míguez, 2017, p. 199).8 Estas afirmaciones resultan una “moderna” proyección del trabajo de Saturnino Zemborain, quien afirmaba que “todo el proceso histórico que lleva a la actual conformación de la estructura de la propiedad agraria, con sus características de alta movilidad y fácil acceso a la misma, revela una gran multiplicidad en las causas que llevan a la situación presente” donde habrían primado los “mecanismos de mercado” que “tienden a la corrección de lo que es antieconómico” (Zemborain, 1973, pp. 7-8).

En definitiva, tras el argumento de reponer y jerarquizar la complejidad y la heterogeneidad de la estructura social agraria y de las formas de acceso a la tierra en la región pampeana, estas interpretaciones pretenden diluir los aspectos determinantes o predominantes de dicha estructura de tenencia de la tierra. Incluso, habiendo hegemonizado el campo historiográfico, se lamentan por la escasa proyección que sus investigaciones han tenido en el conjunto de la sociedad.9

Como contrapartida, un conjunto heterogéneo de investigadores e investigadoras retomaron las preocupaciones, debates y desarrollos previos a la dictadura. Desde una perspectiva crítica, jerarquizaron la incidencia e implicancias que tuvo el latifundio en el desarrollo primario-exportador de la Argentina, aunque no emprendieron un trabajo sistemático de reconstrucción de la estructura de propiedad de la tierra para el período bajo estudio. Entre estos trabajos se destacan los escritos de Eduardo Azcuy Ameghino (2022 y 2012), que se dedicó durante décadas al análisis del período colonial y las independencias; Mario Rapoport (2003), Noemí Girbal de Blacha (1980 y 1982), Carl Solberg (1987) y más recientemente Javier Balsa (2006) y Juan Manuel Palacio (2004) que repusieron valiosa información sobre los partidos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego respectivamente. Incluso, en los últimos años, las publicaciones de Daniel Santilli (2014; 2020) sobre esta problemática también han matizado las perspectivas dominantes. A partir del análisis de los listados mecanografiados de la totalidad de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires publicados por el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires en 1914, el autor propone que para inicios de la Primera Guerra Mundial existía una desigual e inequitativa distribución de la tierra en la provincia de Buenos Aires.

En este escrito retomamos las perspectivas críticas y buscamos poner a disposición nuevos elementos que permitan cuantificar y verificar la persistencia de la gran propiedad a lo largo de toda la etapa agroexportadora.

La gran propiedad en la provincia de Buenos Aires en los inicios de la etapa agroexportadora (1890-1900)

Tal como referimos en la introducción, reconstruir la propiedad de la tierra en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular resulta una tarea compleja. Sólo se conservan las planillas censales de los registros de 1869 y 1895 y en ambos casos se contabilizaron las explotaciones agropecuarias y no lo propietarios de cada distrito. Por esa razón, tuvimos que integrar el análisis de otras fuentes que permitieran avanzar en este objetivo.

Otra de las dificultades radicó en las particiones de las propiedades producto de la herencia y la sucesión. Justamente este mecanismo, junto a la dinámica de mercado, opera como uno de los principales argumentos de aquellas visiones que niegan la existencia de la gran propiedad como una traba para el desarrollo.

Al respecto, el trabajo de Adela Harispuru ha resultado de mucha utilidad. Los criterios adoptados, las fuentes analizadas y los resultados a los que arribó en su tesis doctoral, han resultado de suma importancia para pensar la problemática. Esta investigadora recortó como unidad de análisis a las familias y no sólo a los individuos que detentaban la propiedad de grandes extensiones de tierra en la provincia de Buenos Aires. Entiende por familia a un grupo de personas que están unidos por lazos de parentesco y al mismo tiempo se sostiene por una unidad de intereses y cooperación. Explica que

dado que la sociedad analizada mantuvo los principios patrilineales para sostenerse a través de la verticalidad derivada, aplicando el ´uso` cuando era necesario, nos atendremos a estos esquemas en el tratamiento del tema. Así, la patrimonialidad, es decir, el traspaso del apellido paterno a la descendencia es un principio derivado de la formación patrimonial y es el que corresponde a los grupos analizados en nuestro trabajo, pues la estructura socio-económica, y sobre todo la religiosa, así lo determinaban (Harispuru, 1986, p. 99).

Al mismo tiempo resulta muy importante retomar la argumentación que despliega en torno a la elección metodológica y teórica de elegir analizar a los grupos y no a los individuos. Al respecto, afirma que la formación de grupos es uno de los objetivos del parentesco y los matrimonios no representan la unión de dos sujetos sino de dos grupos que formaban parte de un mismo y determinado estrato social, interactuaban en un círculo de sociabilidad determinado. De este modo, esas propiedades individuales que generan la apariencia de una mayor desconcentración de la tierra pueden ser analizadas a la luz de esta propuesta que jerarquiza el papel de la propiedad del núcleo familiar. Inclusive esta interpretación cobra más fuerza y relevancia cuando se incorpora otro aspecto fundamental. Si bien las sucesiones y herencias implicaban la subdivisión de la propiedad ante la muerte de los progenitores, hacia fines del siglo XIX:

se generalizó la constitución de Sociedades de Capital, luego Anónimas, entre padres e hijos, con el objetivo obvio de evitar la partición del patrimonio familiar. De este modo, el capital de tales sociedades anónimas fue, principalmente compuesto por propiedades rurales, que los hijos recibirían intacta merced a la existencia previa de dicha Sociedad. (Harispuru, 1986, p. 121)

Estas Sociedades Anónimas controlaban las propiedades rurales, mantenían la unidad de ese fundamental medio de producción y garantizaban que la distribución accionaria entre los miembros de la familia fuera proporcional a cada uno según el capital heredado. En general, le correspondía a la esposa el 50% y las restantes entre hijos, hijas y sus maridos e hijos menores. Al respecto, resulta revelador de este mecanismo la carta que Eduardo Oliera -terrateniente fundador de la Sociedad Rural Argentina y considerado por algunos apologistas del “modelo” agroexportador como parte de la “vanguardia ganadera”- dirigiera al liquidador de “La Olivera” en 1910 con el objetivo de transformar esa estancia y cabaña fundada por su padre en una Sociedad Anónima que permitiese mantener la propiedad familiar. Allí argumentaba que la operación tenía por objeto “conservar la unión de la familia y de sus propiedades” e impedir “una liquidación testamentaria importuna [...] para salvarnos de las liquidaciones forzosas a que nuestras leyes obligan a las familias a la muerte de cada individuo, rompiendo la unión de ellas y la unidad de acción en los negocios” (Olivera, 1910, pp. 334-337). Incluso ratificaba la relevancia que tenía para las clases dominantes argentinas la propiedad territorial como fuente de fortuna y poder:

puesto que la tendencia general entre nosotros es asegurar los bienes de los menores en propiedades urbana, cuando no es cambiar esos mismos valores en efectivo para darles mayor seguridad en un banco; sin fijarles que los valores territoriales son los primeros entre nosotros en su progresión ascendente, que los urbanos son más lentos y estacionarios, y que nuestro efectivo es nuestro papel moneda, el más inseguro de todos nuestros valores. (Olivera, 1910, pp. 334-337)

En función de este mecanismo, en la investigación Harispuru se guio por una serie de criterios metodológicos que hicieran factible el trabajo y recortar el universo de propietarios y grupos familiares que reunieran más de 10.000 ha. A su vez contempló que la división de las hectáreas por la cantidad de miembros no resultase menor, en promedio, a 2.000 ha. por sujeto.

Para inicios de la expansión agropecuaria (1890-1900), momento en que todavía se estaban distribuyendo las tierras apropiadas a las poblaciones indígenas tras la masacre de la Patagonia, la investigación de Harispuru logró detectar la existencia de 311 grupos familiares que poseían hasta 25.000 ha. y que en total agrupaban 4.738.770 ha. bonaerenses. Esta cifra representaba, tomando como referencia las dimensiones definidas por el Censo de 1914 de 27.842.239, el 17% de la superficie provincial destinada a uso agropecuario (Tercer Censo Nacional, 1919, p. 3). Luego, en el rango de 25.001 a 50.000 ha.,115 grupos poseían 4.081.412 ha., eran 46 familias las que tenían entre 50.001 a 75.000 hectáreas, 21 las propietarias de 75.001 a 100.000 y sólo 23 los grupos que disponían de más de 100.000. Estos últimos reunían prácticamente la misma cantidad de tierra que el primer estrato: 4.288.806 tal como se puede advertir en el cuadro 1. De este modo, resulta que los grupos familiares que poseían más de 10.000 ha. en la provincia de Buenos Aires, hacia fines del siglo XIX, controlaban más de 17.000.000 de hectáreas, lo que representa el 63% de la tierra con usos agropecuarios en el principal distrito productor de granos y carnes del país.

Cuadro 1: Grupos familiares propietarios de más de 10.000 según rango de extensión (has.). Buenos Aires 1890/1900.

Rango de extensión

Cantidad de grupos con esa superficie

Suma de superficie por grupo (has.)

Cantidad de titulares

Porcentaje de superficie sobre total de tierra agropecuaria

De 10.000 a 25.000

310

4.703.748

577

16,89%

De 25.001 a 50.000

114

4.054.314

336

14,56%

De 50.001 a 75.000

46

2.765.349

212

9,93%

De 75.001 a 100.000

22

1.767.354

73

6,35%

Más de 100.000 ha.

23

4.288.806

128

15,40%

Total

515

17.579.571

1326

63,14%

Fuente: elaboración propia sobre la base de Harispuru (1986)

A estas posesiones habría que sumarle las propiedades con las que fueron beneficiadas como resultado de la conquista de la Patagonia. Al respecto, el propio Roy Hora (2015) reconoce que

entre 1878 y 1882, unos 20.000.000 de hectáreas fueron vendidos en grandes unidades, y no sorprende que algunos de los principales terratenientes se contasen entre los mayores compradores. Así Saturnino Unzué adquirió 270.000 hectáreas, Tomás Drysdale, 320.000; Antonio Cambaceres, 120.000; los Leloir, 110.000; Chas, 60.000; Ernesto Tornquist, 90.000; Carlos Guerrero, 70.000 (p. 75).

Incluso, si se pusiera en tela de juicio el criterio de agrupamiento familiar y sólo se computaran los propietarios individuales, resulta que para este período, según los duplicados de mensura, existían 239 propietarios de más de 10.000 ha. en la provincia de Buenos Aires, tal como se observa en el cuadro 2. Estos controlaban más de 5.500.000 de ha. que representaban el 20% de la tierra con destinos agropecuarios.

Cuadro 2: Propietarios individuales de más de 10.000 según rango de extensión (has.). Buenos Aires 1890/1900.

 Rango de extensión

Cantidad de propietarios

Superficie total por estrato (has.)

Porcentaje de superficie sobre total de tierra agropecuaria

De 10.000 a 25.000 ha.

177

2.539.726

9,12%

De 25.001 a 50.000 ha.

44

1.497.474

5,38%

De 50.001 a 75.000 ha.

8

497.100

1,79%

De 75.001 a 100.000 ha.

7

616.219

2,21%

Más de 100.000 ha.

3

416.275

1,50%

Total

239

5.566.794

19,99%

Fuente: elaboración propia sobre la base de Harispuru (1986).

De este universo, se destacan los tres propietarios que superaban la friolera suma de 100.000 hectáreas. Por un lado, Leonardo Pereyra quien fue presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 1882-1884, era hijo de Simón Pereyra y Ciríaca Iraola y poseía 6.600 ha. en González Cháves, 24.475 ha en Pehuajó, un campo en Quilmes de 13.575 ha, 55.550 ha. en Ayacucho, otra propiedad en Balcarce de 24.050 ha. y finalmente 11.465 ha. en Tres Arroyos. Así totalizaba 135.715 hectáreas sólo en provincia de Buenos Aires. En el cálculo no incluimos las propiedades del resto de la familia Pereyra, donde algunos de sus miembros se entrelazaron matrimonialmente con la familia Iraola.

Otro de los casos es el de Juan Shaw, escoses dedicado al comercio con casas en Montevideo y Buenos Aires, que se destacó como importador de maquinaria agrícola y otros insumos y que también procuró disponer de grandes extensiones de tierra en nuestro país.

Esta realidad que evidencian los datos también fue referida por diversas investigaciones desplegadas por funcionarios estatales entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Al respecto, el ingeniero Francisco Seguí, en el informe elaborado en 1898 por encargo del Congreso Nacional, constataba que las enormes concentraciones de tierras en pocas manos constituían un problema para el desarrollo de la producción agrícola en la Provincia de Buenos Aires (Seguí, 1898). Compartiendo esta opinión, el agrónomo Ricardo Huergo afirmaba, en 1904, que la causa de todos los males de la agricultura radicaba en el carácter nómade de los arrendatarios y medieros, de los cuales la mayoría eran inmigrantes italianos. La dificultad para poder arraigarse en una parcela de tierra redundaba en el permanente traslado de una zona a otra y esto traía como consecuencia, el monocultivo, el escaso esmero en las labores culturales, el trabajo superficial sobre la tierra y la precariedad de la vida y la vivienda. Se generaba así “espíritu especulativo” en el productor, que lejos de permitirle concentrarse en la forma en la que mejorar los cultivos, lo llevaba a buscar el máximo aprovechamiento del terreno con el menor tiempo y costo posible. En su informe Huergo (1904) consideraba que

la intervención del Estado, para operar un cambio más o menos inmediato es absolutamente necesaria, sea por la expropiación directa y la enajenación a los agricultores en fracciones conforme a las necesidades de éstos [...] o por otros medios indirectos [para] provocar la subdivisión de la propiedad rural, combatiendo el latifundio, una de las mayores trabas con que debe luchar la inmigración europea (p. 92).

Con el mismo espíritu, el mismísimo Director del Departamento Nacional de Trabajo, Julio B. Lezama, planteaba en un informe de 1912 que “hoy como ayer, el latifundio no es un ideal ni una forma eficaz de progreso para un pueblo, sino un inconveniente y una causa de su atraso y de empobrecimiento general” (Gori, 2002, p. 106). Estas referencias reiteradas por parte de algunos protagonistas de aquel período refuerzan la vigencia del problema que analizamos en el trabajo: la consolidación del latifundio entre fines del siglo XIX e inicios del XX.

Los grandes propietarios en la década de 1920

Transcurridos alrededor de 30 años desde la “foto” anterior, los datos que brinda el cuadro 3 permiten advertir la persistencia de la gran propiedad en la provincia de Buenos Aires a pesar de los ciclos de protestas rurales que se evidenciaron en la década de 1910 e inicios del `20, las medidas impulsadas por el gobierno radical encabezado por Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922 y la lógica subdivisión por herencia que podrían haber experimentado las familias poseedoras de grandes latifundios. Con respecto a la conflictividad chacarera, los hitos más relevantes fueron los sucesos popularizados como el “Grito de Alcorta” en 1912 y las huelgas, movilizaciones y enfrentamientos que protagonizaron los agricultores entre 1918 y 1921, donde participaron miles de productores e incorporaron al pliego de reivindicaciones el problema del acceso a la propiedad de una parcela. En relación con las medidas impulsadas por el primer gobierno radical, se destacaron la modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario que permitió destinar un mayor volumen de capital a préstamos para la compra de chacras de hasta 200 ha. y la aprobación de la primera Ley de Arrendamientos Rurales, que con muchas limitaciones pretendió regular los vínculos contractuales en el agro (Ansaldi, 1986; Grela, 1958; Volkind, 2022).

Al comparar los datos del cuadro 3 y del 1, se observa cierto grado de subdivisión y mayor acceso de los agricultores a la compra de una parcela. En 1923 se registraron 432 grupos familiares que reunían más de 15.000.000 de ha., lo que representaba un 54% de la tierra con usos agropecuarios de la provincia. Entre dichas familias, 25 controlaban más de 4.000.000 de ha. y representaban el 15, 87% de la tierra de la provincia, una proporción prácticamente idéntica a lo sucedido a inicios de la etapa agroexportadora. Al mismo tiempo, estos datos indican una disminución del peso de la gran propiedad en la provincia de alrededor de un 15% con relación al registro anterior.

Cuadro 3: Grupos familiares propietarios de más de 10.000 según rango de extensión. Buenos Aires 1923.

Rango de extensión

Cantidad de grupos con esa superficie

Superficie por grupo (Has.)

Cantidad de titulares

Porcentaje de superficie sobre total de tierra agropecuaria

De 10.000 a 25.000

265

4.165.174

903

14,96%

De 25.001 a 50.000

97

3.433.518

636

12,33%

De 50.001 a 75.000

32

1.936.449

364

6,96%

De 75.001 a 100.000

13

1.126.084

161

4,04%

Más de 100.000

25

4.418.144

247

15,87%

Total

432

15.079.369

2311

54,16%

Fuente: elaboración propia sobre la base de Harispuru (1986) y Edelberg (1923).

Al mismo tiempo, al comparar las cifras de esta “fotografía” con lo sucedido a fines del siglo XIX, se observa que no es posible identificar propietarios individuales de más de 75.000 hectáreas (cuadro 4). Esta nueva situación se explica seguramente por los efectos de las sucesiones por herencia y por las transacciones en el mercado de tierras, aunque estas subdivisiones podrían resultar ficticias dado los mecanismos jurídicos que se pusieron en práctica para evitar la dispersión de un bien fundamental.

Cuadro 4: Propietarios individuales de más de 10.000 según rango de extensión. Buenos Aires 1923

Rango de extensión

Cantidad de propietarios individuales

Suma de superficie por propietarios (Has.)

Porcentaje de posesión sobre la superficie sembrada

De 10.000 a 25.000

59

819.331

2,94%

De 25.001 a 50.000

10

304.497

1,09%

De 50.001 a 75.000

4

228.288

0,82%

De 75.001 a 100.000

-

-

-

Más de 100.000

-

-

-

Total

73

1.352.116

4,86%

Fuente: elaboración propia sobre la base de Harispuru (1986) y Edelberg (1923).

Si bien no contamos con indicios de sujetos individuales con más de 75.000 ha, al desagregar la información queda en evidencia que un reducido núcleo de familias muy poderosas -que en un porcentaje mayoritario ya formaban parte de la cúpula terrateniente a inicios de la etapa agroexportadora-, lograron mantener en su poder extensas propiedades rurales en diversos partidos bonaerenses. Por ejemplo, si analizamos la situación del conjunto de los miembros de la familia Santamarina, resulta que reunían 246.995 ha. en territorio bonaerense. En particular, Enrique Santamaría poseía 10.381 ha. en Trenque Lauquen, 3.570 en Coronel Dorrego, 1.030 ha. en Tandil, 16.056 ha. en Laprida, 1.216 ha. en Las Heras y 13.910 en General Lamadrid. María Gastañaga de Santamarina era propietaria de 6.246 ha. en Tandil, 5.053 en Laprida, 17.492 en General Madariaga y 15.546 en Necochea.10 Los Anchorena poseían 275.000 hectáreas sólo en la provincia de Buenos Aires y totalizaban más de 1.000.000 ha. (Hora, 2012). Una situación similar se verifica con el clan de los Álzaga Unzué, los Martínez de Hoz, los Leloir, los Duhau, los Zuberbühler o los Anchorena (Edelberg, 1923).

Al respecto, el reconocido intelectual y político Miguel Ángel Cárcano, sintetizaba críticamente la realidad agropecuaria hacia fines de la década de 1910: “la tierra está en manos de grandes propietarios formando los latifundios” (Cárcano, 1918, pp. 517-518). Para este hijo dilecto de un sector de la oligarquía, en la Argentina se hacía necesario tomar medidas urgentes que permitiesen implantar las reformas –con las particularidades correspondientes- desplegadas en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, transformando la legalidad agraria de manera de poder superar el atraso y las deficiencias que presentaba, consecuencias de aquel reparto imprevisor. En general, había primado la ausencia de todo plan y concepto de lo que se iba hacer y de cómo se aprovecharía la tierra que se distribuía (Cárcano, 1972). Con un tono similar, Emilio Coni, ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad de La Plata, enfatizaba en 1926 las enormes penurias que sufrían los agricultores por la pervivencia del latifundio y las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra (Coni, 1926).

Con respecto al debate entre producción y propiedad de la tierra, podría objetarse que la cría de ganado en aquella época requería de grandes extensiones dada la carga animal por hectárea y ese fenómeno explicaría o justificaría la existencia de los latifundios en los distritos caracterizados por este tipo de actividad. Atendiendo a este argumento, buscamos aportar algunos elementos a través del análisis de dos partidos bonaerenses que resultan representativos de los núcleos trigueros y maiceros de la provincia. En el caso del primero, focalizamos la mirada en Tres Arroyos y para el segundo cultivo, en Pergamino. A partir del análisis de la Guía Edelberg y los Planos Catastrales, pudimos reconstruir la lista de los propietarios individuales de más de 2.000 ha. en ambos distritos.

Cuadro 5. Propietarios individuales con más de 2.000 hectáreas en el partido de Tres Arroyos. Buenos Aires, 1923.

Titulares

Hectáreas

Carlos Unzué

12.845

María L. de Belloq

29.691

Felipe Mayol

22.742

Elena Santamarina de Saguier

12.582

María Santamarina de Avellaneda

12.860

D. de la S. Anasagasti

8.664

Dario Anasagasti

6.008

Carlos y Ángel Astiz

4.597

Carlos Andemberg

2.625

Felix Ayastuy

5.266

V. Álzaga de Blaquier

6.300

Lía González Chaves de Cabred

4.186

Juan Calcarami

5.071

Manuel Candia

9.383

José Caride (suc)

19.982

Elisa Baños de Carrera

2.499

Alejandro Cash

6.348

Silvano Dufaur

2.700

Dolores Santamarina de Echague

11.548

Martín Echeverría

5.266

Alejandro Errasti

3.891

Nicasio Etchepareborda

4.087

Nicolás Figueroa

2.669

Joseph Galibert

6.456

Juana A. de Gardey

5.042

Atilio González Chávez

2.118

Manuela Antonini de Goitea

2.041

Pedro Haugaard

3.950

M. A. P. I. de Herrera Vegas

5.963

M. L. P. I. de Herrera Vegas

5.963

Manuel Hurtado

2.517

María A. De Imaz

5.386

Herman Konning

4.000

Juan Labrunee

5.783

La Perseverancia del Sur

2.500

Antonio Lastra

2.093

José Lastra

2.093

Lucía Linares

2.699

Susana Cambaceres de Luro

16.390

Claudio Molina

16.246

Pedro Molina

2.039

Toribio Molina

2.039

Basilio Ochandio

2.700

Julián Olaso

8.699

Ana Julio Pieres

2.858

Andrés Piñeiro

2.801

Martín Reta

2.505

Riglos Hermanos

6.100

Fermín Ripodas

3.075

Juan Sallies

3.740

Andrés San Martín

2.101

Paulina San Martín

2.412

Rómulo San Martín

2.210

Victorino San Martín

2.210

Sociedad La Previsión

2.980

Mateo Urioste

8.000

Emilio Vassolo y Hnos.

4.317

Carolina Álzaga de Viñales

6.700

Cecilia Álzaga de Vivanco

5.340

Orlando Williams

6.200

TOTAL PARCIAL

372.076

Fuente: elaboración propia en base a Guía Edelberg (1923).

El análisis de este listado permite advertir que en Tres Arroyos, partido que se destacó por la superficie cultivada con trigo durante la década de 1920, sesenta titulares poseían más de 370.000 ha. Así, los propietarios de más de 2.000 ha. concentraban el 61% de la superficie agropecuaria del distrito.11 Además, entre quienes detentaban más de 10.000 ha se destacan algunos apellidos que formaban parte del núcleo de la oligarquía argentina. Tal es el caso de María Belloq, Felipe Mayol, Elena Santamarina de Saguier, María Santamarina de Avellaneda, Dolores Santamarina de Echagüe o Susana Cambaceres de Luro. Si analizamos la situación particular de los Unzué, advertimos que las 12.845 ha. que poseía Carlos en Tres Arroyos se complementaban con otras 210.000 ha. que el grupo familiar detentaba en territorio bonaerense en alianza con otras familias de la oligarquía con quienes habían afirmado los vínculos a través de alianzas matrimoniales (cuadro 6).

Cuadro 6. Titulares de campos del grupo familiar Unzué. Buenos Aires, 1923.

Titulares

Hectáreas

Partido

Carlos Unzué

12.845

Tres Arroyos

5.891

Alberti

María Luisa Ignacia Unzué de Aldao

3.140

Mercedes

Margarita Marta Unzué de Blaquier

4.960

Alberti

2.300

Saladillo

Concepción Natalia Unzué de Casares

52.741

25 de Mayo

María Unzué de Erramouspe

2.747

Bolivar

María de las Mercedes Unzué de Quintana

1.788

Pergamino

1.755

Bragado

9.933

25 de Mayo

2.459

Alberti

Inés Dorrego y Saturnino José Unzué

1.800

Salto

8.802

Rojas

49.570

Adolfo Alsina

12.800

Pellegrini

8.947

San Andrés de Giles

10.032

Mercedes

María Adela Unzué de Leloir

519

General Sarmiento

Jacinta Unzué de Zemborain

7.014

Navarro

Mariano Cecilio José Unzué

16.131

Bolivar

5.168

25 de Mayo

Sucesión de Mariano

1.790

Tres Arroyos

TOTAL

222.862

Fuente: Harispuru, Adela. Familia y poder en la provincia de Buenos Aires: los Unzué (inédito), s/f.

Otro dato interesante, que se evidencia en el cuadro 5, es la existencia de predios continuos o cercanos pertenecientes a sujetos que compartían el mismo grupo familiar. Al respecto, Andrés, Paulina, Rómulo y Victorino San Martín reunían en total unas 9.000 ha. Lo mismo sucedía con Antonio y José Lastra o con Claudio y Pedro Molina. Si bien no podemos determinar con exactitud que explotaran unificadamente esas tierras, diversos indicios señalan que las subdivisiones, en reiterados casos, fueron más ficticias que reales.

Una situación relativamente similar se advierte en Pergamino, corazón maicero de la provincia. En este distrito, que se encuentra en la zona de antiguo poblamiento, a pesar de que se evidencia una mayor subdivisión de la tierra, sólo 23 personas físicas o jurídicas concentraban el 40% de la tierra. Al igual que en Tres Arroyos, se destacan los apellidos “ilustres” entre los grandes propietarios: Devoto, Ortiz Basualdo, Urquiza, Ocampo, Leloir, Álzaga o Álzaga Unzué, entre otros.

Cuadro 7. Propietarios individuales con más de 2.000 hectáreas en el partido de Pergamino. Buenos Aires, 1923.

Titular

Hectáreas

Barlome Devoto

11327

Daniel Ortiz Basualdo

8553

Inés Ortiz Basualdo de Peña

4522

Alfredo de Urquiza e Hijos

14114

Angélica Ocampo

5722

José Ocampo

13756

Delia A. de Ocampo

3000

Mercedes Leloir de Ocampo

2871

Estancias O`Farrell

5171

Martín de Álzaga

2947

Elena Álzaga Unzué

3479

Maria J. de Riglos

2834

C de la Sota de Somoza

4544

Vicente Varela

6187

Eloy Velaz

2301

Juan Makintach

2354

Luisa Ruiz de Moreno

3542

Compañía Noruega de Ganadería y Agricultura Lta.

6187

Eugenio Cueto

4630

Alfredo Echague

2059

Carlos Echague

2434

Ernesto Echague

2059

Enrique Grondona

2003

Total parcial

116596

Fuente: elaboración propia en base a Guía Edelberg (1923).

Incluso, hacia el final de la década del ´20, momento en que se evidenciaban los primeros signos de la crisis económica mundial, según las investigaciones de Jacinto Oddone basadas en el análisis de la Guía de Contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires de 1928, la familia Luro era propietaria de 411.938 ha., los Pereyra Iraola de 382.679 ha., los Alzaga Unzué 232.336 ha, los Anchorena 191.218 o los Leloir 181.036 ha (Oddone, 1975, pp. 170-171).

De este modo, se puede advertir que a pesar de las medidas del gobierno de Yrigoyen para incidir en las formas de acceso a la tierra y del desarrollo de la agricultura que requería parcelas de dimensiones más acotadas, durante la década de 1920 no se alteró en lo fundamental el patrón de propiedad latifundista en la provincia de Buenos Aires.

Reflexiones finales

En este trabajo aportamos elementos que contribuyen a fundamentar la existencia y persistencia de la gran propiedad territorial en la provincia de Buenos Aires durante la etapa agroexportadora. En ese sentido, pudimos advertir que las interpretaciones predominantes encuentran dificultades para fundamentarse en las escasas fuentes cuantitativas disponibles. La visión que propone a la herencia como el mecanismo virtuoso que condujo a una acelerada desconcentración territorial, así como el énfasis en la existencia de diversos caminos disponibles para progresar y adquirir una chacra por parte de los pequeños y medianos agricultores, se choca con otros indicios que señalan que el proceso se desplegó en otra dirección.

A pesar de las subdivisiones patrimoniales que se producían tras la muerte del titular y el peso creciente de las transacciones mercantiles, los grandes propietarios habrían encontrado recursos legales para mantener indiviso uno de los medios de producción más “apetecidos” de la Argentina.

Así resulta de la comparación entre la foto de 1890 y la de 1922/23. Si bien se verifica una disminución de 2.000.000 de ha. en poder de la cúpula terrateniente y no fue posible identificar propietarios individuales de más de 70.000 ha. en la década de 1920, los datos disponibles permiten aseverar la preeminencia de la gran propiedad en la provincia de Buenos Aires a pesar del ciclo de conflictividad protagonizado por los chacareros y de ciertas medidas acotadas impulsadas por el gobierno radical de Yrigoyen hacia el final de su primer mandato.

Este fenómeno parece verificarse no sólo en los partidos caracterizados por la actividad ganadera, donde podría resultar “lógica” o “necesaria” la existencia de unidades de mayores extensiones derivada de las características de la cría e invernada de animales, sino también en los distritos que se distinguían por la producción agrícola, espacio donde teóricamente se requerían explotaciones de menores dimensiones debido a que en este período todavía era muy acotado el aprovechamiento de economías de escala por las peculiaridades del proceso de trabajo que imperaba en el cultivo de granos.

A lo largo de esta etapa, el poder económico de los grandes terratenientes, que en un elevado porcentaje buscaron ensanchar a través de las alianzas matrimoniales, se proyectó al plano de la política, la sociedad y la cultura y los consolidó como un sector fundamental del bloque de clases dominantes. Esta oligarquía que condujo el proceso de centralización y consolidación del Estado Nacional, que tras el aniquilamiento y sometimiento de las poblaciones indígenas se distribuyó las tierras conquistadas en la Patagonia y el Chaco, que garantizó la orientación primario exportadora junto al capital extranjero y la gran burguesía local, tuvo un papel protagónico a la hora de modelar la fisonomía de la Argentina dependiente que extiende sus raíces hasta el presente.

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1 Dr. en Historia. Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, de la Facultad de Ciencias Económicas. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: pvolkind@gmail.com

2 Estudiante de la Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Becaria del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios. Correo electrónico: rosario.renato11@gmail.com

3 Al respecto se puede consultar los trabajos de Eduardo Azcuy Ameghino: Azcuy Ameghino (2004) y Azcuy Ameghino (2007).

4 Para el caso de las explotaciones en Estados Unidos, tomamos como referencia las explotaciones de hasta 104 hectáreas en función de los rangos de extensión que figuran, en acres, en los censos norteamericanos. Al respecto se puede consultar Fourteenth Census of the United States (1924).

5 El porcentaje mayoritario de los contratos de arrendamiento fijaba la superficie que se debía cultivar, tenía una duración promedio de tres años y no obligaba al propietario de la tierra a reembolsar al locatario por las mejoras efectuadas en el predio.

6 Al respecto, se puede consultar el artículo de Luis Alberto Romero (Romero, 1996).

7 Roy Hora refiere que “la dictadura militar de 1976, con toda su vocación represiva y su fuerza destructora, ahogó el intercambio de ideas sobre esta problemática [la gran propiedad de la tierra]. Pero cuando el derrumbe de ese régimen de sangre y terror hizo posible la reconstrucción de un debate público más abierto, la gran propiedad rural no figuraba entre los temas que interesaban a los argentinos. Desde el retorno a la democracia, la concentración del suelo pasó a desempeñar un papel residual tanto en la discusión académica y el debate ciudadano como en la orientación de la política pública dirigida el campo” (Hora, 2018, p. 186).

8 También se puede consultar Míguez (2008, pp. 321-326) y Barsky y Gelman (2009, p. 17).

9 Al respecto Eduardo Míguez afirma que “en el ámbito académico las resistencias a estas renovadas visiones del mundo rural pasado han ido paulatinamente cediendo espacios, y la conformación de un nuevo paradigma científico parece tan poco disputable como pueden serlo los paradigmas en ciencias que no son experimentales ni formales, especialmente en temas socialmente sensibles. Lo que nos retrotrae al punto de partida de nuestra charla. En primer lugar nos confronta con el problema, sin duda crucial, de que si fuera verdad que existe cierto consenso académico, estamos lejos de que éste se traslade fuera de un círculo de especialistas” (Míguez, 2017, p.198).

10 Para un análisis detallado de las propiedades de los Santamarina ver Reguera (2006).

11 Para elaborar el cálculo se tomó como referencia los datos provistos por el Tercer Censo Nacional, Tomo V, (1919, p. 20).