El cuidado como posibilidad de realización del paradigma de la universalidad y solidaridad en los sistemas públicos de protección social. Una perspectiva histórica

O cuidado como possibilidade de realização do paradigma da universalidade e solidariedade nos sistemas públicos de proteção social. Uma perspectiva histórica

Silvia Lilian Ferro1

Fecha de recepción: 29/12/2018

Fecha de aceptación: 22/04/2019

Resumen

Este artículo coloca en diálogo contribuciones teóricas de la Economía del Cuidado en la actual discusión pública sobre la necesidad de reconfigurar sistemas de protección social en países de la región, especialmente en casos sudamericanos. Desde esta perspectiva se analizan aspectos históricamente significativos de tales sistemas: 1) componentes constitutivos tradicionales de la Seguridad Social enfocándose en límites originarios de su pretendida universalidad de cobertura y 2) la precaria complementariedad de mecanismos tangenciales de protección social en las políticas focalizadas de “alivio a la pobreza” popularizadas desde la década de los 90 del Siglo XX, denominadas Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.

Palabras clave: Economía del Cuidado, Seguridad Social, Políticas Sociales.

RESUMO

Este artigo coloca em diálogo contribuições teóricas da Economia do Cuidado na atual discussão pública sobre a necessidade de reconfigurar sistemas de proteção social em países da região. Desde esta perspectiva analisam-se aspectos historicamente significativos desses sistemas: 1) componentes constitutivos tradicionais da Seguridade Social, focando-se nos limites originários da sua pretensa universalidade de cobertura e 2) a precária complementaridade de mecanismos tangenciais de proteção social nas políticas focalizadas de “alívio à pobreza” populares na região desde a década dos 90 do século XX, conhecidas como Programas de Transferências Monetárias Condicionadas.

Palavras-chave: Economia do Cuidado, Seguridade Social, politicas sociais.

Introducción2

Desde inicios del Siglo XXI se presentó un escenario de mejora sustantiva de las condiciones de vida de gran parte de la población latinoamericana. El círculo virtuoso del crecimiento económico con inclusión social, si bien con limitaciones propias de las relaciones de fuerzas de cada caso nacional, impulsó nuevamente el protagonismo del Estado como redistribuidor a través de políticas públicas orientadas a revertir las enormes brechas de desigualdad que caracterizaron históricamente esta región. Saldos positivos en balanzas comerciales, sumadas a políticas de reindustrialización y fuerte inversión en políticas sociales de corte inclusivo configuraron una etapa “dorada” de las mismas especialmente en el decenio 2003-13 (Ocampo y Gómez Arteaga, 2017).

En la actualidad, el ciclo se invierte en sentido negativo. Reformas laborales, previsionales y profundización de aspectos regresivos de sistemas tributarios configuran un horizonte amenazador porque son traccionados por los países más importantes de Sudamérica: Argentina y Brasil. Amenazas que se materializaron en la Reforma Laboral de Brasil y la Reforma Jubilatoria en Argentina3 ambas acontecidas en 2017 y siguen en agenda la Reforma Laboral en Argentina y Previdenciária en Brasil. Una suerte de dejávu del pasado reciente neoliberal de finales del Siglo XX (Cantu, 2011).

Según la economista feminista italiana Antonella Picchio está situación no sería excluyente de América Latina, y formaría parte de un proceso global de desmantelamiento gradual del plexo de derechos laborales consolidados en los Estados de Bienestar de posguerra desde la segunda mitad del Siglo XX: “Se trata de un ataque global que afecta a la seguridad, al empleo, al salario, a los servicios y a las transferencias públicas, así como también al tiempo, a la organización del trabajo y, en general, al cuadro de derechos” (Picchio, 2009:27).

La Economía Feminista (E.F.) es un enfoque que puede situarse entre los “heterodoxos” del campo del pensamiento económico. Cuestiona centralmente la forma androcéntrica de la construcción epistemológica canonizada como “ortodoxa”. Desde finales del Siglo XX la E.F., se afianza y consolida como espacio de renovación disciplinar, visibilizando a las mujeres como agentes económicos protagónicos quienes además tienen a su cargo, merced a una desigual y sexuada división del trabajo, muchas de las prestaciones de servicios de cuidado en la forma de trabajo familiar no remunerado.

Podríamos situar sus inicios en el último cuarto del siglo a partir de publicaciones de relevancia que discutieron el protagonismo de las mujeres en el desarrollo económico global (Boserup, 1970) así como otras que continúan la polémica no saldada entre el marxismo y el feminismo por la función político-económica del trabajo doméstico (Beneria,1979); colocando en cuestión supuestos del análisis económico que habitualmente ignoran cuestiones relacionadas a los trabajos domésticos y reproductivos llevados a cabo mayoritariamente por las mujeres así como su valor macro, meso y micro-económico (Elson,1994) y, fundamentalmente, social y político. Es ampliamente analizada también, la interdependencia entre productores de bienes y servicios mercantilizables con quienes proveen extensas jornadas de servicios de cuidados invisibles económicamente (England, 1993). Plantea que la importancia de este tipo de trabajo y especialización invisibilizada es tal que se torna sostén y colchón amortiguador de las contingencias de las demás esferas de actividad económica (Picchio, 2001 yCarrasco, 2003).

La E.F. junto con otras corrientes de pensamiento económico como el Institucionalismo Crítico, especialmente desde los aportes del economista hindú Amartya Sen, realizan grandes contribuciones a los estudios del bienestar de la población, medición del trabajo integral –remunerado y no remunerado – implicado en la generación y distribución de la riqueza creada por cada país y su incorporación en los Sistemas Nacionales de Cuentas Públicas (Gálvez, 2006) proponiendo metodologías relevantes para medir las unidades de tiempo implicadas en los servicios de cuidados, por ejemplo los Presupuestos de Tiempo (Time´s Budget).Las encuestas de uso del tiempo vienen siendo incluidas progresivamente en los sistemas estadísticos latinoamericanos y especialmente sudamericanos.

En sus inicios los debates epistemológicos que se promovieron desde la E.F. estuvieron direccionados hacia las bases teóricas fundacionales de la Economía Política desde el Siglo XVIII que invisibiliza al trabajo doméstico – que abarca una parte sustancial del trabajo de cuidados – como productor de valor y por ende como actividad económica en el sentido formal de la expresión. Adam Smith en la Riqueza de las Naciones (1776) considera que el trabajo doméstico debía ser realizado solo por las mujeres y no poseía valor económico porque produce bienes y servicios no durables al contrario que la producción artesanal y fabril que produce bienes durables La Economía Política fue uno de los terrenos donde se originó el discurso de la división sexual del trabajo que se iría imponiendo a lo largo del siglo XIX (Borderias, 2006). Posteriormente la crítica feminista se posiciona en aspectos centrales de la Teoría Neoclásica (Ironmonger, 2001). El enfoque neoclásico alcanzó tal grado de legitimidad que se convirtió en supuesto teórico tácito de políticas públicas de todo tipo.

Actualmente las discusiones que aporta la Economía Feminista a las políticas públicas cubren todo el espectro de especificidades de las mismas. Desde políticas comerciales (Espino y Amarante, 2003) Economía del Desarrollo (Benería, 1999 y 2003; Pearson, 1999) políticas fiscales (De Villota, 2003) producción de estadísticas públicas (Pazos Morán, 2007) dimensiones macroeconómicas (Bakker, 2003), políticas y sistemas públicos del Cuidado (O´Hara, 2014) entre otros muchos objetos y temas.

Estas corrientes de pensamiento han trascendido su origen septentrional, insertándose en circuitos de discusión y producción académica global. Comienzan a plantearse con mucha fuerza en América Latina, especialmente en Sudamérica. Son crecientemente incorporadas tanto en agendas reivindicativas de movimientos sociales como en ámbitos de renovación epistemológica de diferentes campos disciplinares y en algunos casos direccionadas hacia su aplicación en políticas públicas. Articulan debates de renovación teórica y metodológica de la Economía (Waring, 1989) con demandas de colectivos sociales como los movimientos feministas.

Vulnerabilidad de la vida, protección social y cuidados

La protección social y la cuestión del Cuidado tienen una intrínseca relación: ambos tienen que ver con la vulnerabilidad de la existencia humana especialmente vinculada con la corporalidad inherente al transcurrir de la existencia. Una de las contribuciones fundamentales de la Economía del Cuidado es la visibilización del cuidado como eje de sostenibilidad de todas las actividades de producción material para la existencia, soporte de las condiciones de vida de la población (Picchio, 2001) así como de la calidad de los procesos vitales (Nussbaum & Sen, 1993) en escala individual, interpersonal, familiar y social (Folbre, 1994).

El trabajo de provisión de Cuidados también se ve alcanzado por impactos de políticas macroeconómicas porque compensa – principalmente en su componente de trabajo doméstico – servicios y bienes que en etapas de mayor poder adquisitivo de salarios, en buena medida se adquieren en el mercado. Las políticas de ajuste fiscal y especialmente las que desincentivan la creación de empleos incrementando la cantidad de personas desempleadas y subempleadas provocan estrategias de sustitución de gastos en los hogares presionando sobre el volumen de trabajo doméstico y reproductivo, es decir de Cuidados. Estrategias de “hacer en casa” para no tener que comprarlo “afuera” son significativas en periodos macroeconómicos recesivos, por ello los servicios de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado implican de facto un colchón amortiguador del desfase (Picchio, 1999) entre expectativa de consumo, poder adquisitivo de los salarios y esquemas regresivos de distribución del ingreso generando sobrecarga de trabajo no remunerado desproporcionadamente encima de las mujeres.

Estos enfoques trascienden al mero reconocimiento de los hogares como agentes económicos que planteó la teoría neoclásica, están más allá del ámbito de reproducción de mano de obra que puede vislumbrar el marxismo y acullá de la interesada alabanza de dobles y triples jornadas que soportan las mujeres que visiones neoliberales y conservadoras están siempre prestas a conceder.

En relación con lo afirmado aquí podemos notar que las políticas públicas de países tanto del Norte Global como también latino-americanos comienzan a incorporar, incipientemente, supuestos teóricos y analíticos emergentes de abordajes conceptuales y metodológicos del cuidado y también en estadísticas públicas, especialmente en las mediciones de condiciones de vida, tiempos de trabajo remunerado y no remunerado de Encuestas de Permanentes de Hogares. Como programas emergentes de políticas públicas de Cuidado podemos mencionar tres experiencias en desarrollo actualmente. Se destaca el caso uruguayo con su Ley N 19.353 que cree el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la Ley N 9.220 de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil en Costa Rica, en Chile el programa “Chile Crece contigo” y en los demás países latinoamericanos algunas políticas y programas especialmente orientadas a enfoques de natalidad, infancia, discapacidad y vejez (Rico y Robles, 2016). Políticas focalizadas centradas en beneficiarios potenciales del Cuidado y no a la situación de quien provee Cuidados.

la legislación existente en materia de cuidado y sus políticas muestra una situación similar a la identificada en el ámbito internacional, con una orientación a la regulación de prestaciones y servicios para grupos específicos, en particular, la primera infancia y las cuidadoras remuneradas. Ello coexiste con una escasa integralidad en su formulación y una gran heterogeneidad en las prestaciones que estas regulaciones definen para las diversas poblaciones del cuidado (Rico y Robles, 2016:16).

Siguiendo a Duran (2012) los protagonistas del Cuidado son de tres tipos “1. Los sujetos que se auto cuidan, plena o parcialmente. 2. Los cuidadores no remunerados (familiares y amigos, voluntariado). 3. Los trabajadores del cuidado remunerados.”(Duran, 2012:115)

El cuidado enfocado en derechos, sesgo liberal de su concepción, sesga en la dimensión de quien recibe cuidados o tendría derecho a ellos en forma reconocida por el sistema de protección social pero no atiende en la misma importancia la dimensión de quien cuida.

La efectiva universalidad, ubicuidad, sincronicidad y transversalidad del cuidado es la revolución copernicana que permitiría pensar un modelo de protección social integral. Para ello hay que desplazar el sentido de derechos individuales como destinatarios, al de la actividad cuidadora y a sus demandantes. Es la prestación de cuidados la que debe universalizarse porque su demanda ya lo está. Cuidados precisamos todos “de la cuna a la tumba” parafraseando al propio Lord Beveridge (1942). Tomando en cuenta el pasaje del ideal decimonónico del trabajador, al de ciudadano consumidor de la posguerra, actualmente se evidenciaría como continuidad el giro neo-moderno porque se perpetúa el sesgo estereotipado de feminización de quienes prestan servicios de cuidados y de masculinización de quienes los demandan sin reciprocidad prestativa igualitaria.

Otro aspecto a resaltar es la plasticidad de las posibilidades de reconocimiento de Cuidados permitiendo combinaciones sinérgicas, desde transferencias monetarias, políticas de respiro, subsidio a precios de prestaciones de cuidados por parte del sector privado, expansión de infraestructura pública, políticas de conciliación (Rico y Robles, 2016) con las necesarias transformaciones en la morfología del empleo.

Colocar el cuidado como paradigma prestacional y redistributivo trasciende casi en forma cuántica, la linealidad irreversible de la idea beveridgeana de solidaridad ínter-generacional: trabajadores jóvenes que aportan cotizan en los sistemas previsionales para las jubilaciones de los adultos mayores que a su vez ya han aportado cuando jóvenes para la generación que les antecedió. En el caso de prestaciones de Cuidado esa dinámica se vuelve reversible y no lineal ya que con el aumento de la expectativa de extensión de la vida y mejoras en las condiciones sanitarias de gran parte de la población “pasiva” las mujeres de edad avanzada siguen prestando trabajos y servicios de cuidados no reconocidos tanto a los adultos mayores masculinos de sus núcleos de convivencia como a los hijos de sus hijos, lo cual ya comienza a reconocerse incipientemente en la Seguridad Social.4

El paulatino pero constante descenso de las tasas de natalidad y el aumento de la edad procreativa en las capas medias urbanas fueron una respuesta a la división sexual del trabajo imperante que coloca a las mujeres en la difícil superposición del tiempo de trabajo remunerado con el tiempo de trabajos de cuidados. Es reductivo, además, ubicar la presión de la demanda de Cuidados solo en los núcleos de convivencia donde existen infantes tal como aparece en gran parte de la literatura especializada. Los datos de estudios sobre el uso del tiempo nos indican que “detrás de las personas débiles se esconden también las fuertes” varones sanos y adultos que utilizan el trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres como apoyo fundamental para la sostenibilidad de su vida, no solo en periodos de crisis, sino también, y, sobre todo, en la normalidad cotidiana (Picchio, 2001:3).

El crecimiento de la expectativa de vida de la mayor parte de las sociedades del globo con un claro proceso de envejecimiento de la población incrementa la presión sobre los servicios de cuidados. De pirámides a “hongos” demográficos en pocas décadas (Duran, 2016) estos cambios son respuesta soterrada a la falta de debate público y colectivo sistémico por la redistribución de las responsabilidades del cuidado tanto a nivel interpersonal como colectivo e institucional.

La falta de distribución equitativa del trabajo doméstico y del trabajo reproductivo entre hombres y mujeres en los núcleos de convivencia, así como una insuficiente infraestructura pública de apoyo a periodos críticos de demandas de cuidados como la existencia de hijos pequeños, adultos mayores dependientes5, enfermos y discapacidades permanentes; se superpone a la demanda de cuidados por parte de adultos sanos, revelándose a las mujeres insertas en la educación superior y en mercados laborales, la insuficiente elasticidad del insumo tiempo. En ese contexto el Cuidado comienza a ser analizado y colocado en el interés público porque el costo de seguir ignorándolo se materializó en cambios demográficos en todo Occidente como las transiciones demográficas desde la década de los ´70 del Siglo XX (Duran, 2012).

La respuesta política a esta situación comenzó con las llamadas “políticas de conciliación” que intentaban mejorar la articulación entre los tiempos de la vida laboral y los de la vida familiar. Esta solución supone la sobreutilización de un recurso ya existente: el trabajo a tiempo parcial, que pronto se reveló insuficiente y sesgado porque produjo el efecto de precarizar la situación laboral de las trabajadoras siendo sus principales destinatarias y usuarias para que puedan seguir asumiendo asimétricamente el costo de la conciliación entre esferas tan incompatibles por tiempos de desplazamientos en urbes cada vez más crecidas, minimización de las redes de apoyo informales y falta de una infraestructura pública accesible y de calidad para los cuidados de los dependientes, así como el insuficiente cumplimiento de la legislación existente que impone la instalación de guarderías infantiles en el ámbito laboral privado y estatal;

trabajo a tiempo parcial, último brote legal de la devaluación profesional de las mujeres. Trabajo truncado, sin perspectivas de promoción, el trabajo parcial reúne ambos polos de la actividad de las mujeres: la familia y el trabajo, pero, por otro lado, impide el enfoque de un oficio con la perspectiva de una carrera profesional. Se vuelve a utilizar la familia contra el trabajo por una división sexual del tiempo del trabajo: el tiempo completo para los hombres, el tiempo parcial para las mujeres (Lagrave, 1993:535).

La maternidad impacta en las trabajadoras de una forma no recíproca al impacto de la paternidad en las trayectorias formativas y laborales de los hombres. Como respuesta se dilató la edad de la conyugalidad y la procreación por parte de las mujeres. Los sistemas estadísticos de países del Norte Global lentamente intentan medir la magnitud del problema. Se comienza a evidenciar la contribución del trabajo doméstico y de cuidados a la sostenibilidad de los sistemas económicos a través de Cuentas Satélites, orbitando a los Sistemas de Cuentas Nacionales que siguen midiendo como si ese tipo de trabajo no existiera.

En tanto la inmigración, legal e ilegal, desde los países del Sur Global sostuvo la continuidad del funcionamiento productivo de los países del Norte Global abaratando los costes del trabajo de cuidados remunerado. Flujo migratorio esta vez feminizado que tuvo en los países latinoamericanos un fuerte protagonismo inicial en la provisión de servicios de cuidados en dirección Sur-Norte en el espacio atlántico. Proceso llamado internacionalización del cuidado (Parello Rubio, 2005) originando verdaderas “cadenas globales de cuidados”6. La transición demográfica como síntoma de la crisis de los cuidados y la mejora en la extensión de la vida, desde un aspecto sanitario, también llegó a países latinoamericanos desde finales del Siglo XX agotando el “Bono Demográfico” en la mayor parte de los países. La fase de recuperación económica desde inicios del Siglo XXI convirtió a algunos de ellos en demandantes de servicios de cuidados. Demanda que es alimentada con una provisión vecinal y regional desde países menos favorecidos, situación especialmente visible en países del MERCOSUR.

En este contexto, se expresa con fuerza una corriente teórica dentro de la Economía Feminista y en conjunción con corrientes neo-institucionalistas críticas, que se denomina Economía del Cuidado. Por Economía del Cuidado se alude al dimensionamiento económico de la generación, provisión e impactos macro, meso y micro institucionales de los sistemas de cuidado, en sus dinámicas individuales, familiares y colectivas, en sus aspectos materiales y simbólicos generando metodologías cuantitativas y cualitativas para su efectiva visibilidad teórica y conceptual tanto en la esfera de la Economía Ciencia, reconociendo su especificidad como función basal de soporte para el conjunto de la actividad económica y del funcionamiento social (Ferro, 2016). Es un raciocinio panóptico que abarca más elementos que la provisión de servicios de cuidados mediante trabajo ad hoc en el locus doméstico.

Según Batthyani (2015) existen tres tipos de trabajo: el “productivo, de carácter social, colectivo, mediante el cual se producen los bienes que constituyen en conjunto la riqueza social” (Batthyani, 2015:9), el “doméstico de carácter individual, mediante el cual se satisfacen necesidades cotidianas como la alimentación, la higiene, la salud y el mantenimiento de la vivienda” ((Batthyani, 2015:9) y por último el de “crianza de los hijos” que en este trabajo llamamos Trabajo Reproductivo en sentido amplio. Este último tipo de trabajo se realiza dentro y fuera del locus doméstico.

El trabajo de cuidados comprendería el segundo y tercer tipo de trabajo siguiendo esa clasificación. Solo por el primer tipo de trabajo se recibe la consideración de empleo, de contribución a la generación de riqueza, de emergente de derechos laborales y de la Seguridad Social (S.S). Es decir, ese tipo de trabajo por el cual existe incluso representación gremial, se debate por remuneración, se establece como canal de distribución de renta, se proyecta la misión institucional de áreas estatales nacionales y supranacionales y es contabilizado como tal, siendo solo una parte del volumen total de trabajo que una sociedad produce y consume.

Caracterización del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado

Tiempo: Insume ingentes cantidades de tiempo, según los datos de las Encuestas de Uso del Tiempo midiéndolo en unidades hora predomina el no remunerado, prestado en núcleos de convivencia y con beneficiarios vinculados por parentesco.

Producto: Servicios personalizados. Bienes altamente fungibles y perecederos pero imprescindibles para la sostenibilidad de la vida humana.

Especialización: Precisa de profundo conocimiento del histórico familiar, cultura, religión, estado de salud y gustos de sus beneficiarios para ser realizado en condiciones óptimas.

Motivación: Se espera que proveedores y beneficiarios establezcan relaciones afectivas para mejorar su calidad de provisión y uso. Aun cuando no es remunerado, ni valorado socialmente, se espera o exige que sus prestadores se muestren felices, satisfechos, realizados y complacientes siempre que lo provean.

Lugar: Ámbitos domésticos y extra domésticos (escolarización, cuidado de enfermos en centros de salud, sociabilidad, cooperadoras escolares, etc)

No remunerado: En el ámbito familiar conlleva cargas afectivas, emocionales y espirituales, asumido como derivación del altruismo y el deber ser de la femineidad y la maternidad. Colocado muchas veces en el orden de lo natural instintivo alojado selectivamente en la psique y cuerpo femenino.

Remunerado: feminizado casi en exclusiva entre sus prestadores, ocupa las escalas salariales más bajas con niveles de informalidad y precariedad de los mayores en todos los países y por ende elusión de aportes patronales para la S.S. Cuando existen leyes que regulan su salario estas están fuera de las leyes marco de Contrato de Trabajo o en algunos casos estipulándose un salario inferior que el salario mínimo establecido y con condiciones de trabajo frecuentemente desreguladas.

Según reconocimiento económico-legal:

Familiar No Remunerado: Desde finales del Siglo XIX aparecieron voces que reclamaron desde el feminismo el reconocimiento salarial y del Seguro Social de este tipo de trabajo y desde la segunda mitad del Siglo XX se reclamó el “salario del ama de casa” dentro de las prestaciones de la protección social y su reconocimiento como dador de derechos laborales. Existen desde finales de S. XX los Sindicatos de Amas de Casa articulados alrededor de esa demanda.

Doméstico Remunerado: En lo que respecta a la inclusión en la S.S en la Resolución Nº 39 de la III Conferencia Interamericana de Seguridad Social (1951) se propone en el inciso: “e) Adaptabilidad de los sistemas a los trabajadores agrícolas, independientes y personal doméstico” (CISS, 1982:69). Su concreción normativa es dispar, todavía discriminatoria y de aparición muy reciente en países sudamericanos7

7Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, todavía las más actuales definiciones sobre las que descansa el sistema público de Seguridad Social de alcance global sigue pensándose sobre el recorte del “empleo” sin incorporar una definición integral de trabajo que incluya a las formas no remuneradas como por el ejemplo el vastísimo trabajo doméstico y de cuidados que sostiene a todas las demás formas. “La S.S. se define como la protección que una sociedad brinda a sus miembros a través de medidas públicas para hacer frente a las privaciones económicas y sociales que podrían afectar los ingresos por causa de enfermedad, maternidad y paternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral, desempleo invalidez, vejez y muerte, así como las asociadas con la asistencia médica y la ayuda a las familias con hijos” (OIT, 2001 en CEPAL, 2017).

Tensiones decimonónicas

El surgimiento de la Seguridad Social como expresión de responsabilidad del Estado respecto del bienestar de sus ciudadanos podría situarse hacia finales del Siglo XIX en la Alemania de Otto von Bismarck (1815-1898) en la forma de seguros sociales atendiendo las contingencias laboralmente pasivas de su población trabajadora: enfermedad, vejez, invalidez y muerte (Mesa-Lago, 1994). Significó para la época una gran innovación dentro de una concepción liberal de Estado.

Estas medidas se consolidaron como políticas públicas duraderas basándose en un tipo específico de destinatario: el trabajador asalariado masculino (Del Águila Cazorla, 2017). Esto no obedecía a la ausencia de mujeres en los mercados laborales ya que “su existencia es muy anterior al capitalismo industrial” (Scott, 1993). Las asalariadas también estaban allí, si bien sobrerrepresentadas en los sectores más informales como servicio doméstico, cuenta-propismo urbano, comercio, artesanía, pero también en el empleo pre-industrial especialmente de indumentaria fabricada en domicilios, como en el industrial propiamente dicho.

En las primeras décadas del Siglo XIX enmarcados en las llamadas Revoluciones Liberales europeas de las que surgiría el sindicalismo como forma de organización gremial y política de los trabajadores, se popularizan los debates públicos sobre la cuestión laboral y la protección estatal a las contingencias vitales de la población trabajadora. Activistas hombres y mujeres de organizaciones gremiales y sindicales llegaron a las Américas como parte de flujos de inmigración de perseguidos políticos especialmente aquella proveniente del Mediterráneo europeo desde la segunda mitad del S.XIX (Molyneux, 2000).

En este nuevo orden de ideas, el trabajador se idealizó como alguien desobligado de las responsabilidades de cuidados de sí mismo (Picchio, 1994 y 1999) y respecto de sus dependientes familiares, por ende, disponible a lo largo del día para la actividad económica, en un contexto de creciente asalarización que se profundizaría en todo Occidente a lo largo del Siglo. El modelo ideal se complementó con la existencia de una esposa dependiente de sus ingresos, confinada al hogar en dedicación exclusiva para atender las necesidades vitales del trabajador asalariado, garantizando además la reproducción y cuidados básicos de la reposición de la mano de obra, es decir los hijos, siendo la contraparte necesaria para el Male bread winner model (Beneria, 2003).

Si bien las mujeres pobres siempre trabajaron, remunerada y no remuneradamente – este contexto decimonónico de lucha por mejoras salariales y de condiciones del empleo en general no las incluía, se esperaba que su inserción como asalariadas en los ámbitos laborales fuese incidental o en casos forzosos, como haber quedado sola con sus hijos, recibiendo menor salario que los hombres por igual tarea y con peores condiciones de trabajo, entre otros estímulos para persuadirlas de la “vuelta al hogar” cuando las circunstancias lo permitieran (Borderias, 2006). En ese contexto el empleo femenino es presentado por un amplio espectro ideológico como otro de los síntomas de problemas sociales (Bock, 1993) que ocasionaría el capitalismo industrial en su fase madura.

El propio sindicalismo, actor gravitante en la demanda de protección social, se mostró por lo general reticente a considerar a las trabajadoras y sus demandas como partícipes de sus organizaciones y agendas reivindicativas. En no pocos casos confronta con ellas como adversarias ya que al tener éstas que aceptar menores salarios por estar generalmente responsabilizadas en exclusividad de la sobrevivencia de hijos y adultos dependientes, eran vistas como opción beneficiosa para los empresarios en procura de bajar costos laborales, debilitando así demandas sindicales por mejoras salariales para los hombres (Borderias, 2006): Los sindicatos se sumaron al discurso dominante e hicieron suya la idea de la mujer como trabajadora débil, manteniéndola al margen de sus estructuras. En aquellos donde fueron aceptadas se las mantuvo en situaciones de subordinación (Scott, 1993:14).

Este rechazo sindical, tanto de extracción socialista como anarquista, a las obreras y sus reivindicaciones no fue privativo de Europa, en el Brasil industrial paulista de fines de siglo, críticas y hostilidades generalizadas se evidenciaron de este modo:

El trabajo industrial femenino comenzó a provocar indignación pública, disfrazada la mayor parte de las veces de preocupaciones morales. También la prensa obrera condenaba al trabajo extra doméstico, considerándolo perjudicial para la salud y la prole. Anarquistas y socialistas apuntaban sus consecuencias nocivas: tuberculosis, prostitución y abandono de los niños. El trabajo fabril era visto como un desperdicio físico de energías femeninas y como factor de la disolución de la salud y de la capacidad de desempeño de las funciones maternales. Comprometía además la dignidad de la mujer, a la que se consideraba culpable de la mortalidad infantil y responsable de los desórdenes sociales. Ese pensamiento fue absorbido y mantenido por las organizaciones sindicales y políticas que aconsejaban a sus afiliados que retirasen a sus mujeres e hijas de la fábrica, destacándose inclusive el peligro que representaba la competencia femenina en el mercado de trabajo. (Mesquita Samara e Santos de Matos, 1993:780)

Sin embargo ya a finales del Siglo XIX trabajadoras organizadas, incluso identificadas con el socialismo y el anarquismo, aun cuando las relegasen, se expresaron en diferentes lugares y formas de reivindicación pública, tales como movilizaciones, huelgas, publicaciones en gacetillas y periódicos de intermitente aparición. Un caso emblemático fue “La voz de la mujer” periódico anarco-feminista que circuló en Argentina y Uruguay reclamando por mejores condiciones de trabajo, igualdad salarial, contra el trabajo infantil, acoso laboral y confrontando el rechazo de sindicatos a adoptar sus demandas y a reconocerlas como trabajadoras (Molyneux, 2000). En tanto en Brasil: “participaron con frecuencia de movimientos por la reducción de jornada de trabajo y generalmente fue en las ocasiones de reducción de salario cuando el movimiento femenino estalló con más facilidad. También reaccionaron a las condiciones de trabajo que se les imponían: maltratos corporales, repentinas disminuciones de tarifas y o aumentos de jornadas” (Mesquita Samara e Santos de Matos, 1993:780).

Como expresión de este orden de cosas podemos evidenciar el impacto en la legislación previsional argentina, Ley 4.3498 sancionada en 1904creando la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones civiles, es decir para empleados públicos, considerada como el primer antecedente de régimen previsional porque sirvió de paradigma para otros sectores laborales. En esa ley, derogada recién en 1969, se dispuso que: “si la esposa del empleado quedase viuda, hallándose divorciada por su culpa, o viviendo de hecho separada sin voluntad de unirse, o provisoriamente separada por su culpa a pedido del marido, no tendrá derecho a pensión”, y que: “el derecho a pensión se extingue para la viuda desde que contrajera nuevas nupcias, para los hijos varones desde que llegaran a la edad de 20 años, para las hijas solteras desde que contrajesen matrimonio” (Ley 4349); es decir, las trabajadoras sean del fuero familiar no remunerado como del extra-doméstico remunerado son concebidas exclusivamente como accesorias en la historia laboral de los varones.

Impactos políticos y sociales de la maternidad obrera

En la primera mitad del Siglo XX en Europa y en países latinoamericanos – previamente en los sudamericanos – se incorporan al seguro social delineado sobre las eventualidades forzosas del trabajador en forma individual, las asignaciones familiares como apoyo para el sostenimiento de su prole, “cargas familiares”, reafirmando su rol como Jefe de Familia. En este marco, fue significativo el debate para incorporar la protección a la maternidad de las trabajadoras y en algunas propuestas se esbozó incluir todas las madres independientemente de su situación ocupacional, además de una compensación por el Trabajo Doméstico y, en tanto portadoras de derechos de ciudadanía, por prestar el mayor de los servicios a sus países: reproducir su población (Bock, 1993).

Los cuestionamientos que aparecían con fuerza en el debate público por la protección de la maternidad en contextos laborales tenían que ver con interrogantes como estos:¿Maternidad como función social o como una decisión privada? ¿Maternidad y empleo pueden ser compatibles? ¿Las mujeres deberían trabajar asalariadamente extramuros doméstico?

Por una parte, la Iglesia Católica en el corpus doctrinal de la llamada Doctrina Social de la Iglesia iniciada por la Encíclica Rerum Novarum(1891) de León XIII ya venía analizando las consecuencias negativas del modelo liberal de relación entre Estado, Empresas y Trabajadores especialmente en lo que atañe a las relaciones entre el trabajo y la familia. En el marco temporal que transcurre entre la Encíclica Rerum Novarum hasta la Gaudium et Spes9(1965) se propone a los gobiernos implementar un “salario familiar” como apoyo compensatorio para quienes no pudieran sustentar debidamente a sus familias debido a salarios insuficientes o por su falta de él, o medios de vida alternativos, abonable al Jefe de Familia, a su vez también marido y asalariado.

Por otra parte, movimientos de mujeres por la igualdad de derechos en el mundo laboral colocaron en el centro del debate ya desde finales del Siglo XIX la cuestión de la maternidad vulnerada, tanto de las trabajadoras con hijos pequeños que debían trabajar en el espacio extra doméstico para sustentarlos por ausencia del compañero – por abandono familiar , enfermedad, muerte o invalidez – como por aquellas que se veían compelidas a trabajar junto a sus hijos percibiendo un salario menor por las mismas tareas que sus colegas masculinos. Estos grupos pugnaban por el reconocimiento social y político de la maternidad del que emergerían los derechos a su efectiva protección y apoyo y fueron identificados posteriormente como “feminismo maternalista” porque insistían en que las ayudas y subsidios estatales se abonasen directamente a las madres.

La lucha de las mujeres por la igualdad política incluía su exigencia de un permiso remunerado por maternidad para las empleadas antes y después del parto y, además de esto, una asignación de maternidad, universal y garantizada por el Estado, que se entendía como una redistribución de la riqueza entre hombres y mujeres. Bajo la influencia de grupos de presión sociales y políticos divergentes, tanto masculinos como femeninos, esta reclamación se transformó más tarde en la propuesta de “asignaciones por hijo”, que se entendía como una redistribución de la riqueza de quienes no tenían hijos entre quienes sí los tenían (Bock, 1993:431)

Estas movilizaciones por parte de las trabajadoras para colocar temas de interés público en las agendas de opinión pública, consiguen impulsar legislaciones protectoras de la maternidad de las obreras tanto en Europa como en América Latina, por estado avanzado de gravidez y semanas después del parto, logrando en algunos casos permisos remunerados y en otros permisos no remunerados con retención del puesto (Bock, 1993).

El contexto de época que enmarcó esta discusión y le dio escucha, estuvo signado por la ausencia de hombres de los hogares, voluntaria e involuntariamente. Además de los conflictos bélicos permanentes en ese continente, desde mitad del Siglo XIX un enorme flujo migratorio europeo cuantitativamente masculinizado se desplazó a las Américas y particularmente en dirección al Sur Global y por ende a Sudamérica. Millones de hombres abandonaron Europa en pocas décadas, pocos volvieron (O´Rourke and Williamson, 2001). Las constantes guerras, especialmente las dos Guerras Mundiales (1914-1918 y 1939-1945) que mermaron significativamente la población masculina activa, reforzaron que la maternidad se vuelva un asunto de Estado de primer orden en busca de reponer población, afianzar soberanías territoriales amenazadas a través del poblamiento, recuperar mano de obra “nacional” para los sistemas productivos entre otras finalidades.

Pero gobiernos europeos de países más afectados por la posguerra no pudieron simplemente prohibir el trabajo asalariado extra doméstico a las mujeres porque también los mercados laborales fueron mermados por estas sangrías poblacionales masculinas. Por ello, las medidas demandadas en sentido protectivo y reivindicativo de la maternidad por parte de movimientos sociales feministas fueron asumidas pero resignificadas estatalmente como políticas natalistas por razones geopolíticas, lo que fue repudiado por los liderazgos de tales movimientos (Lefaucheur, 1993).En las especiales circunstancias de posguerra la Seguridad Social de países aliados en especial tuvo que balancear estímulos para que una ocupación femenina retribuida no desestimule la procreación y viceversa.

Más adelante, con el surgimiento y consolidación de los Estados de Bienestar en el Norte Global, especialmente en su apogeo-“los treinta gloriosos” – la S.S. adoptó también la función de integrar el salario indirecto “universal” y por ende un mecanismo de redistribución de la riqueza, en sintonía con ideas keynesianas, además de su tradicional función protectora y preventiva de contingencias vitales de los trabajadores, originaria del paradigma bismarckiano asumido tempranamente también por países sudamericanos.

Es precisamente el escenario de posguerra europea quien va a generar ampliaciones y profundizaciones del modelo de Seguridad Social. Una comisión en Inglaterra, promediando la Segunda Guerra Mundial, es encargada por las autoridades para pensar y proponer las bases de este aspecto de la eventual reconstrucción productiva y laboral del país en caso de un eventual triunfo aliado.Lord John Maynard Keynes ya reconocido por sus aportes al pensamiento económico “pos liberal” en la época y Lord William Beveridge catedrático y parlamentario inglés le dan los trazos más salientes al Informe resultante de dicho trabajo colectivo: SocialInsurance and AlliedServices de 1942 también conocido en español como “Informe Beveridge”. Se propone allí, ampliar y profundizar más el alcance y la cobertura tendiente a lograr la universalidad, así como también la solidaridad entre los distintos estratos socio-económicos en las cargas fiscales para sostener con equidad el andamiaje contributivo. Un aspecto central es que incorpora la situación de las mujeres casadas a la “Clase III” en el Seguro Social como apéndices de los cotizantes cónyuges: “Se asegurará a todas las personas comprendidas en la Clase III, en virtud de las cuotas satisfechas por sus esposos, asignaciones de maternidad, subsidio de viudedad o separación conyugal y derecho a pensión de retiro; además de la asignación de maternidad, las mujeres casadas que tengan trabajo retribuido percibirán subsidio de maternidad durante trece semanas, que les permita abandonar el trabajo el tiempo necesario antes y después del parto” (Informe Beveridge, 1942:25).

Más adelante establece posición sobre el valor económico del trabajo doméstico desde la óptica del modelo de SS a construirse en la etapa: “La Clase III (amas de casa), como no tienen ocupación retribuida, no necesitan compensación por pérdida de ingresos debida a inutilidad o a cualquiera otra causa, pero, además de las necesidades comunes de tratamiento médico, gastos de entierro y pensión, tienen otra variedad de necesidades especiales que se derivan de su matrimonio” (Informe Beveridge, 1942:63).

En Sudamérica, aunque la región no participaba directamente de guerras inter-continentales durante la primera mitad del Siglo XX, en algunos países como Argentina la escasa densidad demográfica respecto de su territorio también creó un temprano clima receptivo a demandas de protección a la maternidad de las trabajadoras extra domésticas y comenzaron a implementarse medidas de apoyo, o de restricción a la empleabilidad femenina según el caso, que se incorporaron posteriormente a la legislación laboral (Nari, 2004).

En tanto en Brasil: “vinculadas a preocupaciones de orden moral, en 1917 aparecieron las primeras reglamentaciones: se prohíben la jornada nocturna de las mujeres y la actividad durante el último mes de embarazo y el primero posterior al parto” (Mesquita Samara e Santos de Matos, 1993:780). En Argentina ya existían leyes protectoras desde el año 1907, como la Ley 5.291, resultando controversial y poco eficiente según algunos analistas de la época; por lo cual la modifican posteriormente dando lugar a la Ley 11.317 de 1924 y nuevamente mejorada en 1934. En 1936 se crea la Caja de la Maternidad en cumplimiento de dicha legislación (Biernat y Ramacciotti, 2011:158). En 1944 se crea la Dirección Nacional de Trabajo y Asistencia de la Mujer (Bianchi, 1993:765) lo que demuestra la centralidad que tenía la preocupación por los impactos del trabajo asalariado extra doméstico en la función reproductiva de las mujeres.

La protección al embarazo y a la maternidad en contextos laborales extra domésticos, se incorporan definitivamente a la S.S. en gran parte de Occidente con diferencias de alcances de cobertura, duración y montos según el caso nacional analizado. Es claro que hasta etapas muy recientes, en el caso de los trabajadores su incorporación a la S.S. fue entendida como derecho propio, en cambio para las trabajadoras lo que generó derecho a la protección social fue su función reproductiva en situación ocupacional activa y no un derecho laboral per se.

Universalidad restringida

Con el final de las grandes confrontaciones bélicas en el Norte Global la S.S. se amplía en sus alcances y profundiza su legitimidad incorporándose al plexo de Derechos Humanos (1948) reconocidos por diversos instrumentos normativos y acuerdos internacionales multilaterales en diferentes etapas (OIT, 2002)10. También articulados de Constituciones Nacionales reformadas en la época, como ocurrió en países latinoamericanos es fácil advertir la influencia beveridgeana.

Las economías latinoamericanas consideradas más “desarrolladas” hacia el Siglo XX, México, Argentina y Brasil, impulsaron desde el segundo tercio del Siglo, modelos de desarrollo económico conocidos como Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) o también experiencias locales de Estados de Bienestar llamadas desde una perspectiva eurocéntrica como “incompletas” o “inacabadas” e incluso reducidas al rango de “regímenes de Bienestar” (Draibe y Riesco, 2006) cuando no denominadas en forma peyorativa: “populismos”. Cual fuese la categoría empleada, en estos países por impulso de sus procesos de desarrollo industrial se crearon las condiciones para expandir cuantitativa y cualitativamente el sujeto social protagónico de la S.S.: el obrero.

Ya desde las primeras décadas del Siglo XX, países “pioneros” en industrialización y derechos laborales como Argentina, Brasil Chile y Uruguay comienzan a establecer legislación e institucionalidad de S.S.11 (Mesa-Lago, 1994 en: Cantu, 2015) pero todos continuaron replicando el modelo male bread winner.

La segunda mitad del S.XX también aparejó grandes cambios en el mundo del trabajo asalariado. Las mujeres occidentales se incluyeron significativamente al empleo industrial especialmente en Europa de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial, a tal punto que en la década de los ´70, la participación laboral femenina industrial y en administración (oficinas) superó en porcentuales a la de servicios, especialmente domésticos remunerados, que había prevalecido entre las asalariadas anteriormente (Lagrave, 1993).

Otra novedad de la etapa es que el Welfare State con su expansión en políticas sociales como educación, salud y asistencia social, incorporó a sus estructuras burocráticas una inédita cantidad de trabajadoras para administrar esas funciones, aunque subrepresentadas en categorías basales. El crecimiento del empleo formal y en consecuencia de prestaciones de S.S. demandó también empleo femenino estatal para administrarla. Esta situación no fue lineal y tuvo resistencias iniciales pero una vez que inició la participación del empleo femenino en la administración estatal, especialmente en áreas de cuidado y reproducción social, se sostuvo in crescendo (Lefaucher, 1993).

Si bien escapa al foco de este trabajo una comparación exhaustiva sobre sistemas de Seguridad Social en países latinoamericanos de industrialización incipiente en el Siglo XX como podrían ser los casos de México, Brasil y Argentina, lo que ameritaría sin dudas un análisis en profundidad, es pertinente señalar que Argentina establece una discusión pionera en sus alcances y por sus logros de masificación asumiendo influencias beveridgeanas en lo particular y keynesianas en sentido amplio (Mesa-Lago,1978). Este liderazgo regional es claro en la etapa a partir que la propia Eva Perón en 1951 preside la III Conferencia Interamericana de Seguridad Social celebrada en Buenos Aires.

Desde la segunda mitad del Siglo, en la década de los `60, en medio de una etapa revolucionaria en amplio sentido impactando en todo Occidente y con mucha fuerza en capas medias latinoamericanas, ingresa una masa crítica de mujeres a la Educación Superior (Quintero Lima, 2017) lo que modificará la fisonomía de los mercados laborales donde una población trabajadora femenina cada vez más cualificada pugna por acceder, ascender, lograr equiparación salarial y funcional en un ámbito que las incorpora en forma sesgada por razones de sexo (Sohn,1993).

Aun considerando un indicador tan reduccionista respecto del volumen real del trabajo implicado en la generación de riqueza de un país, como el de población económicamente activa (PEA) podemos ver que son las trabajadoras las que explican el mayor crecimiento de este indicador en la actualidad, debido a la mayor cualificación educativa que las caracteriza desde hace décadas en Occidente.

En el siguiente gráfico12 podemos observar esta correlación de variables que tracciona la feminización del indicador PEA para el caso argentino:

Fuente: Extraído de Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. Instituyo Nacional de las Mujeres. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la República Argentina.

Esta situación generó cuestionamientos al modelo androcéntrico de la S.S.(Quintero Lima, 2017) porque en la mayor parte de los hogares y núcleos de convivencia de diferentes estratos sociales de países occidentales hombres y mujeres fueron equiparándose en cuanto al volumen de actividad remunerada o en cuentapropismo, situación evidente incluso en economías emergentes como las latinoamericanas.En toda la región la PEA masculina disminuyó, pero fue más que compensada por la PEA femenina en su crecimiento cuanti y cualitativo.

Sin embargo, en la discusión técnica por las limitaciones estructurales para lograr la universalidad del sistema de S.S se identifica apenas su sesgo de formalización laboral que deja afuera al inmenso contingente de trabajadores de la economía informal que en América Latina se mantiene crónicamente en porcentajes altos, aun en etapas de expansión y crecimiento económico (Velázquez Pinto, 2017). En gran parte de la región la población económicamente activa formalizada contractualmente asemeja a un iceberg en el cual una cúspide de trabajadores formales se asientan sobre una enorme masa de trabajadores sumergidos en la economía informal y en relaciones laborales no contractuales: “las regulaciones del mercado laboral en América Latina cubren solo a un segmento de la población en edad de trabajar, ya que la incidencia de la informalidad en el empleo es significativa y abarca a algo menos de la mitad de los trabajadores no agrícolas” (Velázquez Pinto, 2017:110). La informalidad laboral alcanza picos mayores cuando el análisis se focaliza en el trabajo remunerado doméstico y de cuidados.

La mitad focalizada

En la década de los ´90, en países del Sur Global, para paliar los impactos sociales negativos subsecuentes a la “década perdida” de los ´80, aparecen las políticas focalizadas en combate a la pobreza promovidas y financiadas desde organismos multilaterales internacionales. Las más popularizadas serán los denominados Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) basados en estándares de eficiencia y orientadas por ello a las mujeres como destinatarias por su esperable mejor administración de tales recursos en pos del bienestar familiar en coincidencia con los argumentos del feminismo maternalista de principios de siglo. Se esgrimen actualmente las mismas razones; que las mujeres resultan mejores que los hombres en la administración de las asignaciones monetarias, logrando un direccionamiento más eficaz hacia el bienestar de los hijos: “La evidencia muestra que las mujeres gastan más que los varones en alimentos, nutrición de alta calidad y otras cosas que benefician a los niños” (Banco Mundial, 2009)13.

Las políticas sociales focalizadas contribuyen a contener el malestar social con mínima inversión y sin que se coloque en debate a las políticas públicas centrales, las que no necesitan de adjetivos porque son la medida de las cosas. En tanto: “universal se refiere al caso que la institucionalidad contempla al conjunto de la población de un país sin hacer distinciones” las políticas focalizadas serían: “el caso de los desarrollos institucionales que tienen por mandato garantizar derechos y atender las necesidades de ciertos segmentos poblacionales cuyas características hacen necesaria una especialización de la acción pública” (Martínez y Valera, 2017:33).

Respecto del financiamiento, las coberturas de S.S. “universalizadas” están basadas primordialmente en componentes contributivos y las políticas sociales focalizadas que cuentan con componentes de protección social, o de asistencia social, están basadas en componentes no contributivos. Es decir que el beneficio no está cimentado por aportes directos de la población económicamente activa beneficiaria y de sus empleadores, como si lo es, por ejemplo, en el caso de las pensiones o jubilaciones. En el caso de las políticas sociales focalizadas o “programas de alivio a la pobreza” el componente de financiamiento público es total, tanto sean fondos de Estados nacionales “locales” como aquellos mayoritarios provenientes de organismos multilaterales de crédito como Banco Mundial, BID y otras agencias de menor envergadura de promoción al desarrollo mediante cooperación internacional.

Es pertinente destacar que expresiones como Seguro Social, Seguridad Social y Protección Social no son intercambiables, sino que nacieron de una historicidad de debates de ideas con sus respectivos trasfondos políticos. Protección Social connota alcances más amplios que una relación entre cotizaciones y coberturas o entre aspectos contributivos y no contributivos: “La protección social se refiere a un ámbito de la política pública cuya función es lograr un nivel de bienestar económico y social que, como mínimo, permita a la población salir de la pobreza, la proteja de los riesgos de caer en ella y facilite el acceso a servicios sociales y de promoción que permitan a las personas adquirir capacidades, ejercer sus derechos y desarrollarse a lo largo del ciclo de vida” (Cechini y Martínez, 2011).

En este sentido los TMC son parte complementaria de sistemas de protección social porque muchos de sus objetivos están relacionados. Podemos notar que en cuanto la S.S. institucionalizada, con antigüedad ponderable, con base de sustentación contributiva tripartita (aportes patronales estatales y de futuros beneficiarios) , afianzada socialmente, se basa en un tácito paradigma masculinizado; las políticas focalizadas de alivio a la pobreza cuentan con sustentación financiera y legal más inestable que las primeras porque provienen de ayudas internacionales que definen cuáles países serán beneficiarios, montos, objetivos, condicionalidades y con asignaciones monetarias más exiguas, se basan en un paradigma de beneficiarios feminizado. Una suerte de división sexual de la protección social.

Los componentes del “condicionamiento” de los TMC que transfieren ingresos a las mujeres más pobres de las estructuras sociales latinoamericanas, generalmente se condicionan con controles de salud y escolaridad de los hijos. Por ejemplo los casos de la Asignación Universal por Hijo en Argentina, Oportunidades en México y la Bolsa Familia en Brasil. Estos programas han sido exitosos porque impactaron en la reducción de las brechas de desigualdad pero siguen depositando en las mujeres la exclusividad de la responsabilidad por los cuidados, situación que ha sido criticada desde enfoques feministas (Rodríguez Enríquez, 2011:12).

Cabe aclarar que esta caracterización de la AUH como TMC es objetable dado que precisamente la decisión política del año 2011 incorporando y modificando por Ley los artículos que crean la AUH en la preexistente Ley “Régimen de Asignaciones Familiares”, aun cuando estipula que los aportes para financiarla serán “ no contributivos” (inciso “c” del Artículo 1, Ley 24.714)14, le otorga estabilidad y autonomía nacional por surgir tal financiamiento de aportes patronales, desligándola así de eventualidades coyunturales que afectan a los programas de “alivio a la pobreza” con financiamiento internacional, intentando y caracterizándola además, como derecho de la población menor de edad del país y no como simple apoyo monetario para la maternidad.

Conclusiones provisorias

El modelo de S.S. está en un punto crítico. Especialmente en lo que refiere a pensiones en su acepción más generalizada como previdencia para la vejez. Es una oportunidad para pensar alternativas. Uno de los factores estructurales por el cual es necesario reconfigurarlo es que su morfología está basada en un modelo de empleo masculino y sobre consensos sociales sobre división sexual del trabajo y sus proyecciones en los mercados laborales que ya se encuentran notoriamente impugnados por la participación creciente de las mujeres en los mercados laborales, por las demandas sociales de corresponsabilidad de los trabajos de cuidados entre hombres y mujeres y por la apelación a la responsabilidad estatal de proveer infraestructura pública suficiente y accesible al conjunto de la población, como también al sector empresarial para que se haga cargo de su cuota de responsabilidad al respecto.

Los mercados laborales expandidos desde la Revolución Industrial nacieron y se mantienen profundamente sesgados por criterios de género, étnicos y educativos.Actualmente se encuentran compartidos entre hombres y mujeres en los que aún subsisten tanto segregaciones verticales y horizontales, como desigualdades salariales y de movilidad organizacional; factores que se originan en los hogares desde la falta de co-responsabilidad en obligaciones del Cuidado entre hombres y mujeres que comparten núcleos de convivencia, proyectándose y amplificándose en tales mercados (Gálvez y Rodríguez, 2013) y de allí a la S.S. Por lo tanto, basar el sistema de S.S. a partir del empleo formal no puede sino reproducir sus estructurales inequidades, las que se pretenden resolver con un sinfín de intervenciones estatales correctivas que en el mejor de los casos cuando existen son insuficientes, no se sostienen financiera o políticamente y forman archipiélagos de prestaciones que superponen gastos de administración. Las regulaciones estatales para equilibrar suben por la escalera ylas desigualdades laborales suben por el ascensor.

Los cambios demográficos expresión y consecuencia de la invisibilización del trabajo de Cuidados y de su urgente necesidad de distribuirlos tanto en la infraestructura pública de apoyo, como en su reconocimiento en la S.S. y en el plexo integral de derechos laborales, profundizan problemas. El de ecuación inter-generacional invertida de la base contributiva es apenas uno de ellos, aunque parezca el más visible: más longevidad menos nacimientos. Esa masa expandida de beneficiarios de pensiones y de diversos mecanismos de la S.S. ya representa una demanda superior al de la oferta proveniente de la infraestructura pública, así como en las posibilidades de absorción de su impacto en los hogares, vale decir sobre el tiempo y energías de las mujeres integrantes de los núcleos de convivencia. Asimismo el mercado de servicios de cuidado en gran parte invisible para el modelo de S.S, aún con sus altos índices de informalidad y ocupando los escalones salariales y de condiciones de trabajo más bajos, resulta inaccesible para la mayor parte de la población asalariada por causa del decreciente poder adquisitivo e inversamente proporcional suba de los llamados “bienes salario”.

El cuidado ya dejó de ser invisible para la teoría económica y comienza a ser tomado en cuenta incipientemente en políticas públicas por el momento excesivamente fragmentadas, focalizadas y sesgadas reductivamente a un ámbito catch all de políticas sociales. El debate por el Cuidado todavía está adscripto a ámbitos académicos, de organismos internacionales con sede en la región15 y en algunas pocas organizaciones de la sociedad civil. En suma, aún está lejos de convertirse en categoría política reivindicativa de masas como lo fuera desde el Siglo XIX la de justicia social.

Colocar el cuidado, no solo reconociendo el derecho a la demanda sino también identificando la contribución y valor generado por el lado de la oferta en el marco de base de reconocimiento de protección social por fin realizaría el ideal keynesiano de universalidad para la SS. A la par de cumplir acabadamente con el precepto beveridgeano de la solidaridad inter-generacional, superándolo por sus posibilidades de trascender a una dinámica no lineal, porque lo ampliará abarcando también al de equidad intra-generacional redistribuyendo el cuidado con más equidad entre hombres y mujeres de cada grupo etario.

En tanto se piensa en la factibilidad de alternativas como la propuesta aquí, en países de las características de los latinoamericanos. Es preciso seguir apostando a la formalización laboral y la disminución de las asimetrías de todo tipo, porque a pesar de las constantes advertencias y profecías sobre su extinción, aún es el empleo la condición jurídica y social de donde emergen los derechos laborales, previsionales y de reconocimiento social.

La cuestión del cuidado como propuesta de actualización a las nuevas condiciones sociales y de superación de andro-eurocentrismo16en la provisión de bienestar social es una responsabilidad que va más allá del Estado y alcanza o debería hacerlo al Mercado. Modificar el paradigma prestacional y redistributivo basado en individuos como beneficiarios para depositarlo en una actividad como la del cuidado no modifica la discusión sobre su base de sustentación financiera, pero optimizaría inúmeros recursos dispersos bajo jurisdicciones estatales diferentes y hasta superpuestas en sus alcances.

No se trata apenas de identificar algún tributo de la base contributiva para brindar “alternativas de financiamiento” buscando conformar reticencias ortodoxas, porque eso sigue la línea de pensamiento tradicional que coloca una mirada apenas reivindicativa en términos éticos, por tanto,expresada en forma accesoria y “satelital”, en términos presupuestarios. Se trata en definitiva de un “barajar y dar de nuevo” en los presupuestos públicos nacionales y eso tiene como condición de posibilidad una decisión política con consenso suficiente como para ser tomada. Las decisiones presupuestarias son expresiones de decisiones políticas y no a la inversa.

Proponer el cuidado como categoría política significa superar la mera visibilización y valoración social del cuidado para ser una propuesta para la sociedad, haciendo fácil de comprender y reconocer para los colectivos las ganancias en materia de convivencia, de equilibrio y perdurabilidad de la sostenibilidad de los procesos de la vida humana, también para las futuras generaciones.

Así como una de las grandes crisis humanitarias en el Siglo XX hizo emerger los Estados del Bienestar caracterización basada en sus múltiples, aunque restringidos, mecanismos de protección social, la eventual insostenibilidad de las actuales circunstancias críticas podría hacer emerger una instancia superadora e inclusiva: los Estados del Cuidado.

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1 Profesora y pesquisadora. Instituto Latino-americano de Economia, Sociedade y Política (ILAESP), Universidad Latino-americana para Integração Federal (UNILA), Brasil. Doctora por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Sevilla. España. Departamento de Ciencias Sociales, Máster en Estudios Feministas (UPO) Pos-doctorada en el Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Córdoba (CEA-UNC), Diplomada Especialización en Ciencias Sociales con mención en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP-FLACSO) y Licenciada en Historia, Universidad Nacional del Litoral (UNL) ambos en Argentina. Coordinadora Grupo de Pesquisa Economía del Cuidado. Contribuciones y límites para sistemas y políticas públicas de Cuidados en América Latina (CNPQ-UNILA). Correo electrónico: lilian.ferro@unila.edu.br

2 Expreso mi sincero agradecimiento a quienes evaluaron el artículo en sistema por pares doble ciego, por las detalladas y generosas observaciones hechas a este trabajo, permitiendo mejoras para su mejor divulgación.

3 Especialistas en Seguridad Social consideran que esta reforma fue parcial por tratarse apenas de un cambio en la formula del mecanismo de movilidad jubilatoria, pero que aún no se completó la reforma integral del sistema que proponen organismos internacionales como el FMI. En tal sentido, la Ley de Reparación Histórica Nº.27.260 de 2016 declara la emergencia previsional por tres años y propone debatir, al término de ese plazo, es decir en el corriente año. Considerando el cronograma de elecciones presidenciales, de gobernaciones y de recambio parlamentario nacional no parecen estar dadas las condiciones políticas para que se produzca tal debate, al menos en lo que resta del 2019.

4 Es el caso de Turquía con el “Proyecto Abuela”abaratando los costos del cuidado en el mercado laboral y supliendo la carencia de infraestructura pública suficiente, además de demostrar que el Cuidado es reversible generacionalmente: adultos mayores, cuidando a otros adultos y a niños y niñas. Aunque la propuesta turca sigue sesgando el cuidado sobre las mujeres.

5 En este aspecto España generó un hito con la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

6 Esto último fue decisivo para los países que enfrentaron crisis de deuda en los 80 y 90, encontrando en las remesas que estas trabajadoras del cuidado enviaban a sus países, junto con la de otros trabajadores expatriados, la principal fuente de divisas en tiempos aciagos: “En diversos países de la región la entrada de recursos por remesas supera otros renglones de ingreso de las cuentas externas, tales como los de turismo, inversión extranjera directa y exportaciones de mercancías”. Información disponible en: http://www.cemla.org/foroderemesas/index.html . (Consultado en octubre de 2018).

7 Por ejemplo, en Paraguay el trabajo doméstico remunerado legalmente está enmarcado en un Contrato Especial, Ley 5407 de 2015: “Art.10. Salario Mínimo Legal. El salario mínimo legal para el trabajo doméstico no será inferior al 60% (sesenta por ciento) del salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas establecido por el Poder Ejecutivo.” Disponible en: www.bacn.gov.py (Consultado en noviembre de 2018).

8 Ley 4349. Disponible en http://www.saij.gob.ar/4349-nacional-lnn0026340-1904-09-10/123456789-0abc-defg-g04-36200ncanyel?# (Consultado en abril de 2019).

9 Textos de ambas Encíclicas disponibles en http://www.vatican.va/archive/ (Consultado en julio 2018).

10 La propia normativa que crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919 consolida definitivamente el paradigma de la S.S. como emergente de las relaciones laborales contractuales. Subsiguientemente el impacto global del Informe Beveridge se evidencia en lo establecido en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Nº 100), Convenio sobre Institucionalidad social en América Latina y el Caribe S.S. (Norma Mínima) 1952 (Nº 102) y Convenio sobre Discriminación (Empleo y Ocupación) 1958 (Nº 111).

11 Completando la clasificación según antigüedad en incorporación a la S.S. propuesta por el autor posteriormente a los pioneros, estarían los “intermediarios”: Costa Rica, Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, finalizando con “tardíos”: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

12 Información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe-mujeres-mercado-trabajo.pdf. (Consultado en abril de 2019).

13 Extraído de http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/02/12/conditional-cash-transfers-paying-people-to-invest-in-children (Consultado en julio 2018).

14 Ley 24.714. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39880/texact.htm(Consultado en abril de 2019).

15 Un ámbito institucional que impulsa el pasaje de esta cuestión desde el ámbito académico y técnico al de las políticas públicas, es el Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y el Caribe creado en 2007 en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a instancias de los Estados Parte de CEPAL-ONU.

16 Las posibilidades de sinergias entre la Economía del Cuidado que propone el sostenimiento conjunto colectivo y equitativo de los procesos de la vida con la propuesta de pueblos originarios andinos del Buen Vivir, Sumak Kawsay, es muy viable y desde la E.F. ya comenzó a ser explorado por cientistas latinoamericanas (León, 2008 y Carosio, 2009).