EE.UU.-CHINA: rivalidad hegemónica y desglobalización.
América latina entre vientos cruzados

uS-China: Hegemonic Rivalry and Deglobalization.

Latin America between crosswinds

Rubén Laufer1

Fecha de recepción: 14/05//2025

Fecha de aceptación: 01/11/2025

RESUMEN

Sobre el trasfondo de la ofensiva mundial proteccionista del presidente de EE.UU. Donald Trump dirigida a restaurar el poderío de la industria estadounidense y ‘contener’ el ascenso de China, sigue delineándose -con múltiples fricciones con el anterior- un ‘nuevo orden’ internacional, igualmente multipolar y neoliberal pero impregnado de formas de capitalismo de estado para la competencia estratégica, y en el que se perfila como tendencia el predominio de China.

Para las naciones y pueblos de América Latina y el Caribe sigue planteado el requerimiento de remover la dominación de EE.UU. y otros imperialismos. Persiste, para ello, el interrogante sobre la naturaleza social, económica y política de la China actual y de sus asociaciones estratégicas, y la necesidad de promover verdaderas alternativas de desarrollo e integración regional basadas en el autosostenimiento, la cooperación regional, la autonomía y el no-alineamiento.

Palabras clave: EE.UU.- China; América Latina; Desglobalización.

ABSTRACT

Against the backdrop of US President Donald Trump’s global protectionist offensive aimed at restoring the power of US industry and “containing” China’s rise, a “new international order” continues to take shape—with multiple frictions with the previous one—an equally multipolar and neoliberal “order,” imbued with forms of state capitalism for strategic competition, and in which China’s predominance is emerging as a trend.

For the nations and peoples of Latin America and the Caribbean, the need to remove the domination of the United States and other imperialisms remains a pressing one. To this end, questions remain about the social, economic, and political nature of today’s China and its strategic partnerships, as well as the need to promote genuine alternatives for regional development and integration based on self-sufficiency, regional cooperation, autonomy and non-alignment.

Keywords: USA-China; Latin America; De-globalization.

Crisis, desglobalización y horizontes de guerra

El 2 de abril de 2025 el presidente de EE.UU. Donald Trump anunció barreras arancelarias contra las importaciones provenientes de casi todo el mundo, pero principalmente de China. Implementó un paquete proteccionista dirigido a recuperar la competitividad productiva y exportadora de la industria estadounidense y a ‘contener’ el ascenso de China. En el marco programático de la consigna ‘Estados Unidos primero’, la importación de productos chinos fue atacada con gravámenes de hasta 145%; en represalia, Beijing impuso aranceles de hasta 125% a productos de EE.UU. y estableció un listado de empresas estadounidenses sometidas a controles y prohibiciones de suministro de productos tecnológicos de doble uso (civil y militar).2 Aunque suspendidas y negociadas luego temporariamente con la mayoría de los destinatarios, habida cuenta de que Trump persiste en los objetivos proclamados ya durante su primera presidencia y que EE.UU. posee muchas de las principales multinacionales y representa cerca del 10% del comercio y el 20% de la inversión extranjera directa del mundo, la ofensiva intervencionista y proteccionista de la superpotencia que durante ocho décadas fuera baluarte del liberalismo económico sacudió todo el tablero geopolítico internacional. En 2019 el acuerdo preliminar de ‘fase uno’ alcanzado entre Washington y Beijing fracasó prácticamente de inmediato.3

Este es sólo el aspecto comercial de una guerra multidimensional e ‘híbrida’ en curso (Jalife-Rahme, 2020; Merino, 2025:29) entre dos bloques liderados respectivamente por Washington y Beijing, que ya impacta e impactará en la producción y los intercambios mundiales, en los mercados financieros, en las alianzas y alineamientos que tejen la superpotencia aún hegemónica y la nueva en ciernes con sus respectivos “amigos” y aliados, en la evolución pacífica o violenta de las relaciones entre las potencias y del sistema mundial de naciones, y en la inserción internacional de los países dependientes o ‘en desarrollo’ (PenD).4

La renovada prepotencia comercial y política de Trump en su segunda presidencia desde inicios de 2025 corona y al mismo tiempo intenta compensar el largo declive de la superpotencia norteamericana, reflejada en su creciente descomposición social (Morgenfeld, 2025), su enorme déficit fiscal, su relativo proceso de desindustrialización -en particular por relocalización de muchas industrias y cadenas productivas en el extranjero-, y el consiguiente debilitamiento de su producción manufacturera, de su competitividad internacional y de su posición en la disputa estratégica con la ascendente potencia china.

El agravamiento del nacionalismo económico de todas las grandes potencias, y la correlativa intensificación del proteccionismo industrial, de la guerra comercial, tecnológica y monetaria, y de las rivalidades geopolíticas, complejizan a un mundo ya agobiado por la recesión económica, las guerras de Ucrania y Gaza, la crisis climática y los efectos de largo plazo de la pandemia de Covid-19. Llegó a su fin el período de la globalización imperialista neoliberal materializada en el Consenso de Washington de la década de 1990 bajo la hegemonía de EE.UU. y sus principios de ‘libre mercado’, privatización, y apertura comercial y financiera, y se halla en curso lo que algunos analistas consideran una nueva era de des-globalización, nacionalismo económico, intervención estatal, y hasta de capitalismo de estado en diversas formas, en el que los estados -en primer lugar los de las potencias- intervienen ya abierta y sistemáticamente como promotores, representantes o propietarios del capital en prácticamente todos los espacios de la economía mundial capitalista (Alami y Dixon, 2021; Helleiner, 2021; Rolf y Schindler, 2023). En la nueva etapa abierta a partir de la crisis económica mundial de 2008 -aún no cerrada-, a impulso de distintas variedades de nacionalismo de gran potencia proliferan las prácticas económicas ‘iliberales’: controles estatales a las exportaciones, a las importaciones y a la inversión extranjera y propia con motivaciones de “seguridad nacional”; acuerdos bilaterales en lugar de multilaterales; políticas industriales proteccionistas -ya sea en la versión conservadora de los EE.UU. de Trump o en la desarrollista de la China de Xi Jinping-; guerras arancelarias y monetarias; boicots, represalias y contra-represalias comerciales y tecnológicas; políticas de ‘desacoplamiento’ y ‘reducción de riesgos’; promoción de alianzas y ‘alineaciones estratégicas’; presiones diplomáticas, sanciones económicas, formación de bloques y preparativos para la guerra.5

La dureza de la propia competencia capitalista terminó con la era de la ‘gobernanza’ mundial neoliberal y del consenso multipolar bajo la hegemonía económica y política estadounidense, y comienza a delinearse -con múltiples fricciones con el anterior- un ‘nuevo orden’ internacional, también multipolar y neoliberal pero al mismo tiempo impregnado de nuevas y variadas formas de capitalismo de estado para la competencia estratégica, y en el que se perfila como tendencia el predominio de China.

En el contexto de la globalización neoliberal de los ’90, las reformas capitalistas de Deng Xiaoping, y la emergencia económica y política de China y su nuevo rol en el mercado y el sistema mundiales, convirtieron al país asiático otrora socialista en una nueva gran potencia capitalista crecientemente capaz de competir e incluso, en perspectiva, amenazar la hegemonía económica y estratégica internacional de EE.UU. y desplazar a la superpotencia norteamericana en aras de un ‘nuevo orden mundial’ con una gobernanza multipolar, es decir más repartida y acorde a la ‘transición hegemónica’.

La profunda crisis económica mundial iniciada en 2008, con sus catastróficas consecuencias recesivas para la economía mundial y centralmente para la industria estadounidense -intensificadas luego por la pandemia de coronavirus de 2020-2022-, constituyó un punto de inflexión en el ascenso de China. Las nuevas estrategias de acumulación de las potencias y la sistemática intervención de sus Estados para el control y la disputa comercial y tecnológica, y para la conformación de alianzas y potenciales bloques defensivos u ofensivos, demandaron la reorientación y reorganización de las instituciones no sólo económicas sino también militares y de ‘seguridad’: así surgieron el Quad y el AUKUS liderados por EE.UU. en Asia-Pacífico, y la ‘diplomacia de guerrero lobo’ de Beijing para confrontar la ‘diplomacia de estados afines’ y de ‘cerco y contención’ de Washington contra China en los mares próximos a ese país y alrededor de Taiwán. Algunos autores califican el áspero entorno económico y político internacional originado entonces como ‘neoliberalismo militarizado’ (Wijaya y Jayasuriya, 2025).

China: corporaciones, política industrial, expansión mundial

En la historia del capitalismo, el crecimiento de los sectores económicos líderes ha estado siempre profundamente imbricado con los estados (Rolf y Schindler, 2023); éstos siempre han sido centrales para el proceso de concentración monopolista, para la ampliación de mercados y zonas de inversión y, en tiempos de crisis, para el ‘rescate’ de las corporaciones consideradas ‘demasiado grandes para caer’.

Aunque la trayectoria neoliberal de China ha sido muy diferente a la de Estados Unidos (Harvey, 2007; Weber, 2021), en ambos casos resultó en la concentración de la riqueza y del poder en manos de las élites tecnocapitalistas. Industrias y empresas estratégicas en la producción de inteligencia artificial (IA), baterías de litio para automóviles eléctricos y paneles solares, fabricación de autos eléctricos e híbridos, semiconductores y sus insumos básicos, son promovidas y protegidas con políticas industriales y acuerdos comerciales y de seguridad entre estados, lo que a su vez revierte en influencia y poder de decisión política de esas corporaciones dentro de los respectivos Estados. Esto vale para las chinas Huawei y BYD en igual o mayor medida que para las estadounidenses Nvidia y Tesla.

La variedad de neoliberalismo ‘con características chinas’ consolidada en China en las últimas dos décadas determina modos específicos de acumulación y de expansión mundial, y ha estado signada por el exceso de capacidad (la tradicional sobreproducción capitalista), crisis inmobiliarias y financieras, endeudamiento de los gobiernos locales, desempleo, y desaceleración del crecimiento (Wijaya y Jayasuriya, 2025). Desde los años ’90 estos fenómenos impulsan al gobierno chino -en su carácter de ‘capitalista colectivo’- a promover con estímulos, financiamiento y diplomacia del Estado a las corporaciones estatales y privadas para ‘salir afuera y hacerse globales’ a fin de obtener en otros países recursos naturales, ganancias e intereses.

El capitalismo chino -como el de todas las potencias- se prepara para nuevas etapas de la disputa hegemónica reforzando su competitividad internacional mediante la hiperconcentración de las corporaciones estatales y privadas, con el impulso y respaldo del poderío financiero y político del Estado a todos los niveles. El municipio de Shanghai fusionó recientemente las dos principales empresas de inversión estatales de la ciudad -Shanghai State-Owned Capital Investment y Shanghai Science & Technology Venture Capital, ambas controladas por el gobierno municipal- en una megacorporación inversora con activos por u$s 18.000 millones para respaldar la creación de empresas de innovación y tecnología y sus inversiones en el exterior; la primera es, a su vez, accionista de otras corporaciones como Shanghai International Port, Arcplus Group y Shanghai Electric Group; el funcionario-empresario encargado de la fusión fue jefe del partido dirigente (PCCh) local y presidente del Grupo de Desarrollo Económico Shanghai Lingang, la empresa estatal promotora del mayor parque industrial de Shanghai (Nikkei Asia, 2025).

Las llamadas ‘políticas industriales’ intervencionistas y proteccionistas de China no son una novedad. Aunque tienen origen en la era socialista (1949-1978), por entonces el desarrollo de las empresas estatales -y de buena parte de las colectivas y de las privadas, integradas todas a la planificación nacional- se regía por el imperativo de ‘la política al mando’, orientado por entonces no a la producción de ganancias y la acumulación de capital sino a la resolución de necesidades sociales, a la revolucionarización productiva y la propiedad social, y al desarrollo de la producción y la infraestructura nacional y colectiva. Fue el proceso de mercantilización abierto por la ‘reforma y apertura’ de Deng Xiaoping en 1978 -junto con el abandono de las estrategias de autosostenimiento y la masiva privatización o apropiación de las empresas urbanas y rurales por la nueva burguesía partidario-estatal y privada- el que redireccionó la intervención del Estado en la economía y en el desarrollo tecnológico hacia la acumulación de capital, la productividad capitalista, la conquista de mercados y áreas de inversión, la expansión interna y exterior de sus corporaciones, la búsqueda de hegemonía productiva y tecnológica, la competencia y rivalidad con las potencias dominantes, y el giro de prioridades de la política industrial de China desde la modernización económica hacia la ‘seguridad’ alimentaria, energética, tecnológica y militar (Naughton, Xiao y Xu, 2023) al punto de convertir la ‘seguridad’ en uno de los ejes centrales del 20° Congreso del PCCh en octubre de 2022.

Como consecuencia, aunque marcada desde los años ’80 por un signo social opuesto al anterior carácter socialista, esa tradición de más de siete décadas de concentración y centralización estatal -reconvertida en ‘acumulación originaria’ de la nueva burguesía- constituye hoy una ventaja decisiva de China y de sus corporaciones industriales y financieras sobre Estados Unidos y las demás potencias mundiales, en lo que hace a disponibilidad de recursos y obtención de mercados, áreas de inversión, y alianzas económicas y políticas en todo el mundo.

Desde 1978, durante más de 40 años las políticas estatales de China fueron generando redes industriales, comerciales, financieras y estratégicas y materializando una ‘división internacional del trabajo’ (D.I.T.) con centro en China -especialmente a partir de la implementación en 2013 del gigantesco proyecto de la Franja y la Ruta- básicamente similar a la impuesta por los imperialismos europeos desde el siglo 19: exportación de bienes industriales valiosos y de capitales en forma de Inversión Extranjera Directa (IED) y de préstamos, a cambio de importación de alimentos, insumos industriales y trabajo baratos.

En las décadas de 1990 y 2000, China se benefició de la imposición mundial del librecambismo neoliberal. En el contexto de la mercantilización capitalista de su economía, del acceso a los mercados ‘globales’ y del ingreso a la OMC (2001), la reconversión de cientos de millones de trabajadores del campo y la ciudad en proletarios, y la producción masiva de bienes de consumo para la exportación, generaron grandes rentas principalmente en manos de los empresarios estatales. De igual modo que para las corporaciones de las potencias ‘occidentales’6, las ganancias e intereses provenientes de las inversiones y préstamos de las corporaciones chinas en el extranjero, los mercados exteriores, y las cadenas de suministro centradas en China, se convirtieron en la principal fuente de ingresos que apuntala su enorme capacidad de inversión y financiamiento, fundamento a su vez tanto de sus altas tasas de crecimiento como de la influencia y el ‘poder suave’ de China en el mundo y especialmente en los países ‘en desarrollo’.

En el marco de la dura pugna hegemónica con la superpotencia estadounidense, los nuevos términos de la expansión de China son velados bajo una cuantiosa terminología globalista y neodesarrollista -‘cooperación para el desarrollo’, ‘complementariedad’, ‘multipolaridad’, ‘comunidad de futuro compartido’, ‘Sur global’, ‘desarrollo global’ y ‘seguridad global’ (Romero Wimer y Laufer, 2024)-; una terminología que atribuye a la falta de infraestructuras, y no a la dependencia y el sistema económico-social, el origen del atraso de los PenD y la necesidad imperiosa de capital extranjero para lograr el despegue industrial. En el marco de la ‘globalización’ capitalista a la que Beijing adhirió decididamente desde fines de la década de 1990, el encuadre del ‘desarrollo’ sirve a la expansión de las corporaciones estatales chinas para obtener acceso estable a materias primas, recursos y energía, y para emprender asociaciones y adquisiciones empresariales y abrir nuevas áreas de inversión segura a las corporaciones industriales y financieras de China para la realización y financiamiento de proyectos extractivos y de infraestructura: petroleros, mineros, ferroviarios, portuarios, viales, hidroeléctricos, de urbanización, etc.; Beijing fue conquistando este rol internacional, particularmente en Asia, África y América Latina, desde los años ’90 y, a partir de 2013, crecientemente a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR).

Así es como muchas empresas estatales chinas ingresaron en el listado de las corporaciones más grandes del mundo, obteniendo recursos, trabajo y dólares en países de los cinco continentes. En términos de ingresos, en la lista de Fortune Global 500 de 2014 figuraban 98 empresas estatales de China concentradas en energía, finanzas, telecomunicaciones, ingeniería y construcción, vehículos de motor y autopartes; pero en 2023 -apenas una década después-, figuraron ya 142 empresas chinas (entre ellas BYD, State Grid, China National Petroleum y Sinopec Group); tres empresas chinas integran las 10 primeras de Fortune Global 500 de 2024: State Grid (3ª), Sinopec (5ª), y China National Petroleum (6ª) (Diario del Pueblo, 2024).

El poderío económico alcanzado por China y sus corporaciones, y su lógica correspondencia en influencia política mundial, están en el trasfondo de su reclamo en favor de un mundo multipolar. Si en los ’90 Deng Xiaoping expresó su prevención sobre las posibles reacciones internacionales a la expansión de China con la fórmula “Esconde tu fuerza, aguarda tu momento”, la promoción de Xi Jinping a la cima del poder en 2013 mostró que la gran burguesía china consideraba ya llegado su momento, señalando de hecho la consumación -y no un desvío- de la consigna dengista. Los llamados de Beijing a la reforma de las instituciones internacionales, sus propuestas de ‘democratización’ de la riqueza y el poder globales a través de los BRICS y otras instituciones y agrupamientos, y sus esfuerzos por la conservación del “orden” mundial liberal-globalista frente a la prepotencia ultranacionalista de Washington, apuntan a la conformación de un entorno internacional no sin ‘polos’ de poder sino multi-polar, es decir un sistema económico y político mundial en el que Beijing ocupe el lugar que por su poderío considera le corresponde en la mesa del reparto de la ‘gobernanza global’.

Nueva fragmentación geopolítica, y ejércitos ‘de clase mundial’

En pos de proyecciones hegemonistas, EE.UU. y China vienen protagonizando sucesivos capítulos de tensión: la guerra comercial y tecnológica iniciada en 2018 por Trump en su primera presidencia; subsidios, sanciones y represalias; negociaciones y acuerdos bilaterales; acciones económicas y políticas discriminatorias y formación de nucleamientos regionales excluyentes y de doble fin (económico y militar); competencia entre megaproyectos a escala internacional basados en inversiones y financiamiento de Washington y Beijing como el estadounidense Build Back Better World (BBBW) y IFR; presiones sobre los países más débiles para ‘alinear’ sus estrategias de desarrollo y sus políticas exteriores con las de una u otra de las potencias, etc.

Invocando su recuperación industrial y su seguridad nacional, Washington sigue y seguirá adoptando medidas unilaterales contra las corporaciones y productos de China -controles a la exportación, órdenes de desinversión, aranceles y sanciones a las importaciones provenientes del país oriental y de países intermediarios del comercio y de las industrias chinas-; y sigue y seguirá promoviendo alineamientos económicos y estratégicos y la formación de pactos y alianzas subordinadas a sus prioridades en la pugna hegemónica. Como veremos en el apartado siguiente, esta estrategia económica y política de EE.UU. ya está activamente en curso en América Latina.

La alarma del gran empresariado estadounidense ante la declinación de su rol industrial, financiero y político mundial es lo suficientemente fuerte como para que una parte decisiva de él estuviera dispuesto a consagrar por segunda vez el histriónico y brutal hegemonismo de Trump, incluidas sus provocadoras proclamaciones expansionistas respecto de Panamá, Canadá y Groenlandia (Collinson, 2025). Pero otra parte advierte que el hipernacionalismo trumpista deteriora la posición internacional de EE.UU., e intenta conservar y desarrollar sus negocios ya considerablemente entrelazados con la producción y el mercado chinos (D’Angelo, Terré y Bergero, 2025) impulsando políticas de conciliación y acuerdos con Beijing. El gobierno de China incide sobre ese sector de las corporaciones estadounidenses y mundiales tentándolo abiertamente con las ventajas del mercado chino, para minar desde dentro el consenso bipartidista de Washington y la estrategia de los sectores anti-chinos de las burguesías monopolistas de otras potencias: a fines de marzo de 2025, días antes de las medidas de Trump, ejecutivos de multinacionales estadounidenses -Apple, Pfizer, Mastercard-, y de otras europeas -BMW, Mercedes, Astrazeneca-, asistieron en Beijing al ‘Foro de Desarrollo de China’, donde la máxima dirigencia del país las instó a ‘resistir al proteccionismo’ y a seguir invirtiendo en China (EFE, 2025).

Japón y Corea del Sur, que desde los años ’50 fueron baluartes de las estrategias estadounidenses de ‘seguridad’ y ‘contención’ contra Rusia y China, se apresuraron a consensuar con Beijing para afrontar colectivamente los aranceles de Trump, continuar el suministro recíproco de materias primas e insumos tecnológicos y reanudar las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio del grupo suspendidas desde 2019. Así Tokio y Seúl apuntaron a desandar el camino de ‘desacoplamiento’ que habían adoptado antes para reducir la dependencia respecto de China en sus equipos para la fabricación de semiconductores y en sus redes de comunicación nacionales; y esto, en los mismos días en que Japón proponía a EE.UU. constituir una zona militar de operaciones unificada con aliados regionales como Filipinas, Australia y Corea del Sur, con el fin de ‘contener’ la creciente alianza de China con Rusia y Corea del Norte (Siow, 2025). India por su parte, integrante del pacto militar cuatrilateral Quad liderado por EE.UU. pero a la vez asociada a China en el grupo BRICS+, advirtió al secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio sobre la importancia del acuerdo comercial bilateral en tratativas entre Washington y Nueva Delhi para su relación mutua en el Indo-Pacífico (Swissinfo.ch, 2025).

También se fisuró relativamente la alianza a la que Washington había logrado arrastrar a los países europeos en pos de la expansión de la OTAN hacia el Este y contra la subsiguiente invasión rusa a Ucrania, y que apuntaba -además de contra Moscú- a conformar un ‘frente’ común aliado a EE.UU. de contención y desacoplamiento económico frente a China. Una parte de las corporaciones de la UE, amenazada por la competencia china, mantiene su estrategia de ‘eliminación de riesgos’, e incluso presiona por políticas comerciales anti-chinas aún más duras; pero otro sector de ellas teme los efectos disruptivos de la estrategia de Washington sobre sus negocios mundiales y bilaterales con Beijing. En 2021 Washington y Bruselas habían coincidido en establecer un acuerdo global entre ‘naciones afines’ para la producción sostenible de acero y aluminio; incluso desde antes de la pandemia las corporaciones europeas intensificaban esfuerzos conjuntos para reducir costos y para asegurar sus cadenas de suministro, en respuesta a los aranceles y restricciones impuestos por EE.UU. y China: las potencias de la UE, alegando razones de ‘seguridad nacional’, impulsaron una investigación comercial sobre las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Bajo el manto ideológico de la defensa de los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong, las dirigencias europeas apuntan también a la defensa de sus mercados exteriores en los PenD para afrontar el desplazamiento de sus exportaciones industriales y tecnológicas o su control de industrias estratégicas en los países asiáticos, africanos y latinoamericanos por las corporaciones estatales o privadas de China. También Japón, invocando su ‘seguridad económica’, había aprobado en mayo de 2024 una Ley dirigida a minimizar las dependencias de sus cadenas de suministro respecto de China, fortaleciendo a la vez sus lazos estratégicos con EE.UU. (AsiaNews, 2024).

Como puede verse, en tiempos de crisis capitalista y ‘transición hegemónica’ las amistades y estrategias internacionales son fluidas y rápidamente cambiantes. Los daños que la ofensiva proteccionista de Trump generan a los intereses de las corporaciones europeas y japonesas vuelcan la voluntad de sectores de esas burguesías hacia posiciones de mayor independencia respecto de las estrategias de Washington: los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) anunciaron la adopción de represalias contra la guerra arancelaria de Trump si no hubiera una solución negociada, afirmando que su contraataque “golpearía más a la economía estadounidense que a la europea” (Público, 2025). Aunque EE.UU. sigue siendo el primer socio comercial de la UE, varios gobiernos europeos se mostraron receptivos a las propuestas negociadoras de Beijing, que ve una ‘ventana de oportunidad’ para profundizar sus vínculos con Europa en medio de las tensiones con EE.UU. (Hope, 2025). Y en cuanto a Japón, ya hemos mencionado su disposición a adoptar medidas conjuntas con China y Corea del Sur para afrontar en el Asia-Pacífico las disrupciones productivas y comerciales derivadas de las medidas proteccionistas de Trump.

Por su parte, y en resguardo de sus propias prioridades, China también avanza en el desacoplamiento económico respecto de las potencias de ‘Occidente’, en su apuesta por reducir la dependencia de productos e insumos extranjeros en tecnologías clave. A eso apuntaban ya de hecho iniciativas de Beijing como ‘Made in China 2025’, que pone límites de acceso a su mercado y establece políticas industriales, restricciones y regulaciones productivas y tecnológicas.

A partir de la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, y pese a que su ingreso fue estimulado por EE.UU., la competencia entre la superpotencia norteamericana y el gigante asiático pasó gradualmente a configurar el eje principal de las contradicciones mundiales entre las grandes empresas transnacionales, así como entre las potencias que las respaldan. Desde entonces Washington evidenció su inquietud frente al ascenso de China a través de políticas de ‘cerco y contención’. Sin embargo, entre 2009 y 2016 la estrategia de ‘pivot al Pacífico’ del demócrata Barack Obama y su Secretaria de Estado Hillary Clinton comprobó su insuficiencia.

A partir de su ascensión en 2017, el republicano Trump desencadenó contra China una sistemática guerra comercial y tecnológica, que su sucesor desde 2021, el demócrata Joe Biden, extendió y profundizó, promoviendo el distanciamiento de la economía de EE.UU. respecto de la de China con la idea de reducir las importaciones y la dependencia de las cadenas de suministro chinas. El carácter abiertamente imperialista de la estrategia estadounidense de ‘desacoplamiento’ se materializó en la extensión de su ofensiva al plano geopolítico, en la búsqueda de apoyo a esas medidas por parte de potencias y países aliados, y tratando de recuperar influencia económica y política en los países ‘en desarrollo’: la Estrategia de Seguridad Nacional de Washington definió a China como un competidor mundial que desafía el poder y erosiona los intereses estadounidenses. “La competencia con la RPCh es más acentuada en el Indo-Pacífico, pero también es cada vez más global. En el mundo entero, la contienda por establecer las reglas del juego y moldear las relaciones que rigen los asuntos globales se desarrolla en todas las regiones y en ámbitos como la economía, la tecnología, la diplomacia, el desarrollo, la seguridad y la gobernanza global.” (The White House, 2022:24).

En 2022, EE.UU. aprobó la Ley ‘Norteamérica compite’ para promover la innovación científica y tecnológica -y específicamente para contrarrestar la influencia de China en América Latina-, incluyendo fondos financieros en apoyo a la fabricación de semiconductores y de componentes críticos de la industria automotriz, productos electrónicos de consumo y sistemas de defensa; el Departamento de Estado, además, financiaría entrenamiento militar en ALC y destinaría U$S 100 millones anuales para propaganda estadounidense contra China (USA, 2022).

Paralelamente proliferaron a escala mundial las siglas de proyectos de Washington con el apoyo del ‘Grupo de los 7’, como las mencionadas BBBW de 2021 y la IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor, 2023). En el intermedio, en mayo de 2022, EE.UU. anunció también el IPEF (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity): con la participación de 7 países del sudeste asiático, se proponía contrarrestar la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), en vigencia desde enero de ese año, constituida alrededor de China por 15 países miembros de la ASEAN o socios de su TLC con el fin de ampliar las oportunidades de las corporaciones chinas y la integración de China con los países asiáticos, y promocionada como garantía en Asia de los principios liberales de multilateralismo y libre comercio (Ha, 2022).7 Casi simultáneamente (en junio de 2022), Biden proclamó la APEP (Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas) con 10 países de ALC junto a Canadá y EE.UU. La inefectividad material de todos esos proyectos de Washington retrata el creciente retroceso regional de Washington y su desconcierto frente al indetenible cambio de las relaciones de fuerza frente al rival chino (Katz, 2023).

La invasión y guerra de Ucrania desde febrero de 2022 precipitó nuevos reacomodamientos internacionales. Por un lado, aceleró el acercamiento geopolítico de Moscú a Beijing -ambos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU-, pero por el otro cohesionó a las potencias del G-7 en el objetivo de ‘contener’ la expansión económica global de China acusándola de connivencia con la agresión rusa. Desde fines de 2019 las potencias ‘occidentales’ ya habían utilizado, con la misma finalidad acusatoria contra China, la incertidumbre sobre los orígenes de la pandemia de Covid 19.

En el nuevo escenario mundial, en nombre de ‘un Indo-Pacífico libre y abierto’ la cumbre del G-7 de mayo de 2023 en Hiroshima, amplificó el consenso anti-chino entre EE.UU., las potencias europeas y Japón para hacer frente a lo que calificaban de ‘asertividad’ de Beijing en el Mar Meridional de China. El gobierno chino denunció al G-7 como instrumento político de la supremacía de EE.UU. y Occidente, al tiempo que fundamentaba su propio rol como motor económico mundial afirmando que la participación de ese grupo en la economía “ha ido disminuyendo, e incluso combinados contribuyen menos que China al crecimiento económico global” (DangDai, 2024).

De este modo se fue delineando y consolidando la carrera del mundo hacia su división en dos bloques de alianzas y esferas de influencia contrapuestas. Aun cuando China sigue dando por ahora prioridad a su propia modernización y crecimiento en la competencia con su rival estadounidense, la postura de no confrontación de Beijing no depende sólo de las conveniencias circunstanciales de sus hacedores de políticas. Sus programas de seguridad y ‘desacoplamiento’ pueden ser defensivos, pero implican desde hace décadas el fortalecimiento de unas fuerzas armadas ‘de clase mundial’ (es decir, no limitadas a sus fronteras). Si por decisión o error de cálculo Washington pone en riesgo los ‘intereses nacionales’ de China en cualquiera de sus formas -por ejemplo, en sus cadenas de suministro mundiales o regionales-, Beijing necesitará defenderlos.

No es casual, por eso, que proliferen en China teóricos ‘realistas’ de las relaciones internacionales -Cheng Yawen, Zhang Wenmu y otros- que consideran que la política exterior nacional de China debe decidirse por intereses geopolíticos y no por valores ‘morales’ como lo eran el antiimperialismo y la lucha por la revolución social en tiempos de la teoría maoísta de los ‘tres mundos’. Cheng -académico de la Shanghai International Studies University- estima que China “debe reexaminar su tradición pasada de multilateralismo (…) y reconfigurar un nuevo entorno internacional propicio para la seguridad nacional y el desarrollo a largo plazo de China” (Cheng, 2022). Desde un enfoque geopolítico centrado en el poderío nacional de China como eje de un nuevo sistema ‘global’ -de hecho, el ‘sueño chino de revitalización nacional’ de Xi Jinping-, propone a Beijing la adopción de una estrategia de ‘tres anillos’ conformados por los países vecinos de Asia Oriental, Asia Central y Oriente Medio; los países en desarrollo de Asia, África y América Latina; y los países industrializados, principalmente los de Europa y Estados Unidos. Para fortalecer su autonomía económica y política los PenD “deben romper con su dependencia financiera y monetaria de Occidente”, y China sería su respaldo. “China -indica- ha explorado esto mediante el desarrollo de swaps de divisas con algunas economías de mercado emergentes”. Y sintetiza los objetivos geopolíticos de su estrategia de ‘tres anillos’ concluyendo que “el surgimiento de un nuevo sistema global y la profundización de la cooperación Sur-Sur crearán las condiciones para que China se sitúe a la vanguardia de la economía y la política mundiales y movilice recursos globales para mitigar las presiones de Occidente”. (Cheng, 2022).

América Latina en un escenario de multipolaridad, “multi-disputa” y “multi-dependencia

Como ya sucedió con Japón y con los países europeos y algunos del ‘tercer mundo’ en el escenario de crisis y ‘guerra fría’ de la década de 1970, en un marco internacional de disputa hegemónica bi- o multi-polar, ciertos países y potencias pueden adquirir un cierto grado de autonomía en sus vínculos políticos, comerciales y de inversión. Sin embargo, en momentos de pausa o distensión -cuando entre las potencias dominantes prevalecen los acuerdos- esos vínculos pueden transformarse en una multi-dependencia capaz de condicionar y alterar aspectos importantes de su inserción internacional y de sus estrategias.

Los países del nuevo ‘Tercer mundo’ en general, y los de América Latina en particular, constituyen un escenario principal en la actual disputa hegemónica. La ofensiva arancelaria de Trump y las represalias de los países exportadores afectados por ellas convierten a los PenD en blanco de presiones de las potencias en favor de la imposición de políticas de apertura comercial para la colocación de sus excedentes industriales impedidos de ingresar en los mercados rivales.8

La amplitud de la crisis sistémica, y el agravamiento de la guerra comercial y tecnológica entre EE.UU. y China, empujan a todas las grandes potencias a reforzar en las áreas ‘en desarrollo’ las garantías de su propia seguridad alimentaria, energética, de insumos industriales, y la de sus inversiones, así como a procurarse alianzas y posiciones estratégicas para la expansión, protección y defensa de sus cadenas de suministro. De hecho, como resultado inmediato, mientras las barreras comerciales de Washington aumentaron el déficit comercial de EE.UU., China compensó sus pérdidas expandiendo su comercio con ASEAN y América Latina (El Economista, 2025). Las inversiones de China ya se habían incrementado en países como Vietnam, Tailandia y México a medida que los exportadores chinos buscaron trasladar sus bases manufactureras fuera de China para evitar los aranceles y sanciones de Washington.

En ciertos sectores populares y en parte de las burguesías industriales de América Latina han resurgido tendencias al rechazo de las políticas unilaterales de las potencias dominantes que los afectan: tendencias originadas en algunos casos en cierto sesgo nacionalista, y en otros apuntadas sólo a una relativa diversificación de dependencias. A pocos días de lanzada por Trump la nueva escalada de la guerra comercial, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) reunida en su IX Cumbre en Tegucigalpa (Honduras) esbozó la resistencia regional rechazando “la imposición de medidas coercitivas unilaterales” (Swissinfo.ch) y reclamando multilateralismo, democracia y respeto a la soberanía. Dos figuras convocantes del encuentro fueron Claudia Sheinbaum y ‘Lula’ da Silva, presidentes de México y Brasil, los dos mayores países de ALC.

Sin embargo, la pervivencia de sus propias dependencias externas en un marco multipolar limitan tanto a Brasil como a México en sus aspiraciones de autonomía frente a las potencias dominantes, y también en sus capacidades de liderar a ALC en sus reclamos de democratización económica del mundo: ambos líderes lo advirtieron en su momento respecto de China.9 México tiene a Estados Unidos como principal socio comercial: representa casi el 80% de sus exportaciones, por lo que el arancel proyectado por EE.UU. contra las importaciones desde el país vecino amenaza a la economía mexicana con una recesión (Santander, 2023). A la vez, el comercio de México también depende de China: en 5 años -entre 2018 y 2023- la masiva importación de insumos, materias primas y bienes de capital duplicó su ya enorme desequilibrio comercial con el país oriental; el 21,2% de lo que México exporta son componentes chinos previamente importados (Dussel-Peters, 2024). Por su parte Brasil -el principal socio latinoamericano de China- tiene desde hace varios años superávit comercial bilateral, pero al costo de un prolongado y aún vigente proceso de desindustrialización y reforzamiento de su matriz primario-exportadora e industrio-importadora; en 2023 sus ventas a Beijing fueron soja (35,4%), hierro (20,2%), petróleo (18,6%), carne vacuna congelada y pasta de celulosa (BBC, 2024). China también se ha convertido en una fuente decisiva de IED y de financiamiento con la participación de sus corporaciones en grandes proyectos de redes de electricidad (State Grid, State Power, Powerchina) y de telecomunicaciones (Huawei), portuarios (la corporación agrícola COFCO), plantas de vehículos eléctricos, etc. Pero, al mismo tiempo, sumando inversiones y comercio de bienes y servicios, EE.UU. sigue siendo aún el principal socio económico de Brasil, primer destino de sus exportaciones de productos manufacturados e importante fuente de insumos industriales del país latinoamericano, por lo que también es duramente afectado por la política comercial de Trump (Gobierno de Brasil, 2024).

Las dirigencias de numerosos PenD (entre ellos muchos latinoamericanos) confían en la posibilidad de aprovechar en beneficio propio la competencia hegemónica entre Washington y Beijing con el fin de obtener beneficios de ambas partes (CEPAL, 2023: 123). A impulso de esa alternativa, en muchos países de Asia, África y América Latina se implementaron en las últimas dos décadas estrategias ‘neodesarrollistas’ centradas en la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala y con financiamiento de China y/o de las instituciones financieras internacionales, dirigidas a integrar sus exportaciones de productos básicos en las ‘cadenas globales de valor’ (CGV) (Schindler, Alami y Jepson, 2022). Bajo banderas de ‘transformación estructural’, el capital extranjero asociado a la inversión o al financiamiento de esos proyectos, y las potencias que promueven la expansión mundial de sus corporaciones, propician la estrategia de integrar las producciones de los países ‘en desarrollo’ en las CGV creadas y regidas por esas corporaciones.

En los países latinoamericanos se ha generalizado el doble enfoque de ‘desarrollo basado en infraestructuras’ y de ‘infraestructuras basadas en deuda’ (Laufer, 2024); en tal enfoque, buena parte de las clases dirigentes locales converge con la dirigencia empresarial estatal y privada china para emprender obras de infraestructura, desde la construcción y/o ampliación de los puertos marítimos de Chancay, Corío y Santos en Perú y Brasil, hasta la renovación del ferrocarril cerealero Belgrano Cargas en Argentina; y desde las mega-represas Coca-Codo Sinclair en Ecuador, y Kirchner y Cepernic en Argentina, hasta la expansión de la minería peruana y la instalación de plantas de autos eléctricos en Brasil. Pero ese rumbo, al estar asociado no al desarrollo del interés nacional sino al de los grupos dominantes de las clases dirigentes locales, no ha fundamentado un desarrollo diversificado y autosostenido; en las últimas dos décadas más bien ha consolidado las antiguas estructuras primario-exportadoras y dependientes, abriendo paso, a lo sumo, a una industrialización limitada, complementaria e igualmente dependiente de inversión y financiamiento extranjero. Este modelo de desarrollo es promovido activamente por la dirigencia china y por sectores de las clases dirigentes locales asociados a aquellas.

En el actual contexto de disputa hegemónica entre las grandes potencias, China apunta a reforzar su presencia en Sudamérica. El megapuerto de Chancay en el Pacífico peruano -inaugurado en noviembre de 2024 con la presencia del presidente chino Xi Jinping-, propiedad mayoritaria de, y operado por, la naviera china Cosco, y el megaproyecto ferroviario interoceánico que, atravesando Bolivia, uniría Chancay con el gran puerto de Santos actualmente en proceso de ampliación por la china Cofco, optimizarían a través de ese inmenso corredor interoceánico los tiempos y costos para la salida de exportaciones agrícolas y mineras sudamericanas hacia China, y también para el ingreso masivo de bienes industriales y de capital del país oriental a América del Sur. La materialización de la vía interoceánica ayudaría a China a reducir su dependencia del Canal de Panamá, sujeto a tensiones diplomáticas y geopolíticas en el ‘patio trasero’ de EE.UU.

Para los países de América Latina y el Caribe, con una larga historia de opresión por parte de los imperialismos europeos y estadounidense, el ascenso de China como potencia significó una alternativa como mercado comprador y proveedor y como fuente de inversión y financiamiento. Y lo fue, al punto de que en las últimas dos décadas China se posicionó entre los primeros socios comerciales y financieros de la mayoría de los países de ALC: es el segundo socio comercial más grande de América Latina y el primero de Brasil, Chile y Perú; aunque estos últimos tienen superávit comercial con China, ello ha sido a costa del retroceso industrial y el reforzamiento de la matriz primario-exportadora y extractivista. En términos de inversión, América Latina pasó a ser el segundo mayor destino de la inversión extranjera de China -después de Asia-, y China también es el principal proveedor de IED para la región: desde 2010 aumentó rápidamente el arribo de sus transnacionales, así como su participación en contratos estatales y sub-nacionales de obras y concesiones. Las inversiones de China en ALC se han diversificado cada vez más, abarcando desde energía, minerales e infraestructura hasta sectores como energía limpia, industrias verdes, fabricación de alta gama, economía digital y agricultura (Xinhua, 2025)10.

A partir de 2018 el desembarco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en ALC potenció los objetivos acordados en 2015 por el Foro China-CELAC: desde entonces hubo masivas inversiones chinas en puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones y represas. Aunque muchas de ellas dieron pie a acusaciones de EE.UU. por supuestos casos de corrupción, daño ambiental y trampas de deuda generadas por China -son casos salientes los de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en Ecuador, el megapuerto de Chancay en Perú, las represas Kirchner y Cepernic en Argentina y la infraestructura 5G en Brasil (Schultz, 2024)- las masivas inversiones chinas se constituyeron efectivamente en una alternativa a las ‘tradicionales’ de EE.UU. y Europa para el acceso de muchos países latinoamericanos a la inversión y el financiamiento extranjeros, y especialmente para la construcción de grandes obras de infraestructura. Entre 2005 y 2020, la inversión china se concretó en 150 fusiones y adquisiciones chinas de empresas locales o extranjeras ya existentes por U$S 83.000 millones, mientras que se anunciaron 652 proyectos nuevos por U$S 75.000 millones (Schultz, 2024).

Lo dicho ejemplifica hasta qué punto están redireccionándose hacia China -como en anteriores épocas hacia Europa y luego hacia Estados Unidos- los flujos comerciales, el origen de las inversiones industriales y financieras, la ‘cooperación’ financiera y las asociaciones empresariales en nuestro subcontinente: muchos gobiernos regionales, tanto de base democrática y progresista como el de Lula en Brasilia, como de raíz golpista y conservadora como el de Dina Boluarte en Lima, han convertido de hecho la asociación estratégica con China en ‘política de estado’. Brasil y Perú representaron casi dos tercios (64,8%) del valor de las exportaciones enviadas en 2024 por América Latina a China; sólo desde Brasil se embarcó el 55,5% de todas las exportaciones de la región a China. La proyectada red de comunicación interoceánica concita el apoyo de la burguesía industrial brasileña, que compensaría la ruinosa competencia interna de la industria china colocando parte de sus producciones en Perú y Bolivia (NODAL, 2025).

La potencia asiática es también el mayor inversor y primer socio comercial en el sector de la minería, decisivo para las clases dirigentes del Perú y principal fuente de ingresos nacionales. El grueso de las exportaciones de ese país son productos minerales y alimentarios, principalmente cobre y sus concentrados, hierro, plomo y harina de pescado, y desde 2012 China es el principal destino de las exportaciones peruanas por encima de la UE, EE.UU. y los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). A su vez, las importaciones de Perú desde China son fundamentalmente bienes industriales: electrónicos, vehículos y aparatos de telecomunicaciones (Sarapura, 2024).

La IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC de mayo de 2025 en Beijing, en plena guerra arancelaria entre EE.UU. y China, intensificó el rumbo de unidad bi-regional contra el proteccionismo y en defensa del multilateralismo, llamó a una cooperación internacional más inclusiva y sostenible (aunque sin aludir a la necesidad de cambios sociales y estructurales que la posibiliten), y recibió ofertas de financiamiento chino al desarrollo a través de una línea de crédito para los países de ALC por U$S 9.200 millones. En su discurso de apertura el presidente chino Xi Jinping celebró que el intercambio comercial entre China y ALC superó por primera vez en 2024 los U$S 500.000 millones, pero no mencionó la composición profundamente desigual de esos intercambios.

En suma: la alternativa de la asociación comercial, inversora y financiera de ALC con China no impulsó hasta ahora cambios estructurales ni sociales; tampoco se materializó en avances en el desarrollo y la integración regional en términos de autonomía industrial y tecnológica. De hecho, las asociaciones estratégicas ALC-China vienen induciendo la reiteración y reforzamiento de una relación comercial asimétrica y de procesos de desindustrialización y reprimarización extractivista y exportadora, concentración de capitales, y dependencia de paquetes tecnológicos -en particular para la producción agropecuaria y minera- en manos de multinacionales de la potencia asiática. La ‘modernización’ de ferrocarriles, puertos, proyectos de ‘corredores’ comerciales y zonas económicas especiales,11 centrales hidroeléctricas y nucleares, centros de observación espacial y otros grandes proyectos, es crecientemente asociada al mercado, al financiamiento y a las prioridades estratégicas de la potencia oriental. La ‘complementariedad’ que invocan la dirigencia de China y sectores poderosos de las dirigencias de América Latina no alude a las necesidades del desarrollo nacional y social de las naciones de ALC, sino a la correspondencia de los intereses de una parte de las clases dirigentes latinoamericanas con los de la burguesía corporativa china; la asociación estratégica con Beijing -incluso durante la ola de gobiernos latinoamericanos reformistas y neodesarrollistas de 2005-2015 (Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador)- no ha revertido en diversificación productiva, autosostenimiento y desarrollo industrial y social sino -más allá de la temporaria creación de empleo y estímulos a ciertas producciones complementarias locales- en mayor reprimarización de las estructuras productivas, desindustrialización, endeudamiento (no sólo respecto de las instituciones financieras de China sino de las de ‘Occidente’, de las cuales Beijing es parte) y, en definitiva, dependencia.

En la práctica, con ello se han debilitado o retrogradado en muchos países de ALC las conquistas y logros de las fuerzas sociales y políticas asociadas a perspectivas de diversificación industrialista, autonomía, integración regional, e incluso de desarrollo democrático, como se verificó -entre otros casos- en la creciente dispersión política regional en los convenios con China, y en el avance económico y estratégico de Washington y de modalidades políticas fascistas bajo los gobiernos de Jair Bolsonaro en Brasil y de Javier Milei en Argentina.12

La sistemática injerencia económica y política de Washington, y la estrategia de los gobiernos de ALC de reclinarse alternativamente y hacer concesiones a una u otra de las grandes potencias -o a ambas simultáneamente- para ‘aprovechar’ sus necesidades de expansión y sus contradicciones para obtener ‘cooperación’ de ambas partes, abrió en la última década para los PenD -no sólo en América Latina- un período de profunda inestabilidad política “en medio de presiones de ambos lados, con el consiguiente riesgo de romper con un bloque u otro” (FMI, 2023:103). La misma inestabilidad genera la falta de una perspectiva de desarrollo conjunto regional, independiente y autosostenido.

En abril de 2025 Washington pudo, así, imponer a Panamá un retroceso de medio siglo en su soberanía nacional sobre el Canal interoceánico al arrancarlo, con presiones y amenazas al presidente Mulino, de manos de la empresa china Hutchison para pasarla a las del fondo buitre estadounidense Black Rock.

La Argentina presidida por Javier Milei, públicamente alineado a Washington, sufre igualmente el desgarro de la disputa geopolítica. Por el momento, la desembozada intervención financiera y electoral del presidente Trump, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el jefe del Comando Sur Alvey Hosley y otros representantes de la dirigencia estatal estadounidense, no han sido suficientes para disolver los lazos que unen los intereses de poderosos grupos de las clases dirigentes y en particular de los agroexportadores locales con los de China. Beijing dio de hecho respaldo político al programa económico neoliberal, antiindustrialista y privatizador del gobierno de Milei al postergar en junio de 2025, por segundo año consecutivo, el vencimiento de un tramo de u$s 5.000 millones del swap vigente desde 2018 (DangDai, 2025). China colaboró así con el ‘equilibrio fiscal’ del gobierno de Milei en momentos en que éste agigantaba el desequilibrio aumentando el endeudamiento externo del país, mientras los recursos para pagarlo seguían proviniendo básicamente de nuevos endeudamientos con el FMI y el gobierno de EE.UU. La contrapartida económica de ese respaldo se verificó con la visita, a principios de mayo de 2025, de una comitiva de altos funcionarios y representantes de corporaciones de China (Sinograin, Power Construction, China Railway, ZTE, Hisense y otras) vinculadas con compras chinas de soja e inversiones chinas en infraestructura, energía, transporte, finanzas, productos electrónicos y telecomunicaciones.13 Paralelamente, y a modo de ‘compensación’ a Washington, Milei anunció la cesión -acordada con la jefatura del Comando Sur-, de una base militar estadounidense en la estratégica provincia sureña de Tierra del Fuego frente a la Antártida, acentuando la entrega de porciones crecientes de soberanía económica y política del país sudamericano a manos de las potencias en pugna.

China, sin embargo, volvió a beneficiarse en setiembre de 2025 con la efímera eliminación por 3 días de retenciones a las exportaciones agrícolas; en ese brevísimo período la potencia oriental reservó 20 buques Panamax para el envío de 1,3 millones de toneladas de soja desde los puertos del Gran Rosario a partir de noviembre, contrariando los intereses de las compañías exportadoras de EE.UU. impedidas de venderle a Beijing por las prohibiciones de Trump. En el plano interno, la medida gubernamental favoreció sólo a un pequeño grupo de multinacionales exportadoras, entre ellas la estadounidense Cargill y la china Cofco (Giménez, 2025).

Un artículo oficial de la agencia gubernamental Xinhua (9-4-2025), titulado “China y América Latina se dan la mano a través del océano para una cooperación cada vez mayor”, refleja los objetivos de la geopolítica china en ALC. Conviene repasar en detalle los condicionamientos de Beijing a su ‘cooperación de beneficio mutuo’ allí contenidos ya que, en la actual etapa de agudización de la disputa hegemónica con EE.UU. por el subcontinente latinoamericano, la nota sugiere de hecho un programa para la alineación regional y para la alianza estratégica de sectores empresariales, políticos, académicos y otros de las clases dirigentes de ALC con los requerimientos del mercado comprador y del capital financiero estatal y privado de China.

Según la agencia oficial china, a través del nuevo puerto de Chancay salieron productos agrícolas como cerezas de Chile, arándanos de Perú, carne vacuna de Argentina, camarones blancos de Ecuador y café de Brasil, mientras que ingresaron a los mercados internos de la región automóviles y electrodomésticos fabricados en China. Aunque esta misma composición del intercambio entre ambas partes perdura desde hace más de dos décadas, el artículo no hace referencia a la naturaleza desigual, deficitaria y a los efectos desindustrializadores que este tipo de comercio ya ha tenido para los países de ALC.

Xinhua destaca que, sobre la base de este vínculo, China ha “multiplicado su círculo de amigos del libre comercio” en la región, “firmando TLC’s con Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, negociando otros con El Salvador y Honduras, y promoviendo activamente este tipo de acuerdos con más naciones”. Este último fue el caso de Uruguay, donde el anterior gobierno de Lacalle Pou negoció su TLC con Beijing por fuera y en sentido opuesto al proceso de integración del Mercosur.

Xinhua enfatiza casos de participación china en la construcción y financiamiento de proyectos regionales de transición energética como las plantas fotovoltaicas de Mauriti en Brasil y de El Hato en Nicaragua, realizados con insumos y bienes de capital chinos; no menciona, en cambio, casos de respaldo de China a la proyectación, construcción y operación de obras industriales o de infraestructura regionales o nacionales con capacidades técnicas y financieras propias.

Aunque invoca el multilateralismo y se opone “al proteccionismo comercial y de inversión”, Xinhua reclama que el modelo de desarrollo regional asegure a las inversiones chinas “garantías institucionales duraderas y sostenibles” en el marco de los TLC bilaterales y de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, y que la cooperación “tenga en cuenta el mercado regional completo en lugar de sólo incluir la cooperación entre pares”.

En suma, el modelo de cooperación de Beijing requiere que los gobiernos latinoamericanos concedan garantías a las inversiones chinas; se fundamenta en las tradicionales ‘ventajas comparativas’ que -al igual que ha sucedido históricamente con EE.UU. y las potencias europeas- consolidan la especialización primario-exportadora regional.

De este modo, en verdad, todos los acuerdos bilaterales de inversión y financiamiento se caracterizan por su unidireccionalidad -de China hacia América Latina-, y consolidan las dependencias estratégicas de largo plazo que, para los países ‘en desarrollo’, se traducen en la operación extranjera de las infraestructuras productivas, energéticas, de transporte, etc., la dependencia de tecnología importada, la remisión al exterior de los beneficios producidos, y las implicancias de seguridad y defensa nacionales que conlleva el dominio tecnológico y operativo extranjero de ese tipo de infraestructuras.

Una consecuencia de largo alcance de estas dependencias para las economías de ALC, crecientemente dependientes del mercado, los bienes industriales y de capital, las inversiones y los préstamos de China, con sus mercados internos invadidos por bienes extranjeros y sus producciones nacionales desnacionalizadas, es su marcada vulnerabilidad o impotencia para contrarrestar la incrementada presión estratégica de EE.UU. y otras potencias, y para afrontar los efectos de la guerra comercial y tecnológica entre los poderes hegemónicos sobre el comercio y la inversión regionales.

Reflexiones finales

Lejos de gestar una nueva división internacional del trabajo, la actual etapa de desglobalización y de intensificadas rivalidades estratégicas entre las grandes potencias está consolidando la tradicional brecha internacional entre las potencias dominantes y los países dependientes. En el marco del declinante poderío de EE.UU., la prepotencia hegemonista de Washington bajo la nueva presidencia de Donald Trump acentúa todas las tensiones internacionales e impregna el escenario latinoamericano de mayores inestabilidades económicas y políticas.

Desde que Beijing comenzó a gestar su ascenso económico a fines de la década de 1990 a través de las estrategias de ‘Salir afuera y hacerse globales’, materializadas en la inversión masiva de sus corporaciones estatales y privadas en el extranjero y la consiguiente competencia con las potencias occidentales y Japón, China implementó activamente el ‘poder suave’ y la ‘diplomacia del yuan’ de sus préstamos y swaps para establecer relaciones duraderas con las clases dirigentes del ‘Sur global’, y ha sido -al igual que Rusia- sistemática promotora de un orden internacional multipolar, contrapuesto a un mundo unipolar dominado por el imperialismo estadounidense.

Aunque muchos intelectuales y analistas de distintas vertientes de izquierda y progresistas celebran la perspectiva multipolar como una democratización antiimperialista del poder y la riqueza mundiales. Ese reclamo, en verdad, no apunta a constituir un mundo sin polos de poder; más bien expresa los objetivos de un pequeño número de polos mundiales de poder que confrontan con el hegemonismo de EE.UU. y aspiran a un lugar preponderante en la ‘gobernanza’ global (Krishnan, 2022).

Como vimos anteriormente, la disputa hegemónica entre las mayores potencias sigue generando múltiples formas de injerencia política y presiones económicas sobre los países ‘en desarrollo’ en favor de políticas de liberalización económica, apertura comercial y financiera, entrega de recursos y privilegios al capital extranjero14, subdesarrollo de las industrias nacionales y de los mercados internos, endeudamiento y precarización de las condiciones de producción, de trabajo y de vida, y, en definitiva, modelos de ‘cooperación’ apuntados a que los PenD ‘alineen’ sus estrategias de desarrollo con las prioridades de unas potencias y las ‘desacoplen’ de las potencias rivales.

Mirado en perspectiva histórica, este escenario es similar al que en la segunda mitad del siglo 20 determinó en muchos países afectados por la pugna hegemónica entre las dos superpotencias de entonces, EE.UU. y la URSS -en esos años ya muy alejada del socialismo- la necesidad de apoyarse recíprocamente, cuestionar a las instituciones económicas y financieras internacionales, y adoptar posiciones de autonomía, no-alineamiento y cooperación entre pares.

De igual modo en el presente, para los países ‘en desarrollo’ -entre ellos los de América Latina-, la capacidad de contrarrestar conjuntamente las presiones hegemonistas y los efectos de la guerra comercial y tecnológica de las potencias dominantes requiere políticas de independencia y soberanía. El acceso, posesión y control de los recursos, medios productivos y riquezas de tierra, mar y espacio del llamado mundo ‘en desarrollo’, así como sus modos nacionales de integración y agrupamiento regional y sus alianzas económicas y políticas, ejercidos soberanamente por sus naciones, será el impulso y garantía de una verdadera democratización de las relaciones internacionales.

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1 CIHESRI (Centro de Investigaciones Históricas, Económicas, Sociales y de Relaciones Internacionales), Universidad de Buenos Aires. Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales (RIES), Universidad Latinoamericana (Foz do Iguaçu). Correo electrónico: rbnlauf@gmail.com.

2 Como bien señala un ex diplomático y analista de relaciones internacionales de EE.UU., la ‘contención’ de China fue parte sustancial de la plataforma que proyectó a Donald Trump como candidato presidencial de las corporaciones estadounidenses: hacia 2016 China ya implementaba su política de seguridad basada en la ‘fusión civil-militar’, y la escalada económica y política de la competencia entre Washington y Beijing diluía la distinción entre tecnología militar y civil haciendo que “prácticamente cualquier cosa tuviera un doble uso” (Freeman, 2021:323).

3 Al cierre de la revisión de este artículo, los escasos acuerdos emergentes del encuentro entre los presidentes de EE.UU. Donald Trump y de China Xi Jinping en Busan (Corea del Sur) generaban expectativas, pero también dudas acerca de su viabilidad. Aunque se proponía reducir las tensiones generadas por la etapa de rivalidad yguerracomercial y tecnológica iniciada por la primera presidencia de Trump, al término de la reunión bilateral sólo se dieron a conocer algunos vagos compromisos de ambas partes: Beijing limitaría su prohibición a las exportaciones chinas detierras raras”; Washington reduciría los aranceles estadounidenses a las importaciones procedentes de China y permitiría algunas compras chinas de cierto tipo de productos (chips) de la corporación Nvidia; genéricas referencias a la guerra de Ucrania con Rusia; y todo relativizado, además, por el llamado de Xi aambas partesaadoptar una perspectiva a largo plazo, centrarse en los intereses de cooperación y evitar caer en un ciclo de represalias” (Vocofm.com, 2025).

4 La expresión ‘en desarrollo’ es ambigua ya que, haciendo referencia al desempeño económico de la gran mayoría de los países de Asia, África y América Latina, indica apenas una diferencia de grado respecto de las potencias o países llamados ‘desarrollados’ o ‘industrializados’ y oculta la responsabilidad de las potencias ‘desarrolladas’ en la opresión y ‘subdesarrollo’ de los países dependientes. En este trabajo, el concepto ‘en desarrollo’ alude a países cuya dependencia deviene del peso interno que tiene el capital financiero de las grandes potencias, en forma directa o a través de su asociación con sectores de las clases dominantes locales, en las estructuras económicas y estatales (Spiguel, 2025:41 y sig.). Los países dependientes son, así, un elemento clave en la expansión mundial del capital monopolista y en la competencia inter-monopolista e inter-imperialista. Mantenemos sin embargo la denominación de países o mundo ‘en desarrollo’ debido a que el concepto es de uso ya generalizado en medios académicos y periodísticos.

5 En nuestra época de imperialismos, desde hace más de un siglo el nacionalismo y el capitalismo de estado tienen contenidos muy distintos según se trate de países dependientes (o ‘en desarrollo’) o de las grandes potencias. En los primeros, los gobiernos de base popular o las burguesías nacionales suelen apelar a esas estrategias como mecanismo de defensa o protección de sus recursos naturales, sus producciones nacionales y sus mercados internos de la rapiña y la competencia desigual de las poderosas corporaciones industriales, financieras y comerciales de las potencias. En cambio, el nacionalismo y el capitalismo de estado de los grandes poderes mundiales (expresión del poder concentrado de las corporaciones sobre las estructuras económicas y estatales de sus países), aluden al poder de decisión económico y político y al nacionalismo expansionista de las burguesías monopolistas -tanto privadas como estatales- de los imperialismos. Esas tendencias se refuerzan en los períodos de crisis o de agudización de la competencia y la rivalidad hegemónica entre las corporaciones y potencias para asegurarse mercados, áreas de inversión, cadenas de suministro, puntos estratégicos, etc. En este plano las diferencias entre EE.UU. y China, aunque importantes en términos de agresividad y expansionismo militar, se tornan secundarias, especialmente al haberse erigido Beijing en paladín de la globalización y el multilateralismo, el ‘libre mercado’, la ‘libertad de comercio’ y el librecambio -sustituyendo en este rol a Washington-, al tiempo que implementa sus propios estímulos y protecciones industriales frente a los de EE.UU. y las demás potencias.

6 Hace tiempo ya que la dirigencia china abandonó el enfoque y el léxico marxista sobre el imperialismo y el apoyo a las luchas antiimperialistas de los países oprimidos, adoptando terminología y conceptos de raízcivilizatoriaoglobalista’ -como la división del mundo enOccidenteyOriente’, o en unNorte globaly unSur globaly la invocación de unacivilización global’-, propios de los enfoques geopolíticos y geoeconómicos de los analistas y académicos de las grandes potencias (Ikenberry, 2024; Polet, 2023). Utilizamos esos conceptos con fines de síntesis, y porque son ya términos ampliamente impuestos en los estudios chinos de RR.II.

7 Abogando en favor de China como defensora del multilateralismo y el libre comercio frente al proteccionismo estadounidense, un analista francés señala que “China intenta conseguir apoyos mediante su papel de verdadero garante de un orden económico promovido desde hace tiempo por Washington” (Lambert, 2025).

8 Tales presiones también provienen de Beijing. Según la investigadora estadounidense Rebecca Ray, varios países sudamericanos -incluido Brasil- abrieron investigaciones anti-dumping al acero chino, como consecuencia del ingreso de ese producto a precios subsidiados debido a la crisis inmobiliaria y de construcción en China (Bernal, 2025).

9México tiene que hacer su propia revisión, porque nosotros compramos a China 119.000 millones de dólares por año y vendemos a China 11.000 millones y no nos compra (sic). Y eso no es un comercio recíproco”, declaró Sheinbaum un mes después de su triunfo electoral en junio de 2024 (El Economista, 2024). Lula, por su parte, pese a la sintonía geopolítica con Beijing por su común pertenencia a los BRICS, postergó la adhesión de Brasil a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, limitándola por el momento a la búsqueda desinergiasentre la IFR y los programas de desarrollo brasileños (Haro Sly, 2024).

10 Algunos intelectuales latinoamericanos que descreen de las necesarias transformaciones sociales que permitirían a los gobiernos de ALC recuperar la propiedad y orientar el uso de los capitales, recursos y producciones nacionales, postulan que sin China en América Latinaestaríamos descalzos, sin calzoncillos, sin computadoras, el metro que acaban de renovar en varios países no funcionaría, no habría 5G”… (Dussel-Peters, 2024).

11 Según el gerente general adjunto de la filial peruana de la china Cosco, Carlos Tejada, desde el año 2017 la compañía china condicionó su inversión en Perú a dos cláusulas: la creación de un clúster logístico entre Chancay y el puerto del Callao, y la declaración del área territorial del puerto como una Zona Económica Especial Privada. Según el empresario, la aprobación de la ZEEP es clave para la inversión china en Perú debido a laincertidumbre políticade los últimos años. Lazona especialcontaría con privilegios tributarios y aduaneros paraatraerla inversión de corporaciones de China y potencialmente de Japón y la India (Fundación Andrés Bello, 2025).

12 Pese a su notoria filiación pro-EE.UU. y anti-China, la necesidad de obtener dólares por exportaciones e inversiones y préstamos extranjeros, y la presión de los socios internos de la potencia oriental, obligaron tanto a Bolsonaro como a Milei a reanudar los negocios, las obras de infraestructura y los financiamientos y swaps que Washington había exigido romper. En el caso de Argentina, lo mismo había sucedido anteriormente con el presidente conservador Mauricio Macri (2015-2019).

13 China es ya el mayor proveedor de Argentina en bienes industriales; en el primer trimestre de 2025 las importaciones de ese origen fueron casi la cuarta parte del total (24,7%), seguidas por las de Brasil y EE.UU. (24% y 8,7%) (Barca, 2025).

14 Representantes de negocios de las dos principales potencias mundiales expresaron su apoyo a las políticas de liberalización comercial y financiera de Javier Milei en la Argentina: “Cada diez años o más surgen estas oportunidades gigantescas... Creo que Argentina es una de esas oportunidades para la próxima década”, declaró el gestor de inversiones especulativas estadounidense Robert Citrone en octubre de 2024 (Aldaya, 2024). “[Con los anteriores gobiernos de Argentina] no había oportunidad para invertir. Pero ahora estamos muy contentos de ver que [el país] se está abriendo. Entonces esto se convierte en una oportunidad”. Stella Li, vicepresidenta ejecutiva global de la automotriz china BYD (Federico, 2025).