Cambiemos: ¿proyecto hegemónico con pies de barro?

Cambiemos: a hegemonic scheme with feet of clay?

Francisco Cantamutto1

Emiliano López2

Fecha de recepción: 29/04/2019

Fecha de aceptación: 02/07/2019

Resumen

Este artículo analiza el gobierno de Cambiemos como parte de un proceso más amplio de disputas por la hegemonía en la sociedad argentina. Se defiende aquí el argumento que Cambiemos representó el programa estructurado por el bloque en el poder. En tal sentido, debido a este vínculo privilegiado, se analizan las demandas del bloque en el poder, según su propia interpretación. En segundo término, se presentan los principales rasgos de resistencia entre las organizaciones de las clases populares. Finalmente, se vinculan estas tendencias de la disputa social con el sistema de representación política.

Palabras clave: hegemonía y bloque en el poder, neoliberalismo, Cambiemos y Argentina.

Abstract

This article analyzes the government of Cambiemos as part of a broader process of disputes over hegemony in the Argentine society. Our argument is that Cambiemos represented the program structured by the block in power. In that sense, due
to this privileged
link, we will first analyze the demands of the block in power, according to its own interpretation. In the second section, the main resistance traits among the organizations of the popular classes are presented. Finally, these trends of social dispute are linked with the system of political representation.

Keywords: hegemony and block in power, neoliberalism, Cambiemos and Argentina.

Introducción

Tras la crisis del proyecto neoliberal de los ’90, el modo de desarrollo mostró una serie de cambios, tensionando las disonancias entre la acumulación y la legitimación política. Sin discutir aquí las tensiones propias del kirchnerismo podemos señalar que la dinámica de este proceso cambió con el llamado “conflicto del campo” en 2008 (López y Cantamutto, 2018). Desde entonces y hasta la elección de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, el kirchnerismo –una nueva identidad política– logró capitalizar las tensiones políticas para consolidar su proyecto hegemónico (López, 2015; Varesi, 2013).

A partir de entonces, las tensiones económicas se acentuaron, y se produjo un reacomodamiento político de las clases dominantes. Éstas tomaron la delantera al instalar su interpretación de la coyuntura, sus demandas y críticas al gobierno. Lograron así ir más allá de sus demandas corporativas, articulando un discurso de pretensiones universales, y de cuño liberal. Las sucesivas reconfiguraciones partidarias en la oposición finalmente se consolidaron en la alianza Cambiemos. Esta traducción política de las demandas corporativas del empresariado resultó victoriosa en las elecciones de 2015.

La llegada a la presidencia de Mauricio Macri, sumada a la victoria de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, implicó una modificación significativa del escenario político, ante la cual todas las fuerzas sociales debieron reacomodarse. Aunque caben pocas dudas caben respecto de los sesgos de su programa económico, resulta al menos maniqueo afirmar que todo el porcentaje de votos obtenido por Cambiemos expresa el apoyo social a su proyecto. Las tensiones en torno a ciertos valores y propuestas signan un reacomodamiento político aún en curso, que posee una multiplicidad de elementos que van desde las demandas del empresariado que logró articularse alrededor de la propuesta de Cambiemos, pasando por las posiciones y acciones de los actores subalternos y el sistema de representación política. Este artículo intenta recuperar la manera en la cual estas dimensiones fueron mutando durante el mandato presidencial de Mauricio Macri desde una posición de fortaleza, con consensos construidos en torno a residuos del cambio cultural neoliberal, hacia una crisis económica y política que puede terminar en una diáspora de sus pilares de apoyo sociales y políticos en el fin de su mandato. Intentaremos aquí mostrar los grandes carriles por los cuales transita este proceso desde una situación de euforia del bloque en el poder a la creciente crisis y agrietamiento de este bloque que daba sustento al nuevo intento hegemónico neoliberal.

Nuestro punto de partida es una interpretación sobre las características de los proyectos hegemónicos que remite a la perspectiva de Gramsci (1986) y, de acuerdo a la cual, los planos económicos, culturales y político-discursivos deben articularse (Balsa, 2006). Por ello, un proyecto hegemónico representa un intento por establecer una forma de dominación basada centralmente en el consenso acerca de determinadas dimensiones políticas, culturales y económicas. Como tal, reconocemos necesariamente que los actores que impulsan un proyecto hegemónico son clases o mediaciones de éstas, tales como partidos, frentes políticos, entre otras. En este sentido, para retomar trabajos que se han venido desarrollando en los últimos años, consideramos que resulta clave indagar en las dimensiones político-discursivas que las expresiones más representativas de las clases dominantes, las clases subalternas y el sistema de partidos pues a través de ellas podemos analizar la estabilización/crisis de los proyectos hegemónicos.

En la primera sección analizamos las relaciones entre las interpretaciones y demandas del bloque en el poder con el programa puesto en práctica por Cambiemos en el gobierno. En la segunda sección, intentamos dar cuenta de la situación y acciones de las clases populares. En la tercera sección, intentemos desarrollar algunos puntos referidos a la representación de estas pugnas en el sistema de partidos. Por último, planteamos algunas reflexiones finales.

Los problemas de la Argentina según el poder económico

La alianza Cambiemos expresa, en el momento de acceder al poder del Estado nacional, el programa del poder económico concentrado, tanto en lo que atañe a sus dimensiones ético-políticas (hegemónicas) como a las demandas concretas (corporativas). Desde 2011, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Coloquio de IDEA ganaron presencia como las expresiones político-corporativas privilegiadas por el gran empresariado local para construir una alternativa política al kirchnerismo. En 2014, se agregaba a estas referencias del mundo empresarial el Foro de Convergencia Económica. Se trata de espacios que reúnen al empresariado de mayor poder con cierta independencia de sus sectores de origen. Dicho de otro modo, de estas organizaciones surge la voz común de los capitales concentrados, haciendo a un lado a los estratos menos poderosos (PyMEs), así como sus propias demandas sectoriales. Esta convergencia en torno a temas comunes no existía en años previos.

El contexto de enunciación ayuda a comprender esta confluencia y la efectividad de su discurso. Desde 2011, los “pilares” del modelo, los superávits gemelos, se habían tornado en déficits gemelos. Por un lado, el Estado requería crecientes recursos fiscales para sostener los gastos en legitimación social, las transferencias que subsidian a la industria el costo de los servicios y la energía, y los pagos al capital financiero (el “desendeudamiento”). El costo creciente de estas intervenciones elevaba la presión por los recursos fiscales, generando mayor conflictividad social. Por otro lado, el superávit comercial se erosionaba al tener que sostener el déficit energético, los pagos de deuda, la remisión al exterior de utilidades, y la creciente fuga de capitales. La política del gobierno en este respecto fue contradictoria, incorporando una agenda de regreso a los mercados de crédito al tiempo que se aplicaban diversos controles sobre los renglones de la balanza de pagos. Las reservas internacionales fueron cayendo al ritmo de estas tensiones, mientras la puja por el nivel del tipo de cambio se hacía explícita.

De conjunto, estas tensiones arrojaban dudas sobre el nivel y proyección de la tasa de ganancia, lo cual repercutió en un bajo dinamismo: la economía se expandió a un 0,4% promedio anual hasta 2015. En este contexto, las demandas corporativas de la cúpula empresarial se centraron en torno a tres ejes puntuales: la necesidad de “volver al mundo”, la resolución de la “cuestión energética” y la reducción de costos3.

“Volver al mundo”

Cambiemos tradujo bajo este lema dos demandas clave del empresariado, la necesidad de rehabilitar el crédito externo y facilitar el comercio exterior. Aquí hubo dos políticas macroeconómicas que marcaron a fuego la nueva etapa en estos aspectos: la quita de retenciones a una variedad de commodities agrícolas y la resolución del conflicto con los “fondos buitres” mediante una oferta muy onerosa para el Estado argentino. Esta última medida, fue festejada por el empresariado concentrado, que lo entendía como una habilitación de los mercados de crédito externos, según expresaron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), AEA, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM), IDEA y Sociedad Rural Argentina (SRA).

No obstante, el principal usuario de crédito sería el propio Estado, que comenzó a tomar deuda en moneda extranjera con privados a una velocidad inusitada como única forma de equilibrar la balanza de pagos. Este dato es relevante, porque el ingreso de moneda extranjera bajo la forma de deuda pública o inversión de cartera debió compensar las mismas salidas registradas en el balance cambiario. Esta lógica monetarista de balancear las cuentas externas se mostraría endeble luego en 2018 ante las presiones sobre el tipo de cambio.

El gobierno desplegó un fuerte compromiso con los espacios internacionales que impulsan los países del centro, en principio en una perspectiva de regionalismo abierto (Foro Económico Mundial en Davos, el Foro de Inversión y Negocios, entre otros) (Merino, 2017). El gobierno se propuso cerrar acuerdos de facilitación de comercio con diferentes países y regiones, entre los que destacan las negociaciones entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico. Desde AEA declararon que este sesgo de política exterior “no es un tema sectorial”, sino estratégico del conjunto. Esta política fue mantenida, a pesar de los cambios que implicó el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, hasta fines de 2018 cuando se realizó la reunión del G-20 en nuestro país. Vale señalar que esto no significó una ruptura de los acuerdos establecidos por el gobierno anterior con China, aunque estos ocasionaran distintos tipos de tensiones por la disputa de este país con Estados Unidos.

Todo lo anterior señala que la demanda de “integrarse” al mundo tal como fue presentada por el empresariado se constituyó en un eje clave de la política de Cambiemos. La comunidad internacional de negocios avaló al flamante gobierno, prometiendo cuantiosas inversiones –que nunca llegaron (Cantamutto, Costantino y Schorr, 2019). Esta lógica se sostuvo aun cuando los logros fueron magros, e incluso cuando a mediados de 2018, tras una serie de corridas cambiarias, el gobierno recurrió al FMI. En lugar de solventar la confianza, la señal certificó lo contrario: la magnitud percibida de la crisis.

El FMI otorgó un préstamo por más de 50.000 millones de dólares. Para ello, se firmó un acuerdo stand by, que estableció condicionalidades para la política económica, incluyendo mayor ajuste del déficit fiscal y reformas estructurales. Ante las dudas que suscitó el acuerdo, el gobierno tuvo una serie de reuniones con empresarios de alto nivel y cámaras representativas, entre las que destacan IDEA, AEA, Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y ABA. A pesar de que en sus declaraciones públicas los dirigentes empresariales mostraron apoyo al presidente, no dejaron de expresar que, a fin de cuentas, el país atravesaba una crisis.

La manifiesta endeblez de las cuentas externas resultaba de las propias políticas aplicadas, orientadas a liberalizar los flujos de capitales (ver Cantamutto, Costantino y Schorr, 2019). Ante su evidente fracaso, sin embargo, el gobierno definió profundizar el sesgo, de la mano del FMI. El resultado fue una creciente inestabilidad financiera y cambiaria: mientras el dólar pasó de $9,8 en diciembre de 2015 a superar los $40 a inicios de 2019, la tasa de interés de referencia osciló entre un alto piso de 23% y un tope, por demás elevado, de 74%. El uso de instrumentos de muy corto plazo fomentó la lógica de valorización financiera, alimentando la dinámica de deuda y fuga que el FMI vino a financiar, permitiendo al gobierno eludir una crisis mayor (Manzanelli & Barrera, 2018), permitiendo al gobierno eludir una crisis mayor.

La cuestión energética

Así aludía el empresariado al creciente déficit de producción interna y el consecuente saldo negativo en el comercio exterior, bregando por una liberalización (suba) de los precios. Así fue expresado por ejemplo en el documento de presentación del FCE. El mercado energético era presentado como caso paradigmático de los efectos de la intervención del Estado que, al provocar una distorsión de precios, generaba insuficiencias de inversión, y por ello, de producción e incluso de divisas.

Cambiemos tomó este tema como otro de sus ejes, declarando en diciembre de 2015 la Emergencia Energética (decreto N° 134/15). En un claro gesto hacia el sector, se nombró Ministro de Energía a un ex CEO de Shell, Juan José Aranguren. En su sector surgiría uno de los focos de conflicto de 2016, cuando en febrero subió las tarifas de agua, de luz y de gas, como así también los precios de los combustibles.

Esto desató fuertes críticas de parte de los usuarios, donde cobraron especial visibilidad las PyMEs, las cooperativas y los clubes de barrio, a través de la confluencia en Multisectoriales. Además de las protestas en las calles, se puso en práctica un fuerte activismo jurídico que terminó poniendo cota al aumento, en lo ligado al gas, por el fallo de la Corte Suprema.

Un punto central es que se dolarizaba el precio del gas en boca de pozo, estableciendo un sendero creciente para converger a un valor teórico generado a partir de los precios entonces vigentes de importación. Esta interpretación fue expresa, por ejemplo, en el encuentro que organizó AEA llamado “La Energía como Motor para el Crecimiento”, donde participaron los Ministros Juan José Aranguren y Francisco Cabrera, así como el Jefe de Gabinete Marcos Peña. Allí insistieron con sostener el horizonte de precios trazado, poniendo sobre la mesa el alto costo de los trabajadores petroleros. Este reclamo fue rápidamente oído, pues dos meses después (enero de 2017) se firmó un nuevo convenio colectivo para petroleros ocupados en yacimientos no convencionales, donde las condiciones de trabajo fueron ampliamente flexibilizadas.

Los aumentos escalonados evitaron que el impacto se concentrara en el inicio del gobierno, morigerando así el rechazo. Pero a medida que las subas se acumularon, en un contexto de apertura y crédito encarecido, se configuró un escenario crítico, especialmente para las PyMEs. En este sentido, en 2018 se impulsó un proyecto de ley que retrotraía los aumentos a fines de 2017. Alarmados, desde el FCE hicieron un llamado a la “responsabilidad” a la oposición, alegando que era apenas demagogia política, sin relación a fenómenos económicos o demandas sociales. Macri vetó inmediatamente la ley aprobada en el Congreso. El apoyo al gobierno se expresó en un comunicado firmado por múltiples cámaras que participan del FCE: AEA, Unión Industrial Argentina (UIA), ABA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), ACDE, AMCHAM, SRA, Bolsa de Comercio y Bolsa de Cereales, IDEA, entre otras. Sin embargo, a poco de hacerse público, la UIA desconoció su firma, un movimiento que indicaba fricciones internas.

Resulta útil remarcar que se expresa aquí la lógica política del gobierno, que supo eludir mayores protestas dilatando el ajuste en el tiempo. Como en otros aspectos, la disputa entre partidarios de un ajuste por la vía del shock y los gradualistas se saldó en favor de estos últimos por el pulso social. Ahora bien, aunque esto le dio algo de aire político, al presentarse aceptando críticas y considerando los efectos sociales del ajuste, al mismo tiempo le dificultó las relaciones con el empresariado, que consideraba adecuadas, pero siempre insuficientes las políticas en curso. El tiempo del gradualismo del ajuste llegaría a su fin con el acuerdo con el FMI.

Los elevados costos, la inflación y la previsibilidad para la inversión

En términos de demandas, los empresarios identificaban cuatro problemas vinculados: la previsibilidad; y los costos ligados a impuestos, laborales y logística.

La previsibilidad remite a la garantía de ciertos precios relativos que los favorezcan, pero además su sostén en el tiempo –razón por la cual los argumentos de Cambiemos sobre la gobernabilidad encontraban cierto eco en el empresariado. Esta previsión se emparenta con el “clima de negocios”, remitiendo a la suposición de saber de antemano en favor de quiénes intervendrá el Estado. Los costos logísticos expresaban un tema estructural, pues su reducción implica un severo esfuerzo de inversión en infraestructura. En abril de 2017, AEA organizó una jornada completa para discutir el tema -llamada “Infraestructura del transporte y costos logísticos: los desafíos de crecer”– presentando los reclamos ante el Ministro Dietrich.

Por su parte, el costo laboral fue otra preocupación sistemática, sobre la que el gobierno avanzó. En tal sentido debe leerse la caída de los salarios reales. Durante 2016, la recesión severa y la inflación, creaban muy malas expectativas, a las que se sumaba la rápida multiplicación de despidos y suspensiones (Soto Pimentel y Gradin, 2019). En ese contexto, parte de la oposición impulsó en el Congreso una ley “Anti-despidos”, que declaraba la emergencia ocupacional y prohibía los despidos por 180 días. Durante el debate del proyecto, Ignacio de Mendiguren, que presidía la comisión de Industria en Diputados, convocó a más de 200 empresarios a discutir, concluyendo que el proyecto era “ampliamente rechazado por el arco empresario”. Una vez aprobada, Macri la vetó rápidamente, alegando que enviaba una mala señal para la contratación de nuevos trabajadores.

Los despidos, la caída del salario y la propia crisis funcionaban como una amenaza, que mejoraba las condiciones para que el empresariado pudiera presionar por flexibilización en las negociaciones colectivas. El costo laboral no se compone solo del salario, sino que incluye una serie de erogaciones para el empresariado, vinculadas al cumplimiento de derechos laborales. La vulneración de estos derechos a través de una reforma legislativa era, pues, un objeto de disputa más allá del nivel de salarios. Y aunque las cámaras empresarias aceptaban una forma gradual de flexibilización, la reforma laboral en Brasil en julio de 2017 aceleró los tiempos. En esa línea, el gobierno y la cúpula empresarial comenzaron a referir a los juicios laborales como un sistema criminal. Esta línea de discurso se enfatizó luego de que Cambiemos saliera enaltecido de las legislativas de octubre de ese año, y el presidente Macri indicó que se entraba en una fase de “reformismo permanente” (sic), consistente en impulsar las reformas que se venían prometiendo: laboral, tributaria, previsional. Luis Etchevehere, entonces presidente de SRA, luego Ministro de agroindustria, señaló el carácter “fundacional” del discurso de Macri. Ya la UIA, la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios, la Cámara Argentina de la Construcción, SRA y AEA habían expresado públicamente su beneplácito con el resultado favorable al gobierno en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto.

Respecto de los costos impositivos, la sustancial reducción de los derechos a las exportaciones en la primera semana de gobierno compuso el primer paso de una reforma tributaria. Existieron otras modificaciones, como la eliminación del impuesto adicional a los autos de alta gama, de escaso efecto tributario pero expresiva del sesgo de clase. Con la aprobación de la ley N° 27.260 en mayo de 2016, se habilitó el blanqueo de capitales no declarados, con el pago de una alícuota mínima. Según la interpretación general del empresariado, la evasión se explica por la alta presión impositiva, con lo cual el blanqueo con baja tributación parece ser una salida. Para ello se eximía del pago de diversos impuestos a los capitales, y se eliminaba de forma gradual el impuesto a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales.

Desde AEA se entendía que los cambios debían ir por otros parámetros: “Es necesaria la eliminación o la reducción lo más rápido posible de los impuestos distorsivos, empezando por ingresos brutos y el impuesto al cheque”. A esta tarea se lanzó el gobierno tras la victoria en las legislativas de 2017, cuando impulsó las reformas previsional y tributaria, como un solo gran paquete. Se acordó con los gobernadores de 23 provincias un “Consenso Fiscal”, por el cual se las impulsaba a reducir las tasas de Ingresos Brutos, que es la principal fuente de financiamiento propia de estas entidades subnacionales, a cambio de que el impuesto a las ganancias sea totalmente coparticipable. Este último, que antes financiaba la previsión social, debía ser reemplazado por “recursos genuinos”, que son las contribuciones patronales, que eran a su vez reducidas de manera gradual.

Vale señalar que el tratamiento de estas reformas fue muy costoso en términos políticos para el gobierno que, tras ganar las elecciones, vio desplomarse su imagen en la opinión pública. Aun así, el regreso al FMI volvería a traer el reclamo de profundizar las mismas reformas: laboral, previsional e impositiva. Como señalamos, se había llegado al final del ajuste “gradual”.

Demandas populares y conflictividad social: una dinámica a dos velocidades

Llegados a este punto debemos preguntarnos sobre cuáles han sido las reacciones y los conflictos que instalaron los movimientos sociales y políticos vinculados a las clases subalternas. Podemos decir que en los tres años de gobierno de Cambiemos hubo dos temporalidades en el conflicto social: por un lado, el ritmo de los sindicatos tradicionales, que ha seguido a pie y juntillas su posición de conflictividad moderada y contención de las demandas por abajo y, por otro lado, dos movimientos (la economía popular y el feminismo) que han mostrado altos grados de dinamismo y capacidad de movilización frente a la ofensiva sobre derechos y condiciones de vida.

La estrategia del gobierno con las organizaciones de las clases populares tuvo tres grandes elementos. Primero, minimizar su relevancia, buscando diluir su alcance. Segundo, eludir los reclamos específicos buscando asociarlas a intereses político partidarios, en especial del kirchnerismo. Tercero, la criminalización de la protesta, a través de procesos judiciales y represión4. Se podría sumar un cuarto elemento, que fue la recurrencia a movilizaciones propias, siempre disimuladas como “autoconvocadas”. Si bien lograron algunos hitos como la manifestación del 1º de abril de 2017, en general la convocatoria fue débil y decreciente, lo cual llevó a abandonar esta estrategia.

Movimiento sindical: política de contención y fragmentación de las centrales sindicales

El movimiento obrero llegó a las elecciones de 2015 con altos grados de fragmentación. Esto se debe, al menos, a tres factores: a) el clima de polarización política entre kirchnerismo-antikirchnerismo; b) los altos niveles de fragmentación de las propias bases sociales de estas organizaciones; y c) al desgaste de la capacidad de estas organizaciones para representar las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. A nivel de las cúpulas sindicales, las tensiones se tornaron evidentes en que ese año cerró con cinco centrales sindicales: la Confederación General Trabajo (CGT) partida en tres y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) partida en dos.

Esta fragmentación del campo sindical era un riesgo sustancial para las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras frente a la ofensiva económica y política que implicaba el nuevo gobierno. Desde un primer momento, Cambiemos buscó avanzar en las reformas neoliberales vinculadas a leyes laborales y previsionales, lo que tenía un correlato directo en la estrategia de desgaste y deslegitimación de las organizaciones sindicales –utilizando argumentos impulsados directamente por el gran empresariado.

La CGT llegó con una fractura expresada en las conducciones de la CGT Azopardo (sectores ligados a Hugo Moyano), la CGT oficial (Antonio Caló) y la CGT Azul y Blanca (Luis Barrionuevo). En 2016, esta central logró morigerar sus tensiones internas gracias a un acuerdo de unidad, que delegaba la conducción en triunvirato con un representante de cada tendencia (tal como se recompuso esta central en 2004). Héctor Daer, Carlos Acuña y Carlos Schmid fueron los elegidos para ocupar estos cargos. El acuerdo se fundaba en dos elementos: por un lado, la defensa corporativa de las direcciones sindicales frente a la avanzada de judicializaciones impulsada por Cambiemos, y por el otro, la contención de las demandas y el malestar que por abajo surgía frente a los resultados negativos.

De hecho, la central de mayor representatividad entre trabajadores y trabajadoras formales mantuvo una tibia postura de oposición dialoguista, dilatando una y otra vez el anuncio de paros y movilizaciones. Esto acrecentó las tensiones latentes de una unidad tejida con hilos finos. Por un lado, las bases comenzaron a notar los embates empresariales en sus bolsillos y en las condiciones de trabajo. Niveles mayores de desempleo, suspensiones, despidos selectivos, ataques a delegados, pérdida de salario, entre otros aspectos, fueron algunos de los puntos que causaron preocupación. Por otro lado, sindicatos con perspectivas políticas divergentes con la conducción de la central lograron algunos triunfos parciales en negociaciones paritarias, irguiéndose como referencias. Tal fue el caso de La Bancaria conducida por Sergio Palazzo o Aceiteros, con Daniel Yofra a la cabeza. Este sector era el mismo que desde agosto de 2016 formaba parte de lo que se consolidó como un espacio opositor a la postura dialoguista del triunvirato, que se dio en llamar Corriente Federal de Trabajadores (CFT). Esta corriente incluye a la Corriente Político Sindical Federal, el núcleo del MTA.

Buscando descomprimir la situación, la CGT junto a una parte de la CTA, representada por Roberto Baradel y Hugo Yasky, organizaron una movilización –sin paro– recién el 7 de marzo de 2017. Se trató de una masiva movilización de trabajadores/as (las cifras hablan de hasta medio millón de personas), con presencia de los sindicatos de mayor representatividad. Sin embargo, se marcaba allí la incipiente ruptura en la conducción tripartita. Si bien resultó una demostración de fuerza y vitalidad del movimiento obrero ligado al peronismo, tuvo un final de conflicto, ante la dilación del anuncio de un paro general desde el palco principal. Esto provocó roces y tironeos entre las personas presentes, bajo el canto de “Poné la fecha la p*** que te parió”. Finalmente, se realizó el paro el 6 de abril, coincidiendo con el “mini Davos”, marcando el rechazo a las políticas del gobierno, aunque vaciado de demandas.

Esta tensión fue aumentando durante 2017, con un punto cúlmine en diciembre, cuando el Congreso daba tratamiento al proyecto de ley de reforma jubilatoria. Ante este hecho la mayor parte de los sindicatos agrupados en la CGT, con algunas excepciones como la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), participaron de la movilización del 18 y llamaron a un paro general. Este elemento fue determinante en la masividad de la representación popular que repudió en la calle el tratamiento de la reforma. Fue, además, el punto de inflexión político a partir del cual se desgastó de manera sistemática la legitimidad del gobierno nacional, que parecía blindado por su reciente triunfo electoral.

Como ya explicamos, a inicios de junio de 2018 el gobierno cerró un acuerdo con el FMI, que soldaba la política de ajuste tras las corridas cambiarias y aceleración de la inflación. Con salarios pulverizados y más reformas en ciernes, a fines de ese mes se produce el tercer paro general. Aunque las 62 organizaciones peronistas no participan del llamado, el paro es contundente, reclamando por paritarias sin topes. No obstante, el gobierno no modifica su rumbo político-económico, ni otorga ninguna concesión. Las tensiones ya descritas, por tanto, siguen multiplicándose entre la clase trabajadora, impactando en sus representantes.

A fines de septiembre del mismo año se llega con una mala coordinación al cuarto paro general, convocado por la CGT y las CTA, reclamando el cambio de rumbo económico y en contra del acuerdo con el FMI. Sin embargo, tras la medida y frente a la negativa de establecer un plan de lucha para sostener derechos en el momento de aceleración del ajuste, el sector liderado por Juan Carlos Schmid (vinculado a Moyano) abandona el triunvirato. Se toma además la decisión de fundar juntos a otros sindicatos y referentes de peso (como SMATA, Bancarios, Gráficos, Canillitas, entre otros) el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con una postura claramente opositora al gobierno de Macri, e intentando abonar a los espacios de unidad que ya habían comenzado a gestarse en el seno del movimiento peronista.

Por su parte, la CTA, que tienen mayor inserción en sindicatos estatales y docentes, mantuvo sus divisiones. Incluso más, tras los diversos acercamientos entre la CTA de los Trabajadores (conducida por Hugo Yasky) y la CTA Autónoma (conducida por Pablo Micheli), apareció una nueva ruptura en esta última central, por un desacuerdo del sindicato mayoritario (ATE) con la conducción. Esta división se originaba en diferencias que remitían más a lo político-partidario que a lo gremial. Y aunque separadas, las CTA se mantuvieron como francas opositoras al gobierno de Cambiemos, participando de la convocatoria a todas las medidas de fuerza masivas ya referidas.

Pero a diferencia la CGT, mantuvieron tanto en 2016 como en 2017 un alto nivel de movilización, en especial en torno a las medidas articuladas entre la CTERA, ATE, CONADU y CONADU-H. Esto permitió visibilizar, en los meses iniciales de cada año, la persistencia de la organización de los sindicatos ligados al sector público. En la Provincia de Buenos Aires, que expresa uno de los conflictos testigo para otras negociaciones paritarias, se llevaron adelante en 2017 más de 22 paros, impulsados por el Frente Unidad Docente (que agrupa a SUTEBA, FEB y UDOCBA). No en vano el gobierno y medios afines montaron una auténtica campaña de persecusión ideológica de sus principales referentes. Ese año, de hecho, se apresaron dirigentes sindicales de la CGT, en casos de alto impacto como los de Omar “Caballo” Suárez (SOMU) y Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA). Con todo, en diciembre de 2017, las tres CTA alcanzarían su mayor nivel de acción, en el marco de unidad de acción frente a la reforma previsional.

Sin embargo, no debe magnificarse tampoco el alcance de estas centrales. El año 2018, de hecho, hubo una baja en la capacidad de movilización de estos sindicatos. Referentes de la CTA-T interpretaron que, en el marco de la crisis desatada desde abril de 2018, la intensificación del conflicto podría conducir a una crisis política, que sería utilizada por el gobierno como estrategia electoral para deslegitimar los reclamos por golpistas y antidemocráticos (argumentos ya utilizados en 2017). En caso de ser acertada esta interpretación, estaría convalidando la subordinación de las estrategias de lucha sindical a las perspectivas electorales. Esto se conjugó con ciertos niveles de desmoralización entre las bases, producto de la propia crisis, el hostigamiento mediático y gubernamental, y la falta de conquistas (las pérdidas de salario real oscilaron en 15-24%). El desgaste se impuso en estos espacios sindicales.

En términos programáticos, resultó interesante el acercamiento de la CTA-T al Frente Sindical para el Modelo Nacional, pero estos gestos no lograron una coordinación de luchas y conflictos sostenidos. Sin embargo, es un reagrupamiento sindical que puede dar como resultado una nueva trayectoria de unidad del movimiento obrero para los próximos años.

Sobre los actores de la economía popular

Si bien el sindicalismo tradicional osciló entre la negociación y la revitalización en ciertos gremios y sectores, en términos generales tuvo un rol limitado tanto en las conquistas para los trabajadores y trabajadoras que representan como en la capacidad de impugnar el modelo de manera concluyente. Por el contrario, el espacio que se fue consolidando alrededor de los movimientos de la economía popular, marcaron tres puntos clave de peso en relación al conflicto social de estos años: mantuvieron elevados niveles de movilización, mostraron una unidad político-gremial significativa y obtuvieron algunas conquistas para este sector social. Se transformó de esta manera en uno de los actores más dinámicos durante el período a partir de consolidación de un frente de organizaciones de base socio-territorial y de la economía popular.

El espacio lo conforman hoy la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa y la Barrios de Pie. En ocasiones se lo menciona como el “otro movimiento obrero”, que intenta reconocer a más de un 35% de trabajadores y trabajadoras que viven de su trabajo en sectores no formales de la economía, o bien en el marco de trabajos cooperativos. Es decir, es una representación que no es nueva, sino que proviene de las organizaciones de base territorial que decantaron en el movimiento piquetero, pero que tiene hoy la novedad de poner en el centro de sus demandas las cuestiones laborales, de ingresos y de derechos vinculados al trabajo que hacen los precarios y de subsistencia.

Durante el primer año de gobierno de Macri, este actor puso sus demandas en debate a través de la movilización callejera. La presentación ante el gobierno de Macri fue en clave opositora. Debido a esta capacidad de movilización, se logró instalar en la agenda parlamentaria la Ley de Emergencia Social, aprobada en diciembre de 2016. Este proyecto reconocía las demandas del sector que marchó el 7 de agosto en el marco de las movilizaciones de San Cayetano, con el eje de las tres “T” (Tierra, Techo y Trabajo) –con clara alusión al discurso del Papa Francisco. La ley asignaba un aumento presupuestario de $30.000 millones de pesos más para las partidas vinculadas a asistencia social hasta diciembre de 2019. Además, se disponía en esa misma normativa la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social” con participación de las distintas organizaciones que forman parte de este espacio político y representantes de varios ministerios, un registro de trabajadores y trabajadoras del sector para recibir los beneficios, un censo de villero que permitiera adecuar el hábitat de los sectores excluidos, entre otros puntos. De estos compromisos, sólo se cumplieron el otorgamiento de los salarios sociales complementarios que permitieron, además, financiar algunas de las mutuales que estos movimientos desarrollan. Al mismo tiempo, debido a la intensificación de la crisis del sector formal, los trabajadores y trabajadoras precarios y excluidos, crecieron durante los tres años de gobierno de Cambiemos y este crecimiento se expresó, a diferencia de lo que ocurrió con los sindicatos, en mayores niveles de participación en sus organizaciones representativas.

Desde ciertos sectores medios ligados al kirchnerismo, estos logros –parciales, sin dudas– se vieron como una capitulación, un acuerdo para reducir los niveles de conflictividad en lugar de tensionar al gobierno neoliberal. Sin embargo, durante 2017 y 2018 este sector mantuvo un alto grado de movilización en la calle y fue, junto con el movimiento de mujeres, el que expresó mayor masividad y una posición claramente opositora al gobierno nacional. Mantuvo, por ello, un rol protagónico en las jornadas de diciembre de 2017 en el marco de la discusión parlamentaria sobre la reforma previsional y continuó activo durante 2018: la Marcha Federal por Tierra, Techo y Trabajo y la vigilia del 8 de agosto, Día de San Cayetano, fueron dos de las más importantes. Además, en un marco de ajuste profundo, este actor político-gremial logró imponer al gobierno el aumento del monto del Salario Social Complementario (de $4.400 pesos en diciembre de 2017 a $6.000) y algunos avances para poner en pie circuitos de reciclaje urbano con inclusión social. Las organizaciones ligadas a trabajadores/as y pequeños productores rurales, en especial la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) con vínculo con la CTEP, realizaron diversas protestas de gran visibilidad –los “verdurazos”– ofreciendo sus productos a precios populares en plazas públicas.

El sector de la economía popular (en especial la CTEP) fue forjando una nueva lógica gremial de los sectores precarizados, que en ocasiones ha sido llamada una “gremialidad territorializada”. Ésta tiene otros repertorios de acción, otras representaciones y otras formas de construcción en relación al sindicalismo tradicional. Con esta trayectoria, han reclamado ser reconocidas como gremios por la CGT, pidiendo su inscripción formal en la central. Desde 2017 se produjo un acercamiento que aún no ha fructificado en una mayor cohesión.

En la coyuntura actual, frente a la avanzada del gobierno desde mediados de 2019 sobre los derechos del conjunto del pueblo trabajador, las organizaciones de la economía popular lograron sostener sus marcos de acuerdo gremiales e incluso avanzar en una política-ideológica sobre el gobierno de Cambiemos. Estas organizaciones definieron a este gobierno como parte de una ofensiva neoliberal y al gobierno, por tanto, como un “enemigo común”.

Sobre el movimiento feminista y de mujeres

Para una parte de la sociedad, las conquistas que históricamente logró el movimiento feminista en términos de derechos democráticos, se consideraba una suerte de “exceso” de parte de las organizaciones promotoras de la “ideología de género”. Los partidos políticos conservadores, y la mayor parte de las iglesias católicas y evangélicas, atizaron este discurso –no solo en Argentina, sino en la región. Esta reacción machista se hacía evidente en algunos de los insultos profesados a la entonces presidenta Fernández (como “yegua”). Aunque parte de la alianza Cambiemos (incluyendo algunas de sus máximas referencias) adscribe a estos valores reaccionarios, otra parte de la coalición adhiere de manera más coherente al liberalismo, aceptando los referidos derechos –y otros más– como cuestiones de índole personal, que hay que garantizar. El corte en torno a los derechos de mujeres y personas no binarias atraviesa a casi todos los partidos políticos. Al menos programáticamente, en este punto, las izquierdas son una excepción.

Al mismo tiempo, y producto de la visibilidad lograda por el propio movimiento feminista, se hicieron más evidentes los ataques a las mujeres (y personas de identidad no binaria) por su propia condición de mujeres. Los feminicidios (femicidios) se hicieron materia de debate público. Tras una sucesión de violentos asesinatos, se organizó el 3 de junio de 2015 la primera movilización de Ni una Menos, en denuncia de la violencia machista. Entre las demandas, destacaban los pedidos de cumplimiento de la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra la violencia contra las mujeres, la capacitación obligatoria para operadores de la Justicia y agentes de seguridad, construcción y acceso a casas refugio, e incluso la generación de estadísticas en la materia –hasta el momento relevadas por distintas ONG. La masividad de la movilización, con presencia en 80 ciudades, marcó un hito. En ese espacio también se urdieron redes de cooperación para ampliar las demandas, buscando confluencias de las distintas organizaciones.

Ante el programa de ajuste de Cambiemos, el movimiento se esforzó por mostrar cómo el peso de la crisis recaía particularmente sobre las mujeres. Ya sobrecargadas por dobles jornadas y menores remuneraciones, entre otros rasgos que mostraban una inserción precaria en el mercado laboral, el ajuste les intensificaba el peso de las tareas reproductivas y afectivas. Ante lo que se leía como falta de respuestas de parte del sindicalismo, se organizó el primer paro a Macri el 19 de octubre de 2016. Allí se escuchaba el reclamo al movimiento obrero, que no se hacía eco de las demandas del feminismo: “Mientras la CGT toma el té, nosotras tomamos las calles”. En tónica semejante, en 2017 se recuperó la fuerza de una fecha histórica, el 8 de marzo, para alentar el Paro Internacional de Mujeres. En efecto, el 8M ganó año a año presencia internacional. Así, el movimiento logró una ineludible presencia en el debate público (visible incluso en los medios de comunicación), incorporando múltiples demandas con gran masividad –especialmente en la juventud. Esta creciente gravitación se disputa con las expresiones conservadoras, también organizadas, los sentidos comunes.

Esto se pudo ver en torno al debate sobre la legalización del aborto, que produjo una de las mayores exposiciones del Congreso ante el pueblo. Aunque no se haya aprobado la ley, se logró que la sociedad entera debatiera el tema, incorporando argumentos. Pero a pesar de este gran impacto cultural y la instalación de temas en la agenda, no se obtuvieron grandes victorias en términos de políticas. Esto se debe, en una medida no trivial, a que la agenda de expansión de derechos del movimiento feminista y de mujeres es incompatible con la política de ajuste del gobierno de Cambiemos. La quita de recursos a asignaciones específicas vinculadas a las mujeres ha sido una regla, que refuerza el peso del ajuste social generalizado.

El sistema de representación partidaria

La conformación de la alianza Cambiemos constituyó la novedad más importante de 2015, logrando vencer en las elecciones al candidato del kirchnerismo, Daniel Scioli. Si bien el liderazgo estaba en manos del PRO, la alianza le aportó otras figuras visibles (Coalición Cívica) y aparato territorial (Unión Cívica Radical). Aunque con una presencia mínima en el gabinete nacional, estos últimos dos partidos lograron impulso en territorios provinciales y municipales, tanto para cargos ejecutivos como legislativos. Más importante aún, permitieron que Cambiemos pudiera – en el discurso– enarbolar la bandera de “la república” frente a los excesos “populistas” del kirchnerismo (Adamovsky, 2016). La credibilidad de las principales figuras del PRO para realizar esta tarea era motivo de duda.

Entender al kirchnerismo como un populismo fue una interpretación cada vez más común desde 2008, adscripción que el entonces oficialismo y sus intelectuales orgánicos pasaron a defender como algo positivo (Cantamutto, 2017; Waiman, 2012). Qué es exactamente el populismo no es claro en absoluto, ni en la teoría ni en el debate público. Sus defensores lo toman como la forma real de expansión de los derechos en democracias. Sus detractores, en cambio, lo responsabilizan como culpable de toda clase de excesos, que entorpecen el funcionamiento de las instituciones y la economía. De hecho, como hemos insistido en otras oportunidades (López y Cantamutto, 2018), con esta clave es que se desarrolló la crítica original de la Mesa de Enlace al kirchnerismo, logrando ir más allá del reclamo corporativo para estructurar una interpretación –y con ella, una alternativa político-partidaria.

La confluencia de las diversas fracciones de la clase dominante no solo estructuró demandas en torno a esta lectura (ver sección 2), sino que colaboró en la tarea política de darse un discurso para disputar el Estado. Cambiemos se montó sobre esta tarea bajo la defensa de la república, entendida solo como separación de poderes y enaltecimiento de la ética pública, que se enfrentaría al personalismo kirchnerista, inevitablemente inclinado a la corrupción. No buscamos aquí medir la justeza de esta caracterización, sino enfatizar la eficacia de su utilización por parte de Cambiemos, no solo en campaña sino en el desempeño de su gobierno. Poco importó, por ejemplo, que el presidente tratara de nombrar dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto –instrumento que ha utilizado de manera más asidua que sus antecesores, incluso para vetar y modificar leyes-, o que se multiplicaran las causas por incompatibilidad de intereses en el ejercicio de la función pública de gran parte del gabinete (Adamovsky, 2016). En la magna tarea de defensa de la República, parece ser viable vulnerar sus preceptos, dando a suponer que el proyecto político pasaba por otro lado.

Si en lo económico entendemos que ese camino era desde el inicio el ajuste y la reforma en clave neoliberal, como ya desarrollamos, desde lo político vino acompañado de otros elementos no triviales. Entre ellos destacan al menos dos. Por un lado, el énfasis en la necesidad de reglas claras, como defensa de la institucionalidad. Este paraguas conceptual aparece como un valor loable frente a la discrecionalidad populista, cuya determinación queda siempre atrapada en el favor político. En rigor, suele esconder la entrega de decisiones claves a diversas corporaciones, evitando que el debate público cuestione privilegios (como por ejemplo ocurrió con el tarifazo).

Por otro lado, la insistencia en la necesidad de un cambio cultural, que debería desmontar los excesos ya no solo del kirchnerismo, sino de los últimos 70 años. Se alude así a una larga trayectoria de supuesta delegación de tareas en el Estado, que sobrecargado de responsabilidades incurre en el déficit fiscal. De este modo, no solo entorpece la iniciativa privada, sino que crearía toda una cultura de conformismo. Ante ello, el gobierno insiste en desplazar el lugar del Estado a tareas básicas, que supongan más bien el apoyo a la actividad empresarial y el fomento al emprendedorismo –forma corriente de referir la gestión individual del riesgo y las oportunidades. Como se puede ver, la tarea sería titánica, y, por lo tanto, habría espacio para errores y dilaciones debidas a la “pesada herencia”.

Más allá de mojones ideológicos, un segmento de la ciudadanía, de sectores con empleos estables e ingresos medio-altos, apoyó al gobierno de Cambiemos en beneficio propio. La posibilidad de acceder de modo irrestricto a dólares para atesorar, a viajes al exterior y compras de bienes importados de última generación compone para este estrato social un consumo aspiracional, que valoran como progreso para toda la sociedad. Debe resaltarse que se trata de un sector de donde proviene la mayor parte de las personas que cumple tareas de comunicación, en medios, pero también en el sistema educativo y en diversos campos profesionales. Es decir, cumplen tareas intelectuales en el sentido gramsciano, promoviendo sus interpretaciones como sentido común. Este estrato social participó como socio menor de los beneficios del esquema de política económica de Cambiemos, aceptando incluso pagar costos de lo que se percibía como una “normalización” (por caso, la suba de las tarifas de servicios). Sin embargo, la profundización de la crisis ha horadado la simiente de Cambiemos sobre este sector, dejándole solo la defensa de su propia convicción de que la alternativa era peor. Pero esta interpretación defensiva ya no cala profundo, y dificulta su proyección al conjunto social.

Por su parte, la derrota de 2015 del kirchnerismo, tanto a nivel nacional como en el bastión de la Provincia de Buenos Aires, profundizó la ruptura al interior del peronismo, obligando a nuevos alineamientos. Parte de esta fuerza rápidamente mostraría sus discrepancias, haciendo evidente su separación en la Cámara de Diputados, cuando apoyó la ley de pago a los fondos buitres. Este conjunto buscó distinguirse por su voluntad de colaborar en la gobernabilidad, eufemismo para referir al apoyo al programa de Cambiemos. La mayor parte del bloque se caracterizaba por su relación directa con gobernadores, que a la vista de que el nuevo gobierno les sería hostil, preparaban el terreno para poder negociar las transferencias de fondos nacionales sin las cuales sus finanzas provinciales no se sostienen. Este conjunto, que en alusión a su raigambre territorial se denominaría Alternativa Federal, se consolidó como otra alternativa dentro del peronismo, bajo una conducción claramente conservadora, en las que resaltan las figuras de Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta) y Miguel Ángel Picchetto (senador por Río Negro). Sin embargo, avanzadas las negociaciones entre diferentes fuerzas de los sectores más conservadores del peronismo, estas figuras tomaron caminos separados: Miguel Ángel Picchetto acordó una candidatura a vicepresidente de Mauricio Macri en el espacio renombrado ahora como Juntos por el Cambio, mientras que Urtubey es el candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna en el frente Consenso Federal.

Estos re-agrupamientos fueron el resultado de una estrategia por demás efectiva de reunificación de los espacios del peronismo en el Frente de Todos. La definición de la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta, el acuerdo de Sergio Massa de participar como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, redujo significativamente el espacio de las otras opciones electorales y logró aglutinar el consenso de la mayor parte de las organizaciones sindicales y los peronismos provinciales.

Tras haber logrado torcer en favor de Cambiemos en el ballotage, el espacio del Frente Renovador que buscó consolidar una posición de árbitro en el sistema político, posición que no pudo sostener ante el nuevo impacto de popularidad de Cristina Fernández y su espacio político como la oposición viable a Cambiemos. En los hechos, su posición trasuntaba en la incorporación de modificaciones menores a los proyectos que enviaba el oficialismo al Congreso.

De esta manera, a pesar de no tener mayoría en el Congreso, el gobierno de Cambiemos pudo avanzar con sus proyectos de ley, tal como ya explicamos. El hostigamiento al peronismo como factor de desestabilización institucional fue sistemático ante cualquier crítica que se planteara al rumbo de las políticas del gobierno. Desde ese lugar parecía atrapado el kirchnerismo que se sostuvo en un lugar más crítico del oficialismo dentro del Congreso nacional, logró construir una contraofensiva que pateó el tablero político-electoral en el marco de la acentuación de la crisis económica y social. La principal estrategia mediática y del gobierno fue insistir con las causas judiciales contra sus principales dirigentes por causas de corrupción, aunque también con argumentos desopilantes como la causa de “dólar futuro” (una operatoria normal del Banco Central). A su vez, avanzaron crecientemente en la polarización con el espacio peronista-kirchnerista como los causantes de los problemas económicos en curso.

Finalmente, debe señalarse que la izquierda trotskista representada en el FIT consolidó su lugar en el Congreso nacional, con tres bancas en Diputados, y presencia en múltiples legislaturas provinciales. Este Frente capitalizó gran parte del voto de diferentes agrupamientos de izquierda, logrando una presencia visible en los debates. Varias agrupaciones de izquierda popular adoptaron un camino distinto, de acercamiento al kirchnerismo, al que entendían en proceso de rearticulación programática y como principal ascendente partidario entre las clases populares.

A pesar de este panorama partidario más complejo, el juego político de Cambiemos persistió en la estrategia que había sostenido su predecesor en el gobierno: insistir con el antagonismo como lógica de estructuración del campo político. Esto es, proponer que toda decisión se subordina a la polaridad kirchnerismo-anti-kirchnerismo. Ésta fue de hecho la estrategia de campaña en las legislativas de 2017, que resultó fructífera: el gobierno mejoró su presencia en el Congreso. Incluso venció en la Provincia de Buenos Aires a la propia Cristina Fernández, llevando por candidato al insulso entonces Ministro de Educación Esteban Bullrich. No obstante, el kirchnerismo se alzó con un tercio de los votos, en una campaña con escasos fondos y un nuevo armado electoral ya libre de las defecciones previas –Unidad Ciudadana–.

La lógica de insistir con la polaridad propone una competencia entre dos núcleos electorales “duros” de votantes convencidos/as: el tercio kirchnerista opuesto al tercio representado por el gobierno. Esta lógica le resulta redituable a ambos espacios políticos, que pretenden anular así al resto del espectro político, tanto como al poder mediático, que caricaturiza de este modo el debate público. En el tercio del oficialismo pesan viejas disputas ideológicas, donde el anti-peronismo no es menor.

Sin embargo, en los hechos, todo indica una fuerte dificultad para contener en este antagonismo las representaciones en juego. Esto se volvió notable con la crisis desatada en 2018, que deterioró sistemáticamente la imagen del gobierno y sus figuras, pero cuya caída en intención de voto de cara a las elecciones de 2019 no era completamente capitalizada por el kirchnerismo. Si bien a priori no aparecía el fracaso la política de Cambiemos como un automático apoyo al espacio kirchnerista, la estrategia unificada del peronismo logró en las PASO capitalizar en gran medida el descontento. De este modo, y aún sin tener un nuevo presidente electo, el proyecto social de Cambiemos quedó jaqueado no solo en el campo de la movilización social, sino en el rechazo generalizado que se expresó en las urnas.

Comentarios de cierre

Con Cambiemos, la clase dominante logró construir un partido político competitivo, que gana elecciones y gobierna, sin el recurso del golpe de Estado como única vía. Tras ganar las elecciones en el ballotage, ha impulsado un programa de ajuste y reforma estructural contrario a las clases populares en su más amplia acepción. Este programa es el resultado de la convergencia del bloque en el poder por encima de sus diferencias sectoriales. El gobierno avanzó en este sentido, logrando éxitos concretos. Ahora bien, fruto de las propias resistencias sociales, este programa avanzó más lentamente de lo que el propio bloque en el poder esperaba, resultando de este modo insuficiente para garantizar un horizonte más o menos estable de mayores ganancias y el cambio cultural que conduzca a la ruptura con los “núcleos de buen sentido” de las clases populares. Al mismo tiempo, no dejó de pauperizar las condiciones de vida de la población.

Esta “insuficiencia del ajuste” impidió que el corte vertical de las clases dominantes persistiera sin conflictos internos. Las políticas del gobierno empezaron a erosionar los apoyos de su propia coalición social. Así, por ejemplo, sostener las tasas de interés a niveles ultra elevados favorece a la especulación financiera, pero impide cualquier inversión o incluso el financiamiento del capital de trabajo de otros sectores. La suba de los precios de la energía favorece a las petroleras, pero encarece toda la estructura de costos de los demás sectores. La industria ha reclamado por ambos puntos, y en los primeros meses de 2019 el agro también ha alzado la voz. Este último sector, protagonista además de la convergencia antagónica al kirchnerismo, ha expresado su hastío con algunas demandas que eran parte original del trato. Merced del ajuste, y como efecto secundario de la persecución judicial a funcionarios del gobierno anterior, todo el arco empresarial ligado a la obra pública ha expresado su rechazo al programa del gobierno. En tal sentido, se producen crecientes rispideces que demuestran la inviabilidad del programa del bloque en el poder si no es a cuenta de un ajuste aún más brutal sobre las clases populares.

El acuerdo rubricado con el FMI en junio de 2018 no hizo sino endurecer las políticas ya en marcha, agotando el tiempo del “gradualismo”. El reclamo por reformas laborales, tributaria y previsional, así como la venta de activos del Estado, es parte de las demandas originales que configuraron el programa de Cambiemos. Por eso, el gobierno no tiene alternativa. De hecho, consultado por el escritor Vargas Llosa sobre qué haría en caso de ganar las elecciones de 2019, Macri respondió que irían “(...) en la misma dirección, pero lo más rápido posible”. Por ello, el esquema de negocios de Cambiemos no logró construir hegemonía social (Bona, 2019). La lógica excluyente de su programa solo alcanzó para reforzar algunos apoyos, nada despreciables, pero no convicciones generalizadas.

Referencias

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1 Pertenencia institucional: IIESS Universidad Nacional del Sur-CONICET. Correo electrónico: franciscojcantamutto@gmail.com

2 Pertenencia institucional: IdIHCS/Universidad Nacional de La Plata/CONICET. Correo electrónico: emiliano_lopez@speedy.com.ar

3 Para más detalles sobre estos puntos, puede verse Cantamutto y López (2019).

4 El último informe disponible de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala al gobierno de Cambiemos como el más represor desde 1983, responsable por un 20% del total de muertes por gatillo fácil registradas en el período. Entre los casos más controversiales se encuentran las muertes en contextos de operativos represivos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, y la defensa del policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda a un ladrón, todos casos de los últimos meses de 2017.