Análisis Crítico del Proceso en Torno al Censo Agropecuario Nacional 2022 de Paraguay y sus Resultados1
Critical Analysis of the Process Around The 2022 National Agricultural Census of Paraguay and its Results
Luis Rojas Villagra2
Fecha de recepción: 23/05/2024
Fecha de aceptación: 22/11/2024
RESUMEN
El sector agropecuario sigue siendo esencial para la sociedad paraguaya en el siglo XXI. Concentra las tensiones, contradicciones y disputas principales del país, y su dinámica ha generado una espiral de desigualdad y exclusión. El último censo agropecuario realizado en el 2022 da cuenta de los intereses económicos y políticos que inciden en su proceso de desarrollo y en los resultados obtenidos, que ratifican las tendencias históricas, la crónica concentración de tierras, las dificultades en la producción de alimentos, el despoblamiento del campo y la reducción de los empleos rurales. El presente trabajo busca evidenciar los intereses de sectores económicos y sociales que están detrás de la generación de datos, análisis y discursos en el ámbito agropecuario.
Palabras clave: Censo Agropecuario; Agronegocios; Campesinos e Indígenas.
ABSTRACT
The agricultural sector continues to be essential for Paraguayan society in the 21st century. It concentrates the country’s main tensions, contradictions and disputes, and its dynamics have generated a spiral of inequality and exclusion. The last agricultural census carried out in 2022 gives an account of the economic and political interests that affect its development process and the results obtained, which ratify historical trends, the chronic concentration of land, the difficulties in food production, the depopulation of the countryside and the reduction of rural jobs. This work seeks to highlight the interests of economic and social sectors that are behind the generation of data, analysis and discourses in the agricultural field.
Keywords: Agricultural Census; Agribusiness; Peasants and Indigenous.
Introducción
El Paraguay es un país fundamentalmente agropecuario. Ya sea por la abundancia de tierras fértiles para las actividades productivas, una gran disponibilidad de agua, un clima ideal para la producción, una baja densidad poblacional o el escaso desarrollo de otros sectores económicos, las actividades vinculadas a la producción primaria y a la utilización de la tierra como factor productivo central, siguen estando en la base de la estructura económica, del mercado laboral y de las dinámicas comerciales del país. Pero el modelo productivo no es un todo homogéneo, más bien está conformado por dos sectores en gran medida antagónicos entre sí, el de los agronegocios que concentra tierras y se orienta al mercado internacional, y el de la agricultura tradicional, de base campesina e indígena, que padece la pérdida progresiva de sus tierras y orienta su esfuerzo al autoconsumo y el mercado interno.
La convivencia entre ambos modelos durante el último siglo ha sido conflictiva, con innumerables episodios de enfrentamientos, disputas por tierras, desalojos, traspasos ilegales de propiedades, persecuciones, dado que ambos poseen lógicas y objetivos distintos, mientras unos persiguen maximizar las ganancias, los otros buscan garantizar su reproducción social. En dicho conflicto histórico y actual, el Estado paraguayo, a través de sus instituciones, casi en la totalidad de los casos ha favorecido al sector terrateniente o empresarial, con el cual los principales partidos políticos tienen fuertes vínculos económicos. Como regla general, campesinos e indígenas han sufrido su accionar, siempre afín a la expansión de los agronegocios, y han padecido el abandono del Estado en lo referente a la promoción del desarrollo económico y social, y han sido víctimas de su lado represivo y disciplinante (Rojas, 2016). Estas dinámicas asimétricas entre instituciones estatales, empresarios, terratenientes, campesinos e indígenas se expresaron con relación a la tierra, a la producción, al comercio, al financiamiento, a diferentes políticas, entre otros aspectos.
Uno de esos campos de disputa, menos visible en el debate público, es el de la construcción de la narrativa sobre la realidad rural y las formas productivas. El presente artículo analiza la forma en que se han generado estadísticas, datos e informaciones oficiales sobre el sector agropecuario, examinando el proceso operativo y los resultados del último censo agropecuario, con el objetivo de evidenciar los intereses de sectores económicos y sociales que están detrás de la generación de datos, análisis y discursos.
La metodología utilizada es mixta, con instrumentos cualitativos y cuantitativos. Se han utilizado datos secundarios a partir de una revisión bibliográfica de estudios previos, además de publicaciones y documentos oficiales, como leyes, decretos, los censos agropecuarios y el informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras (2008). Se han realizado consultas a instituciones estatales vinculadas a la temática, a través del portal oficial de acceso a la información pública. Para el abordaje cuantitativo, se han realizado análisis de diversas variables a partir de los datos generados por los Censos Agropecuarios de los años 2008 y 2022, publicados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El trabajo desarrolla primeramente el marco teórico y conceptual en que se enmarca, y seguidamente los antecedentes históricos de la cuestión agraria en Paraguay. Posteriormente se analiza las características y el proceso de desarrollo del Censo Agropecuario 2022, y se realiza un análisis de sus resultados, en particular de algunas variables centrales como la distribución de las tierras, los cultivos, la población y el trabajo rural.
Marco Teórico Conceptual
El modo de producción capitalista h+n desarrollado varios modelos de desarrollo, formas históricamente determinadas de organización de la producción y de la sociedad. Modelo de desarrollo es una categoría de análisis utilizada para definir la forma concreta que el capitalismo ha adquirido en un determinado país. Los países de América Latina han pasado por tres modelos de desarrollo principales durante sus dos siglos de existencia: el modelo primario-exportador (MPE), el de industrialización por sustitución de importaciones (MSI) y el neoliberal (MN) (Guillén, 2007; Valenzuela, 1990). El MPE se fue instalando con la expansión del capitalismo desde el siglo XIX, por medio de la reestructuración productiva en torno al sector agropecuario y mineral, especializándose cada país en la producción y exportación de unas pocas materias primas. El MPE generó una estructura productiva dual, con un sector moderno vinculado al comercio exterior y un sector tradicional, con predominio campesino e indígena, vinculado al mercado local y la producción de subsistencia (Furtado, 1971).
En Paraguay al modelo primario-exportador se lo ha denominado modelo agroexportador (Palau et al, 2007), por el predominio de la exportación de productos de origen agropecuario, como la yerba, el tanino, el ganado, el algodón y la soja. Con la implementación de la modernización agrícola en la segunda mitad del siglo XX, las dinámicas productivas dominantes han sido las del agronegocio, que ha generado una larga cadena de procesos económicos y de intermediarios entre productores y consumidores, incluyendo actividades de provisión, producción, acopio, comercialización, industrialización y distribución al consumidor final. El agronegocio es la última expresión del modo de producción capitalista en el campo, y se caracteriza por el uso de biotecnología, paquetes de insumos tecnológicos y mecanización de monocultivos de renta para exportación (Rojas, 2009).
Además, es un modelo de extractivismo agrario, sustentado en la concentración de la tierra y la explotación de la naturaleza, en función al mercado internacional, en el sentido que define Gudynas (2017):
...un tipo particular de apropiación de los recursos naturales, caracterizado por grandes volúmenes o intensidad, y por destinarse sobre todo a exportarlos como materia prima. Bajo esta definición, los extractivismos son plurales, incluyendo a los que ocurren en la explotación minera y petrolera, pero también en sectores agrícolas, ganaderos, forestales, etc. Como son emprendimientos organizados para exportar recursos, todos ellos están anclados en mercados internacionales. (p. 1)
Este modelo productivo se sustenta en una dinámica de concentración y acaparamiento de tierras, la propiedad y el uso, rasgo que profundiza con su desarrollo. El acaparamiento de tierras, como señalan Romero y Fernández (2024):
...implica el control masivo de tierras -ya sea mediante su adquisición en propiedad, concesión, alquiler o cualquier otra forma- por parte de personas, empresas o entidades públicas o privadas, tanto por medios legales o ilegales. Su finalidad puede ir desde la explotación económica productiva, la extracción de recursos y mercantilización de la naturaleza hasta especulación inmobiliaria o financiera. (p. 4)
Los crecientes monocultivos como el de soja han incrementado en las últimas décadas la concentración de las tierras, favorecido la expulsión campesina e indígena de las zonas rurales, y han sustituido cultivos alimentarios para el mercado local por commodities de exportación. Esto en un marco de extranjerización de la producción y la propiedad, para garantizar la continuidad del proceso de acumulación capitalista a nivel global, pues el proceso está impulsado en gran medida por las necesidades de determinados capitalistas extranjeros (Izá Pereira, 2022).
La permanencia del modelo de producción agroexportador requiere a su vez de una predominancia en el campo de las ideas, los proyectos de país y las políticas públicas. Requiere ejercer la hegemonía en el sentido definido por Gramsci (Varesi, 2016), ubicando a dicho modelo como la única vía al desarrollo del país y la sociedad. Para ello es fundamental que los actores del agronegocio tengan un control del Estado, sus instituciones y políticas, que les permita ejercer su hegemonía y evitar la organización de las clases dominadas (Poulantzas, 1979).
En el marco del ejercicio y la disputa por la hegemonía, las ideas y la información que se generan y difunden juegan un papel central. Por ello, las fuentes de información pública pueden favorecer a los sectores dominantes, o en su defecto, a los sectores que buscan disputar dicha hegemonía. Por ello los censos agropecuarios, en países como Paraguay, son muy relevantes, dada la centralidad de dicho sector en sus estructuras económicas y sociales. Es así que, en el país, así como en otros similares como Bolivia, la información que se genera despierta desconfianza en la población, pues “desde la percepción de la población rural y las organizaciones campesinas e indígenas, el uso que se hace de los datos no les es necesariamente favorable” (Bazoberry, 2012), por lo cual la información provista a los censistas no siempre es fidedigna o completa, ni siquiera de parte del sector empresarial.
Bazoberry señala que, en los censos, por lo general, persisten diversos sesgos en la definición de variables, categorías e indicadores. Entre otros, hay un fuerte sesgo hacia la mirada productivista, enfocada en los rendimientos y el crecimiento, lo cual obtura otras miradas, otras dimensiones de la realidad rural. “A la hora de la contabilidad prevalecen los cultivos comerciales de mayor volumen (...), la información va perdiendo los sistemas de pluricultivo, multiestratos, agroforestales, agrosilvopastoriles y otros que son la base de las alternativas agroecológicas” (Bazoberry, 2012, p. 11). Apunta que se cae en el abuso de los datos, cuando que son información parcial sobre una realidad más compleja, que en muchos casos desvaloriza los aportes de formas productivas no hegemónicas. El censo agropecuario realizado en Paraguay puede analizarse en estas claves.
Antecedentes De La Cuestión Agraria En Paraguay
En la historia del Paraguay son centrales la cuestión agraria, la lucha por la tierra, las tensiones en torno a la propiedad, el control y uso de la misma. Ofrecen testimonios, informaciones y análisis sobre ellos diversos estudios que abordan la problemática rural, sus dinámicas, sus actores principales y secundarios, sus resultados en términos económicos, políticos y sociales (Fogel y Riquelme, 2005; Hetherington, 2011; Kleinpenning, 2014; Palau y Heikel, 1987; Pastore, 2008).
Paraguay se sitúa en un territorio que presenta condiciones muy favorables para la producción agropecuaria y forestal, con suelos de gran fertilidad, abundante disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, una rica biodiversidad y condiciones climáticas favorables para dichas labores (Codehupy, 2022). La cantidad de tierras que forman parte del país es alta en relación a la población que lo habita, derivando en una de las tasas de densidad poblacional más bajas de la región (Rojas, 2014). Sin embargo, a pesar de la alta relación de tierras por habitante, los últimos cinco siglos, desde iniciada la colonización europea de los territorios denominados americanos, se han caracterizado por la permanente y muchas veces violenta lucha por la tierra, entre pueblos indígenas, población campesina, colonizadores, terratenientes, empresarios, gobernantes (Kleinpenning, 2014; Pastore, 2008).
Durante los años de la colonia española, entre 1524 y 1811, se caracterizó por la implantación y expansión de un modelo productivo y extractivo dirigido por España, orientado a la exportación de algunas materias primas, desplazando las formas de vida de los pueblos originarios. La apropiación de la tierra fue un factor determinante, así como del trabajo indígena, imponiéndose una cultura colonial de subordinación entre la población local. Para el mercado externo se produjo mandioca, maíz, tabaco, yerba mate, entre otros rubros, valiéndose de la explotación del trabajo indígena bajo la figura legal de las encomiendas (Melià, 1997). Durante este periodo surgió la novedad de la parcelación de la tierra, la apropiación, en la forma de latifundios, estancias, minifundios, lo que inició un largo periodo de alta conflictividad:
En este contexto surge y se desarrolla el minifundio en el Paraguay como consecuencia de las desigualdades entre el español y el indio, por la dominación del primero sobre el segundo. El proceso de conformación del minifundio se realizó (...) en las encomiendas donde además de los cultivos para el encomendero, los indígenas debían producir para su propio sustento con las antiguas técnicas de cultivo, que favorecieron un mayor sedentarismo de la agricultura indígena tradicional (...) el minifundio cumple aquí la función de garantizar la dominación española sobre el indígena. (Conferencia Episcopal Paraguaya, 1984, p. 347).
Los minifundios son un producto de la colonización, así como el campesinado, que emergió con nuevas prácticas productivas y sociales, de la población indígena que era vinculada a través de las encomiendas a una parcela de tierra determinada, donde debían producir, al tiempo de servir a los señores encomenderos (Rojas, 2016).
A partir de la independencia nacional en 1811, grandes cambios sucedieron en la estructura de tenencia de la tierra y el modelo productivo. Para consolidar la independencia del país, seriamente amenazada por otros países, el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia impulsó el fortalecimiento de la soberanía económica promoviendo un modelo productivo diversificado y orientado principalmente hacia el mercado interno, para lo cual realizó un proceso de transformación de las formas de tenencia de la tierra y su distribución. Por diferentes mecanismos, como medidas administrativas, confiscaciones y revisión de títulos de propiedad, el Estado se hizo con el control de la mayor parte de las tierras del país, destinándolas en gran medida a formar estancias agropecuarias estatales, que llegaron a ser 75 establecimientos, o a entregar en arrendamiento a la población rural para incrementar la producción (White, 1984).
Hacia fines del gobierno de Francia (1840), la mitad de los ingresos fiscales provenían de la venta de productos agropecuarios de dichas estancias, así como del arrendamiento de las pequeñas parcelas (Campos, 2010). Los sucesivos gobiernos de Carlos Antonio y Francisco Solano López (1844 – 1870), dieron continuidad al modelo de desarrollo autónomo y endógeno, aunque con una progresiva apertura comercial externa, y el inicio de un proceso de industrialización y de incorporación de tecnologías e infraestructuras (Coronel, 2011).
La guerra que libró el Paraguay contra la Triple Alianza entre 1864 – 1870, significó el fin del modelo de desarrollo autónomo y la implantación de una economía liberalizada y subordinada al capital internacional. El país perdió 15 millones de hectáreas a manos de Brasil y Argentina, la población se redujo a menos de la mitad, el Estado fue desmantelado, se inició el endeudamiento externo y se privatizaron empresas y propiedades públicas. La principal riqueza nacional, las tierras, pasturas, bosques y yerbales, fueron enajenados a favor de capitales privados, mayormente extranjeros, a precios extremadamente bajos, en grandes superficies dando pie al surgimiento de enormes latifundios extractivos, como los conocidos casos de las empresas extranjeras Carlos Casado, La Industrial Paraguaya, Matte Larangeira, Domingo Barthe, entre otras. Entre 1885 y 1914 se vendieron 23,2 millones de hectáreas, convertidos en latifundios para la extracción y exportación de maderas, tanino, yerba mate y ganado principalmente (Pastore, 2008).
Parte de la población campesina e indígena fue explotada en estos establecimientos, con la complicidad estatal que garantizaba formas de trabajo similares a la esclavitud (Barrett, 1908). Muchos campesinos pasaron a ser obreros rurales o sin tierras. En contrapartida, un poderoso sector terrateniente surgió en aquellos años, con fuertes vínculos con el Estado y con los principales partidos políticos, el Colorado y el Liberal (Codehupy, 2022). De esta manera se sentaron las bases de la estructura agraria del Paraguay durante el siglo XX, con una clase de campesinos sin tierra y la concentración extrema de la tierra bajo el control de agentes externos (Izá Pereira, 2022).
Las tecnologías emergentes de la revolución verde y el proceso de modernización agrícola generaron cambios en el modelo productivo desde la década del sesenta. Los grandes enclaves extractivos se fraccionaron progresivamente, pasando a constituirse en establecimientos agrícolas y ganaderos. Los extensos monocultivos fueron ganando territorios, en especial con la soja, trigo y algodón, financiados en gran medida con fondos de la Alianza para el Progreso, liderada por Estados Unidos. En los años setenta llegaron al país varias empresas agroindustriales, así como una gran cantidad de productores tipo farmer, mayormente brasileños, quienes “cruzaron la frontera en busca de tierras a bajo precio” (Izá Pereira, 2022, p. 79).
Paralelamente se desarrolló un proceso de creación de colonias campesinas en varios departamentos del país, que tenía entre sus objetivos crear una base campesina de apoyo político al régimen de Stroessner, y ampliar la frontera agropecuaria en nuevos territorios (Schvartzman, 2011). En dicho proceso, gran parte de las tierras colonizadas fueron a parar irregularmente a manos de terratenientes, políticos y empresarios, conocidas como tierras malhabidas, que sumaron unos 6 millones de hectáreas durante la dictadura de Stroessner (Comisión de Verdad y Justicia, 2008). En el mismo periodo, experiencias de organización campesina autónomas, como las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), que se desplegaron por varios años en diversas zonas del país, fueron brutalmente reprimidas y aniquiladas por la dictadura, a mediados de los años setenta (Caravias, 2011).
La caída del régimen stronista en 1989 no significó cambios estructurales, sino más bien la continuidad y profundización del modelo agroexportador, erigido sobre una enorme concentración de tierras. La Constitución Nacional sancionada en 1992 incluyó un capítulo sobre la reforma agraria y la necesidad de superar el latifundio, pero las políticas públicas posteriores no acompañaron dichos objetivos, sino todo lo contrario, fortalecieron al sector terrateniente y a los agronegocios. Las luchas campesinas e indígenas tuvieron algunas conquistas territoriales, aunque en un contexto de fuerte expulsión rural, represión y criminalización de parte del Estado (Rojas, 2016).
Los censos agrícolas de 1991 y 2008, ratificaron la extremada concentración de la propiedad de la tierra en el país, cerca del 1% de los propietarios poseen más del 70% de la superficie censada, mientras las fincas de agricultura familiar solo abarcaban el 5% de las tierras (MAG, 1992; 2009). En los últimos años, durante los gobiernos de Federico Franco (2012-2013), Horacio Cartes (2013-2018), Mario Abdo (2018-2023) y Santiago Peña (2023-2024), la expansión del modelo empresarial de monocultivos y ganadería para exportación siguió acaparando tierras y recursos, fortaleciendo la tendencia a la concentración de la propiedad territorial, lo que será nuevamente reconfirmado con los datos del último censo agropecuario, en el 2022.
El Proceso Del Censo Agropecuario Nacional 2022
Como en la mayoría de los países, en Paraguay las estadísticas agropecuarias se obtienen de varias fuentes, como las encuestas agropecuarias, los registros técnicos y administrativos, pero la más relevante, tanto por su alcance demográfico y territorial, como por la amplitud de la información recabada y los recursos invertidos, es el Censo Agropecuario Nacional (CAN), realizado en 2022 en su sexta edición en el país. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es el responsable de su ejecución por mandato de la Ley 81/92, de modo a mantener actualizadas las estadísticas agropecuarias. La anterior edición había sido realizada en 2008, pasaron 14 años hasta su nueva edición. El censo se enfoca en las áreas rurales, sobre establecimientos o fincas que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, entre otras, y la información corresponde al período agrícola que va del 1 de julio de 2021 al 30 de junio del 2022. Según consta en la publicación del censo, la metodología fue diseñada a partir de las directrices del Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020 de la FAO, utilizando conceptos, definiciones y metodologías internacionales normalizados3.
El censo 2022 fue financiado por medio de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado bajo el gobierno de Horacio Cartes en el 2018, por valor de 15 millones de dólares (Préstamo N° 4423/OC-PR). Sin embargo, recién tres años después, a través de un decreto presidencial4 del presidente Mario Abdo se concretó en 2021 la conformación de un Comité Técnico para la coordinación del mismo.
Desde la conformación de dicho Comité, el proceso del CAN ha despertado desconfianza entre diversos sectores, dado que como miembro del mismo solo fue incluida una organización privada, junto a cinco representantes de instituciones públicas (del ministerio de agricultura, de la dirección de estadísticas y censos, y de la universidad nacional). La organización integrada al Comité fue justamente el principal gremio de empresarios y terratenientes, denominada Unión de Gremios de la Producción (UGP). Pero no fueron invitados a ser parte ningún representante del sector campesino e indígena, lo cual evidenció el sesgo del gobierno a favor de dicho sector, lo que expresa una línea política que viene marginando a los sectores campesino e indígena tanto de las políticas públicas como del mundo rural (Heñói, 2022).
Lógicamente, la incorporación orgánica de ciertos representantes de intereses privados en el diseño, la planificación, la ejecución y el procesamiento del censo generaron desconfianza sobre la objetividad del mismo, lo cual tiene antecedentes en el histórico favoritismo hacia el sector de los agronegocios por parte de los gobiernos del Partido Colorado. El MAG, al ser consultado sobre por qué se dio ese tratamiento diferente, su director de Censos y Estadísticas, evidenció un doble criterio claramente sesgado e inequitativo, dado que afirmó que el gremio empresarial fue incluido con el fin de “poder tener la mayor información referencial del sector productivo a nivel empresarial”, al tiempo que no se incluyó a organizaciones campesinas e indígenas porque “el Comité Técnico es un área con funciones de coordinación técnica más que nada para hacer cumplir el cronograma de trabajo establecido”5. Esto denota que para el gobierno la información importante es la que tiene que ver con el sector empresarial, lo cual condice con la desigual implementación de políticas para uno y otro sector. Esta situación se vio posteriormente reflejada en las preguntas y en la forma de presentar resultados del censo, que buscan legitimar a un sector en detrimento del otro.
Uno de los aspectos donde esta situación se reflejó fue en la caracterización de las unidades básicas a ser censadas, donde los técnicos responsables establecieron los criterios para que sean consideradas como fincas agropecuarias, cuando cumplieran con al menos uno de los siguientes requisitos (MAG, 2023):
•Mil metros cuadrados en total (0,1 ha) con cultivos destinados a la venta;
•Tres animales vacunos mayores;
•Cinco ovinos, caprinos o porcinos;
•Cien aves de corral: gallos, gallinas, pollos/as, pollitos, patos, guineas, pavo o gansos;
•Diez colmenas;
•Quinientos metros cuadrados de espejo de agua para piscicultura para fines comerciales;
•Dos hectáreas de plantaciones forestales para fines comerciales.
Estos criterios definidos sin la participación de varios sectores tienen consecuencias, entre ellas no considerar a ciertas unidades observadas como fincas para los fines del censo. Por ejemplo, en el CAN 2008 (MAG, 2009, p. 12) el primero de los criterios era disponer de mil metros cuadrados de cultivos, pudiendo ser para el autoconsumo o el mercado, sin embargo, en el 2022 el requisito es que sean cultivos para la venta.
En la publicación del censo consta que se relevaron informaciones de 454.950 unidades de observación, de las cuales 336.742 fueron consideradas parcelas con alguna actividad agropecuaria, pero solo 291.497 calificaron como fincas agropecuarias a ser censadas. Una gran cantidad de unidades observadas no fueron consideradas como tales, entre ellas 46.611 unidades de consumo familiar (42.784 campesinas y 3.827 indígenas), así como 661 campos comunales, por lo que no fueron objeto de un relevamiento más detallado y no se publicó mayor información sobre ellas. Sobre la cobertura, el documento publicado expresa que:
...el CAN 2022, tuvo una tasa de omisión del 1% y una tasa de error de inclusión del 4% en la Región Oriental. Esto deriva una tasa bruta de error de cobertura del 5% y una tasa neta de error de cobertura del 3 %. La tasa de rechazo de la operación censal fue del 0,15 % (MAG, 2023, p. 24).
Por otra parte, también hay efectos y sesgos en ciertas preguntas y respuestas incluidas. A modo de ejemplo, en la pregunta sobre la pertenencia de los productores y productoras a algún tipo de organización, y a qué tipo, se incluyeron respuestas genéricas, con la excepción de dos de las opciones: si están vinculados a la ARP (principal gremio ganadero) o a una asociación de productores sojeros.
En el censo se incluyeron algunas preguntas no incluidas en el anterior, el CAN 2008: “El cuestionario del CAN 2022 abarca (...) temas similares al CAN 2008 y nuevas preguntas como las relacionadas con fuentes de ingreso de la finca, seguridad alimentaria, variables con perspectiva de género y comunidades indígenas” (MAG, 2023, p. 24).
Lógicamente no pueden hacerse comparaciones entre los dos censos en esas preguntas, pero en algunos puntos las publicaciones oficiales contienen comparaciones entre datos “no comparables”. Es lo que ocurrió con la variable del trabajo de las mujeres rurales, presentado como que aumentó en el periodo entre censos, cuando en realidad cayó.
Resultados del Censo Agropecuario Nacional 2022
Los resultados finales del CAN fueron presentados el 28 de junio de 2023 por parte del entonces Ministro de Agricultura Santiago Bertoni y el Presidente Mario Abdo, con un tono triunfalista, en el auditorio del Banco Central del Paraguay, frente a un público exclusivamente conformado por representantes de los agronegocios y funcionarios estatales, con la notoria ausencia de representantes campesinos e indígenas. Con las salvedades realizadas sobre los sesgos que se dieron durante el proceso del censo, igualmente es necesario analizar los datos publicados, que en líneas generales son preocupantes, y expresan las contradicciones del modelo productivo.
Los datos muestran claramente que la expansión de los agronegocios durante los 14 años que van del 2008 al 2022, se hizo a costa de la pérdida de territorios campesinos e indígenas, así como de alimentos, población rural y empleos. La superficie de monocultivos mecanizados, pasturas para forraje ganadero y plantaciones con eucaliptos creció exponencialmente, mientras los cultivos de alimentos como mandioca, porotos y maíces nativos disminuyeron. La población residente en las fincas rurales se redujo drásticamente, así como los empleos rurales, tanto de trabajadores/as en finca propia como de trabajadores/as asalariados/as.
Distribución de la Tierra y Usos
El censo cubrió las zonas rurales de los 17 departamentos del país, quedando excluidas las zonas suburbanas o periurbanas, donde también existen fincas, pero no fueron incluidas, pues según el documento oficial (MAG, 2023, p. 23) “Teniendo presente que territorialmente el sector agrario se desarrolla exclusivamente en áreas rurales (...) El levantamiento de datos se realizó en el área rural (...) excluyendo zonas suburbanas y periurbanas”. En la Región Oriental se encontraron 283.052 fincas agropecuarias, igual al 97% del total, y en la Región Occidental (Chaco) 8.445, solo el 3 %. La superficie total de las fincas agropecuarias sumó 30.401.660 hectáreas (ha), el 44 % en la Región Oriental (13.397.506 ha) y el 56 % en el Chaco (17.004.154 ha).
El CAN 2022 confirmó la continuidad de la histórica concentración de tierras, siendo Paraguay uno de los países más desiguales en su distribución. Las fincas mayores a 1.000 ha son solo el 1,6% del total, pero concentran el 77% de las tierras, como se presenta en el gráfico 1. Es decir, 4.524 grandes fincas acaparan 23,4 millones de ha. Por el contrario, las fincas de hasta 20 ha, mayormente campesinas, son el 82% (239.679 unidades), y solo acceden al 4,2% de las tierras (1,2 millones de ha).
Gráfico 1
Cantidad de fincas y superficie, según tamaño, 2022. En %
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
La comparación intercensal muestra un intenso proceso de fragmentación de las pequeñas fincas, pues aquellas de menos de 1 ha aumentaron 62% en cantidad y 35% en superficie (gráfico 2). Las fincas cuya superficie va de 1 a 20 ha se redujeron nuevamente, se fragmentaron en fincas más pequeñas o se incorporaron a fincas medianas y grandes, como ya había ocurrido entre los censos de 1991 y 2008. Esta caída de fincas campesinas es particularmente preocupante en algunas zonas, como el departamento Central, donde la cantidad se redujo en 51%. Las que más crecieron fueron las que tienen una superficie de entre 20 y 1.000 ha.
Gráfico 2
Variación de fincas y superficie según tamaño, entre el 2008 y 2022. En %
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Se constata además que la tierra está concentrada en cultivos empresariales, mayormente para exportación, mientras la superficie de cultivos campesinos e indígenas es muy reducida. Los principales rubros del agronegocio (soja, maíz modificado, arroz, trigo, etc.) abarcan el 95% de la superficie cultivada (5.491.771 ha), mientras que la producción campesina e indígena (maíces nativos, porotos, mandioca, maní, etc.), solo el 5% (312.427 ha), los cuales se sintetizan en el gráfico 3.
Gráfico 3
Cultivos temporales, empresariales y campesinos, 2022. En ha y % del total
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Los rubros del agronegocio se expandieron, la soja transgénica tuvo un crecimiento de más de un millón de ha, llegando a 3,5 millones (gráfico 4). También tuvieron fuerte expansión el maíz modificado, alcanzando 1,2 millón de ha, el trigo con casi medio millón. El arroz con riego fue el rubro que más creció porcentualmente, con un 507% de aumento, llegando a 205 mil ha.
Gráfico 4
Superficie de cultivos empresariales 2008 y 2022. En ha
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Los principales rubros de consumo alimentario nacional, representados en el gráfico 5, muestran la tendencia contraria, como la mandioca que se contrajo 15.255 ha, quedando en 155.439; el maíz chipa perdió 38.010, el pichingá 5.161, el locro 4.132 ha. También se redujeron el cultivo de maní, en casi 15.000 ha, los porotos 33.433 ha menos y el sésamo 21.217.
Gráfico 5
Superficie de cultivos campesinos 2008 y 2022. En ha
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Otros rubros empresariales que se expandieron fueron la ganadería y las plantaciones forestales, como muestran los datos del cuadro 1. Las pasturas para forraje cultivadas (alimento para ganado) se incrementaron en 51%, llegando a 6,7 millones de ha. Junto a las pasturas naturales, suman 16,8 millones de ha en el país, para la ganadería. El hato ganadero subió 2,7 millones de cabezas, llegando a 13,2 millones. Las plantaciones forestales aumentaron 82%, llegando a 277.512 ha, de las cuales el 94% corresponde a eucaliptos, cuyo destino principal será el de biomasa o materia prima industrial, lo que preanuncia gravísimas consecuencias sociales y ambientales a corto y mediano plazo, como el encarecimiento de los alimentos por la disputa territorial entre rubros, además de la previsible escasez de agua.
Cuadro 1
Cultivos forrajeros y plantaciones forestales, años 2008 y 2022. En hectáreas y % de variación
Año |
||||
2008 |
2022 |
Variación (%) |
||
Cultivos forrajeros |
“Cantidad |
79.863 |
70.600 |
-11,6 |
“Superficie |
4.450.535 |
6.717.521 |
50,9 |
|
Plantaciones forestales |
Cantidad de fincas |
18.281 |
13.566 |
-25,8 |
Superficie plantada |
152.208 |
277.512 |
82,3 |
|
Eucalipto |
Cantidad de fincas |
7.005 |
11.948 |
70,6 |
Superficie plantada |
54.914 |
259.639 |
372,8 |
|
Eucalipto sobre Total % |
36 |
94 |
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022f
Población Rural y Situación del Trabajo
El dato más alarmante que emerge del censo es probablemente la caída radical de la población rural residente en las fincas, lo cual demuestra que el campo se está despoblando aceleradamente. La población censada cayó 40% en solo 14 años, bajando de 1.077.589 personas en 2008 a solo 646.112 en 2022, lo que equivale a una reducción de 431.000 personas, proceso vinculado al desarraigo, expulsión y migración resultantes del modelo productivo extractivista y concentrador que se expandió en el mismo periodo, además del rol que ha jugado el Estado. Los datos incluidos en el cuadro 2 muestran que tanto la población de mujeres como de hombres cayó en un 39%.
Cuadro 2
Total de miembros del hogar residentes en finca, 2008 y 2022
Año |
Total de miembros del hogar residentes en finca |
Cantidad de miembros de 10 años o más |
Cantidad de menores de 10 años |
||
Total |
Hombres |
Mujeres |
Total |
||
2008 |
1.077.589 |
831.134 |
446.008 |
385.126 |
246.455 |
2022 |
646.112 |
507.156 |
272.041 |
235.115 |
138.956 |
Variación (%) |
-40 |
-39 |
-39 |
-39 |
-43,6 |
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Aún más grave es que la mayor reducción de población se dio en las franjas infantil, adolescente y juvenil, como se puede observar en el gráfico 6. La cantidad de menores de 10 años cayó 43%; los que tienen entre 10 y 14 años se redujeron en 80%, y los jóvenes entre 15 y 24 años en 66%. También se redujo la población entre 25 y 54 años. Solo aumentó el segmento mayor a 55 años.
Gráfico 6
Miembros de más de 10 años, residentes en finca, según rango de edad, años 2008 y 2022
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
En relación con el trabajo y el empleo, el censo muestra una gran regresión. Los trabajadores y trabajadoras residentes en finca se redujeron desde el 2008 en un 38%, es decir, se perdieron aproximadamente 276.000 puestos de trabajo. El modelo productivo y las políticas para el sector, presentadas como exitosas por el gobierno, han eliminados empleos, tanto independientes como de asalariados. Los miembros del hogar que realizan trabajos agrícolas o ganaderos en finca bajaron de 608.287 a 267.558 personas, una caída de 56%, como se observa en el gráfico 7.
Gráfico 7
Miembros del hogar residentes en fincas, por tipo de ocupación principal, años 2008 y 2022
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Como se ha señalado, uno de los datos del CAN presentado de manera engañosa fue el de la cantidad de productoras, pues mostraba que el trabajo de las mujeres creció 75%, pasando de 53.000 a 93.000 trabajadoras (MAG, 2023; p. 27), difundiéndose ampliamente el dato en medios de prensa. El análisis detallado de los datos muestra una realidad opuesta, las mujeres perdieron en el periodo 150.000 puestos de trabajo, el 39%. En la categoría ocupacional donde más perdieron fue en la de trabajos agrícolas y ganaderos en finca. El engaño del MAG se basó en tomar en cuenta la variable de “productores residentes en finca” (sería el jefe o jefa de finca, donde la proporción de mujeres aumentó por la fuerte migración masculina); además incluyeron en la comparación a quienes realizan trabajo doméstico, pregunta que no fue incluida en el 2008. Con ese ardid estadístico afirmaron lo contrario de lo que sucedió en la realidad, pues las mujeres residentes en finca de más de 10 años cayeron de 385.126 a 235.115, como se puede ver en el gráfico 8. Las que realizan trabajos agropecuarios se redujeron un 68%, mientras las que realizan trabajo doméstico en 2022 fueron 100.545 personas, no comparable con el 2008, cuando no fue incluida la pregunta.
Gráfico 8
MUJERES miembros del hogar de más de 10 años residentes en fincas, por tipo de ocupación principal, años 2008 y 2022
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
También se contrajo el trabajo asalariado como se observa en el gráfico 9, la cantidad de fincas con personas asalariadas cayó 58%, y los trabajadores de esta categoría ocupacional bajaron 45%, pasando de 320.428 a solo 175.913 personas, en un contexto de expansión de los cultivos empresariales, pasturas cultivadas y la reforestación con eucaliptos, ratificando que estas actividades con su expansión territorial, eliminan empleos, al ser intensivos en tierras y capital. Por otra parte, las fincas que accedieron a asistencia técnica solo representaron el 15,2% del total (44.279 fincas), mientras que los créditos productivos solo llegaron al 14,9% (43.489), en ambos casos provenientes de entidades tanto públicas como privadas.
Gráfico 9
Cantidad de fincas con asalariados, y cantidad de personas asalariadas, años 2008 y 2022
Fuente: Elaboración propia en base al CAN 2022
Síntesis y Conclusiones
Históricamente, el Estado paraguayo ha favorecido al sector empresarial y de grandes propietarios en la dinámica de disputa de modelos y recursos; lo mismo ha ocurrido nuevamente en torno al último censo agropecuario. En el periodo analizado la gestión de las estadísticas agropecuarias ha sido favorable a los agronegocios, con un claro sesgo en la gestión del propio árbitro estatal. El proceso de planificación, diseño, desarrollo y ejecución del CAN 2022, así como sus resultados, han confirmado tanto el poder del sector agroempresarial en el país como el favoritismo del gobierno hacia el mismo. Confirmó que, con la expansión de los monocultivos mecanizados, la ganadería industrial para exportación y las plantaciones forestales, la sociedad paraguaya ha perdido producción de alimentos para el mercado local, así como población y empleos rurales, con un modelo productivo que degrada gravemente los bienes comunes, la naturaleza, la tierra, el agua, la biodiversidad.
La dinámica hegemónica de quienes controlan y expanden el modelo extractivo primario exportador de base latifundista, ha contado desde hace décadas con la absoluta complicidad de los partidos políticos principales y del Estado, lo cual se ha expresado con mucha fuerza en el último periodo intercensal. Los resultados y las consecuencias están a la vista, una enorme concentración de la riqueza y la tierra, una expandida exclusión social, pérdida de empleos y deterioro del nivel de vida de las mayorías sociales, además de las pérdidas en el ámbito ambiental.
A partir de los resultados observados en el último censo, se presenta como un desafío el planteamiento de un cambio de paradigma productivo. Para ello es necesario que el Estado y la sociedad civil reconozcan los resultados negativos del modelo agroexportador, así como el valor que tienen los sectores campesino e indígena en la vida social, económica y cultural del país, y su contribución en la generación de empleos y alimentos, así como en la conservación de la naturaleza.
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1 El trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto de investigación “El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como proceso multidimensional: economía, cuestión agraria, educación y medio ambiente (2015-presente)” del Instituto de Altos Estudos do Mercosur (IMEA) de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Brasil (Convocatoria N/ 3/2021).
2 Maestrando en Ciencias Sociales (FLACSO Paraguay). Economista (Universidad Nacional de Asunción). Contacto: lurovilla@gmail.com
3 Ministerio de Agricultura y Ganadería, VI Censo Agropecuario Nacional 2022, disponible en https://can2022.mag.gov.py/geoportal/index.html
4 Presidencia de la República, Decreto N° 4795/2021, disponible en: https://www.presidencia.gov.py/url-sistema-visor-decretos/index.php/ver_decreto/27523
5 Portal Unificado de Información Pública. Solicitud N° 50.100.